EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Gobierno informó este lunes que trabaja en la fase de validación de un Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana que establecerá objetivos, indicadores y metas hasta 2035, con el propósito de coordinar las acciones de las instituciones vinculadas a la prevención de la delincuencia, la convivencia y la seguridad en los territorios.
Durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader, las autoridades explicaron que la estrategia no se limita a la actuación de la Policía Nacional, sino que contempla la participación de instituciones de áreas como educación, salud, deportes, cultura, acceso a la justicia y programas sociales, bajo una visión integral de la seguridad ciudadana.
Intervención comunitaria
La directora de Políticas Públicas del Ministerio de Interior y Policía, Laura Rodríguez explicó que uno de los componentes de esta estrategia es el Programa Integral de Seguridad Ciudadana, concebido como el instrumento que lleva al territorio la visión establecida en el plan nacional.
“Nosotros vemos este programa básicamente como lo que baja al territorio la visión integral de la seguridad ciudadana. Del plan estratégico nacional bajada al territorio”, explicó Rodríguez, al señalar que el programa se sustenta en el diagnóstico, la articulación institucional y el seguimiento continuo.
Detalló que este año fueron seleccionados 10 sectores priorizados, tomando como referencia el mapa de calor analizado semanalmente por la Fuerza de Tarea, con el objetivo de intervenir inicialmente esas zonas y posteriormente extender el modelo a nivel nacional.
Según explicó, el proceso comienza con un diagnóstico territorial para identificar las necesidades y demandas de los ciudadanos, continúa con la articulación de más de 20 instituciones del Estado y culmina con un seguimiento permanente a través de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género.
Rodríguez indicó que las acciones incluyen desde la prevención primaria y el fortalecimiento de la convivencia hasta la recuperación de los espacios públicos y el fortalecimiento del control territorial, incluyendo intervenciones relacionadas con el alumbrado.
El primer territorio intervenido fue Villa Agrícola, donde de acuerdo con la funcionaria se han desarrollado más de 120 actividades, instalado 348 luminarias y validado 63 cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.
Asimismo, señaló que las instituciones participantes trabajan para identificar y atender las brechas de servicios existentes en el territorio, con el propósito de prevenir situaciones de violencia y criminalidad.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful agregó que durante los dos meses de intervención en Villa Agrícola se ha registrado una reducción de los robos reportados.
“Parte del resultado que tenemos ahí, que es bueno aclarar, es que en los dos meses que tenemos de la intervención hemos tenido una reducción de robos reportados en este momento”, afirmó.
Raful también informó que la Fiscalía trabaja en un cambio de ubicación para crear una puerta de acceso que facilite a los ciudadanos acudir en busca de justicia, mientras se mantiene el seguimiento de las acciones junto con los comunitarios.
A estas intervenciones se suma la participación de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para atender situaciones como la presencia de vehículos en condición de chatarra que afectan el uso de aceras y calles.
La ministra adelantó que luego de Villa Agrícola, el programa será extendido a Cienfuegos, identificado como el segundo sector priorizado y posteriormente a Buenos Aires de Herrera.
Más canales para denunciar
Raful también destacó los mecanismos habilitados para facilitar que los ciudadanos presenten denuncias, tanto de manera presencial como mediante herramientas digitales.
Explicó que la Policía Nacional ya cuenta con una plataforma digital para recibir denuncias, lo que permite establecer una trazabilidad de los casos y ampliar las vías de acceso para los ciudadanos.
“Nos permite una trazabilidad y otro acceso para que la gente haga sus denuncias sin ningún tipo de temor”, manifestó.
La funcionaria agregó que se ha reforzado la instrucción dentro de la Policía Nacional para que en ningún destacamento se niegue la recepción de una denuncia cuando un ciudadano acuda a presentar un caso.
Raful señaló que esta disposición forma parte de la visión de colocar al ciudadano como prioridad dentro del proceso de reforma policial.
Además, indicó que el Ministerio de Interior y Policía mantiene líneas de denuncias para recibir reportes relacionados con agentes policiales, situaciones que generen conflictos en los territorios y casos de contaminación sónica, identificada como una de las causas de mayor conflictividad social.
En ese sentido, afirmó que las denuncias recibidas a través de estas líneas son objeto de seguimiento para fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.
La construcción de un entorno seguro también incluye, según explicó Raful, la intervención de otras instituciones. Citó el caso del Ministerio de Obras Públicas, que participa en la solución de problemas relacionados con aceras, calles y otras condiciones de infraestructura que afectan la seguridad y movilidad de los ciudadanos.
Asimismo, destacó el programa de escuelas abiertas desarrollado junto al Ministerio de Educación, mediante el cual se identifican centros educativos que pueden ser utilizados por los jóvenes fuera del horario de la jornada extendida para realizar actividades físicas y ocupar su tiempo libre en espacios institucionales.
Reforma policial
En otro de los componentes de la estrategia, el comisionado ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial, general Luis Ernesto García Hernández, presentó los avances alcanzados en el proceso de reforma de la Policía Nacional.
García Hernández explicó que una de las primeras prioridades fue mejorar las condiciones económicas y de bienestar de los agentes policiales.
Señaló que al inicio de la actual gestión, República Dominicana se encontraba rezagada en materia salarial para sus policías y que actualmente el país ocupa, según los datos presentados durante la jornada, la sexta posición en la región.
Indicó que un agente patrullero puede recibir alrededor de 510 dólares, al hacer la conversión de su salario y destacó que actualmente los policías cuentan con más de 48 beneficios vinculados a su bienestar y dignificación.
De acuerdo con el comisionado, estas mejoras también han contribuido a fortalecer el proceso de incorporación de nuevos agentes, mediante el perfeccionamiento de los protocolos de selección, las evaluaciones médicas y las valoraciones psicológicas.
Explicó que actualmente, de cada siete mujeres que se presentan para ingresar a la Policía Nacional, tres pueden ser seleccionadas, en un proceso que busca elevar los estándares de quienes ingresan a la institución.
Más agentes y mayor patrullaje
García Hernández informó que cuando inició el actual Gobierno la Policía Nacional contaba con aproximadamente 30,147 agentes, mientras que actualmente la institución dispone de 45,874 policías.
Precisó que dentro del denominado Plan 20,000, iniciado en 2024, se han incorporado 11,874 nuevos policías, lo que representa, según explicó, el 59.37 % de la meta establecida.
El objetivo es que para 2028 la institución alcance un pie de fuerza de aproximadamente 52,000 policías, tomando en cuenta también los retiros y las pensiones que se produzcan durante ese período.
Sin embargo, el comisionado sostuvo que el aumento del número de agentes debía estar acompañado de una política orientada a fortalecer el patrullaje.
Recordó que en 2024 apenas el 11 % de los policías realizaba labores de patrullaje, mientras que actualmente esa proporción se sitúa en 31 %, debido a las nuevas incorporaciones y a las adecuaciones realizadas por la Dirección Central de Recursos Humanos.
“El patrullaje es la esencia de la Policía porque es el servicio que se presta”, afirmó.
De un patrullaje reactivo a uno basado en datos
García Hernández explicó que la reforma también contempla una transformación en la manera en que se realiza el patrullaje, pasando de un modelo reactivo o intuitivo a otro basado en información y análisis de datos.
Para ello, indicó que se realizó un diagnóstico territorial que permitió identificar las principales brechas existentes en el patrullaje, relacionadas con entrenamiento, uniformes, equipamiento, planificación estratégica y manejo de datos.
“Estamos pasando, señor presidente, y eso es muy importante para la sociedad, de un patrullaje reactivo o intuitivo a un patrullaje predictivo basado en datos”, sostuvo.
Agregó que durante la primera etapa de la reforma, desarrollada entre 2022 y 2023, la Policía Nacional adquirió tecnología que actualmente permite manejar información en tiempo real.
El nuevo modelo será ampliado este año desde la zona de La Altagracia hacia otros 20 departamentos, como parte del proceso de expansión del sistema.
García Hernández explicó que la Policía Nacional cuenta con 93 departamentos y que la meta es que para 2028 todos estén incorporados al nuevo modelo de servicio y patrullaje policial.
A su juicio, estos cambios buscan transformar progresivamente a la Policía Nacional desde un modelo gubernativo y burocrático hacia uno concebido como servicio público, proceso que afirmó requiere continuidad y debe mantenerse como una política pública de largo plazo.
En ese sentido, valoró que la reforma policial haya sido incorporada al Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana, al considerar que esto permitirá darle continuidad al proceso durante los próximos años.
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