EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Gobierno reconoció que la aprobación de una nueva Ley de Agua constituye uno de los retos pendientes de su gestión, al admitir que la legislación vigente data de 1962 y que las discusiones para modernizarla continúan en el Congreso Nacional.
El tema fue planteado por el periodista Domingo del Pilar durante el programa La Agenda Semanal, quien cuestionó a Wellington Arnaud sobre las acciones que desarrolla el Gobierno para agilizar la aprobación de una nueva legislación antes de que concluya el actual período presidencial en 2028.
Del Pilar cuestionó que si antes de terminar este período en el 2028, el Gobierno piensa agilizar en el Congreso la aprobación y modernización de una nueva legislación, al tiempo que recordó que la Ley 58-52, que regula el agua, tiene 64 años de vigencia, calificando la normativa actual de obsoleta.
En respuesta, en director de Inapa, Wellington Aranaud destacó que una muestra de que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha colocado el agua como un eje fundamental de su gestión fue la creación del Gabinete del Agua, así como la discusión y firma del Pacto del Agua, proceso que involucró a distintos sectores de la sociedad en todo el territorio nacional.
Explicó que ese proceso permitió discutir un modelo de gestión del agua a largo plazo, que contempla inversiones de aproximadamente 9,000 millones de dólares durante unos 15 años, y señaló que también se ha trabajado en la búsqueda de un marco legal que permita regular tanto el agua potable como el manejo integral del recurso hídrico.
“Esa discusión está en pie porque este es un tema bastante espinoso”, afirmó Wellington, quien reconoció que existen numerosos factores e instituciones involucrados en la gestión del agua. No obstante, aseguró que el Gobierno ha dado “pasos gigantescos” y que mantiene la intención de alcanzar un acuerdo que permita dotar al país de una nueva legislación.
Wellington sostuvo que las instituciones vinculadas al agua potable requieren de un marco legal actualizado, especialmente ante la necesidad de superar la percepción de que el agua es un recurso infinito y gratuito. En ese sentido, explicó que producir un metro cúbico de agua mediante bombeo puede costar entre 50 y 60 pesos, mientras que cuando se obtiene por gravedad el costo ronda los 45 pesos, según los últimos estudios citados.
También mencionó la necesidad de establecer reglas claras sobre los usos del agua y las sanciones correspondientes, aspectos que, según dijo, forman parte de las discusiones que impulsa el Gobierno.
Una inversión que supera los niveles anteriores
El funcionario resaltó que, mientras la aprobación de la nueva ley continúa pendiente, el Gobierno ha incrementado significativamente la inversión en agua potable y saneamiento.
Como ejemplo, señaló que las inversiones realizadas por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 sumaron alrededor de 7,200 millones de pesos, mientras que solo en 2025 la inversión alcanzó los 10,250 millones de pesos.
“Estamos trabajando y estaremos dando seguimiento para lograr darnos esa ley”, afirmó Wellington, quien insistió en que se trata de un tema particularmente sensible porque involucra directamente a la población dominicana.
El funcionario reiteró que el reto es alcanzar el consenso necesario para modernizar la legislación y establecer un marco que permita una gestión más eficiente y sostenible del agua en el país, mientras el Gobierno continúa trabajando para concretar ese acuerdo antes de que finalice el actual período constitucional.
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