En estos días se ha difundido un código utilizado en la Policía Nacional, aparentemente asociado con la muerte de un presunto delincuente. Conviene examinar con cuidado qué significa y cómo se está utilizando.
Las ejecuciones extrajudiciales, constituyen graves violaciones de los derechos humanos y del debido proceso. Según reportes atribuidos a la propia institución, 86 presuntos delincuentes habrían muerto en intervenciones policiales. Esa cifra debe verificarse mediante datos oficiales completos, con información sobre las circunstancias de cada caso y las investigaciones correspondientes.
Aun así, cualquier indicio de una política de uso letal arbitrario representa un peligro para todos. La preocupación aumenta si declaraciones públicas pudieran interpretarse como una tolerancia o respaldo político a esas prácticas; esa interpretación también requiere pruebas y contexto.
¿Nos hemos puesto a pensar en el peligro que esto representa para nosotros?
Antes que nada, los delincuentes son también producto de un Estado pobre, desigual, inequitativo y segregado, que no protege a todos sus ciudadanos de la misma manera, que no ofrece las mismas oportunidades y que muchas veces no reconoce el esfuerzo de su gente.
No quiero justificar el delito. Lo que deseo es que lo miremos desde una perspectiva más profunda y analicemos cómo se construyen las condiciones que pueden llevar a una persona a delinquir.
Si observamos, esta sociedad les dice constantemente a los jóvenes que deben tener éxito, reconocimiento y determinados bienes, pero simultáneamente les ofrece pocas posibilidades reales de alcanzar esas metas de manera legítima.
Asimismo, el Estado le dice a la sociedad que a los corruptos se les respeta el debido proceso, pero tú, que no tienes abolengo, ¿te ponen en 29? ¿No creen que ya es injusto?
Es cierto que quienes delinquen pueden quitarles directamente la vida a otros, pero quienes roban sin pena alguna, ¿no le roban a la gente el derecho a una buena salud, a una buena educación, o buenos servicios?
¿Ellos no matan?
Claro que sí.
Matan a miles de personas que van a los hospitales y encuentran aparatos que no funcionan, lugares donde no hay medicamentos, servicios que no responden. Quizás a uno de nosotros no nos ha tocado vivirlo porque vivimos en una burbujita, pero a miles de dominicanos sí les pasa. Y ni hablemos de la educación.
Distinguidos lectores, lo que les quiero decir, sin justificar a los delincuentes, es que en ese 29 nos podrían poner a cualquiera.
Imaginen, en el peor de los casos, que a un oficial de la Policía ustedes no le caigan bien; que le guste o desee a la pareja de otro; que le guste una mujer… ¿No podría crear un prontuario y eliminarnos?
Ustedes dirán: “Evelin, esto es una exageración”. Pero, viviendo donde vivimos, cualquier cosa puede pasar.Dejo esto por aquí como una reflexión: no podemos permitir ejecuciones extrajudiciales. Y si las justificamos, si las aceptamos, entonces tendríamos que aplicar la misma lógica a quienes aparecen vinculados, según expedientes y acusaciones públicas, a casos como Senasa 2.0 —investigación sobre presuntas irregularidades, incluidas facturas falsas o servicios médicos no realizados, cuya existencia y alcance deben establecerse judicialmente—; la Operación Calamar —proceso en el que el Ministerio Público atribuye a varios imputados un presunto desfalco millonario contra el Estado—
Medusa —expediente en el que se ha alegado una supuesta desviación de fondos públicos por un monto que debe determinarse conforme a las pruebas y decisiones judiciales—; Antipulpo —caso en el que se investiga un presunto entramado de corrupción que incluye a personas vinculadas con un exfuncionario y familiares de un expresidente—; Camaleón —proceso relacionado con presuntas irregularidades en contratos del INTRANT, cuya responsabilidad individual debe ser establecida por los tribunales—; Coral y Coral 5G —investigaciones sobre una presunta red de corrupción que habría involucrado a militares y fondos públicos—
Y el caso Odebrecht —investigación internacional sobre sobornos admitidos por la empresa en varios países, con responsabilidades concretas que deben atribuirse mediante pruebas y sentencias firmes.
¿No vamos a ejecutar a los delincuentes?
En ese sentido, el sociólogo Howard Becker, desde su teoría del etiquetamiento, plantea una cuestión revolucionaria: La desviación no está solamente en el acto; está también en la reacción social frente al acto.
Por Evelin Peguero
@evelinpolin
Periodista con más de 15 años de experiencia en varios medios de comunicación, estudiante de Sociología y humanista.
La entrada ¿Y si caes en el 29? se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).