EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO .– La especialista en contrataciones públicas Stephany Rosario advirtió que la reserva del 30 % de las contrataciones estatales para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes ) podría no beneficiar de manera equitativa a todo el sector, debido a las marcadas diferencias de capacidad económica que existen entre empresas incluidas dentro de esa misma clasificación.
Rosario explicó que mientras una microempresa puede operar con una facturación anual inferior al millón de pesos, una empresa mediana puede acercarse a los RD$300 millones, por lo que ambas terminan participando dentro de una categoría común pese a contar con capacidades financieras, operativas y de acceso al crédito muy diferentes.
“Una microempresa de subsistencia y una empresa mediana pueden ser Mipymes , pero no tienen el mismo acceso al crédito, capacidad financiera, personal, inventario ni posibilidad de soportar los costos de una contratación mientras esperan que el Estado les pague”, señaló durante una entrevista en el programa Primera Hora, por Canal 8.
La especialista valoró que la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas aumentara el porcentaje de compras reservadas a Mipymes . El artículo 172 establece una reserva mínima de 30 %, distribuida en 20 % para Mipymes en general y 10 % para empresas dirigidas por mujeres.
Sin embargo, consideró que medir el cumplimiento únicamente por el porcentaje adjudicado no permite determinar si la política está llegando a los negocios que enfrentan mayores dificultades para competir.
“No basta con saber cuánto adjudicamos a Mipymes ; tenemos que saber a cuáles Mipymes les estamos adjudicando”, sostuvo.
Rosario planteó que una alternativa sería segmentar con mayor precisión los procesos de contratación según el tamaño y las condiciones de las empresas, además de diseñar lotes y requerimientos acordes con su capacidad productiva.
Anticipo y capacidad financiera
Otro de los puntos señalados por la especialista fue el financiamiento de los contratos. La Ley 47-25 dispone que las instituciones contratantes deben entregar un 30 % de anticipo al formalizar los contratos, órdenes de compra o de servicio con Mipymes , sin necesidad de presentar una factura para recibirlo.
Rosario cuestionó que, pese a esa disposición, puedan presentarse situaciones en las que el proveedor tenga que comenzar a cumplir con la contratación antes de recibir los recursos o incluso desistir del anticipo.
“Si la finalidad de esa política es financiar a la Mipymes para que pueda ejecutar el contrato, exigirle que financie primero la ejecución desnaturaliza completamente el beneficio”, afirmó.
A su juicio, la evaluación de la política debe contemplar todo el proceso, desde la empresa que resulta favorecida con una adjudicación hasta el momento en que recibe el anticipo y posteriormente el pago correspondiente.
También propuso que las instituciones publiquen de manera desagregada la información sobre las contrataciones reservadas, de forma que pueda conocerse cuánto de esos recursos llega a micro, pequeñas y medianas empresas.
Rosario señaló que alcanzar el porcentaje establecido por ley no necesariamente significa que se haya cumplido el objetivo de utilizar las compras públicas como herramienta para fortalecer al tejido empresarial.
“Podemos llegar al 30 % y decir que formalmente cumplimos. Pero si la mayor parte de ese dinero se concentra en las empresas de mayor tamaño dentro del universo MIPYME, tenemos que preguntarnos si realmente alcanzamos el objetivo de la política pública”, manifestó.
La especialista consideró que las compras gubernamentales tienen potencial para impulsar el crecimiento empresarial, generar empleos y ampliar la base productiva del país, pero sostuvo que ese impacto depende de que las oportunidades se distribuyan tomando en cuenta las diferencias existentes entre los distintos segmentos de las Mipymes .
La entrada Especialista cuestiona si el 30 % reservado a Mipymes garantiza oportunidades para las empresas más pequeñas se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).