CIUDAD DE PANAMÁ.- Una comisión del Gobierno de Panamá recomendó este miércoles el «cierre ordenado» de una gran mina de cobre, paralizada desde 2023 por un fallo judicial que declaró inconstitucional la concesión, tras una oleada inédita de protestas contra el proyecto.
Esa es la principal recomendación de un informe elaborado por una comisión integrada por los ministerios de Comercio, Economía y Ambiente, tras una auditoría hecha por la firma suiza SGS, entregado al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para que decida el futuro de la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
«Este informe no es una decisión. Es un estudio y una recomendación. No propone ninguna fecha de operación porque no es lo que se le pidió. Las recomendaciones que hoy recibo tienen que proponer un cierre ordenado del sitio conducido con orden, financiado por el propio sitio y verificable paso a paso, aunque tome décadas», dijo Mulino tras recibir el documento.
La mina Cobre permanece paralizada desde noviembre de 2023 después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión, en medio de intensas protestas callejeras movilizadas por ambientalistas.
La mina entró este año en una fase de preservación (que incluye el procesamiento de toneladas de mineral que había quedado a la intemperie) dejando sin actividad un proyecto que representaba unos 7,000 empleos directos y más del 4 % del producto interno bruto (PIB) además de abrir arbitrajes internacionales por 27,000 millones de dólares contra el país, ahora suspendidos, y un fuerte debate sociopolítico y ambiental en Panamá.
Ahora, el informe de la comisión interministerial recomienda un cierre ordenado autofinanciado -a «coste cero» para el Estado- con base en el respeto del fallo judicial y ante los riesgos ambientales que supone mantener la explotación de cobre a cielo abierto paralizada, sin el tratamiento adecuado.
Sin fecha, un impacto económico y riesgo ambiental
Por ello, la comisión aconseja «evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los procedimientos arbitrales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado del sitio» sin «posibilidad de prórroga».
No fija una fecha para ello -aunque recomienda establecerla- pero sí establece que dicho cierre debe ser progresivo con pasos agendados.
«Hay que ser muy claros, una operación de esta escala no se cierra en 1 año ni en 5. Este informe lo que propone es hacer las cosas bien, informando siempre al país cada decisión que se llegue a tomar», explicó el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó.
El ministro de Economía, Felipe Chapman, advirtió de las consecuencias económicas de mantener paralizada la mina de cobre, pues tras su cese «borró» más del 4 % del PIB, el país «dejó de exportar» 6,8 millones de dólares al día así como de percibir 3,8 millones de dólares diarios y el fisco 1,3 millones de dólares.
Cerrar la mina «representaría una carga financiera extraordinaria y comprometería durante años recursos públicos» panameños, dijo Chapman, que precisó que «las reclamaciones de 27,000 de dólares» equivalen al 30 % del PIB anual del país centroamericano.
Por su parte, el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, propuso que los beneficios del posible cierre se asignen a su cartera para reforestar más áreas del país e invertir en un modelo ambiental y turístico más verde (similar al de su vecino Costa Rica) además de robustecer la educación ambiental.
«La mina jamás debió haberse construido. Panamá no estaba preparada. Las cosas no se hicieron bien en ese momento. Y, en ese momento, jamás debió haberse permitido construirla de esa manera», sentenció el líder de la cartera ambiental.
Ahora, el futuro de la importante mina de cobre queda a la decisión del presidente panameño, quien ha dicho públicamente en varias ocasiones su deseo de reactivarla por los beneficios económicos que atrae así como plantado una «asociación real» con la minera.
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