EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Desde consultas médicas registradas a nombre de afiliados que según la investigación se encontraban fuera del país, en sus casas o lugares de trabajo hasta facturas por consultas de ginecología a hombres, forman parte de las presuntas irregularidades que el Ministerio Público describe en la orden judicial que sustenta los allanamientos del denominado caso SeNaSa.
La Autorización Judicial de Allanamiento y Secuestro No. 2026-AJ0080347 emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recoge los elementos presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre el supuesto esquema mediante el cual se habrían generado autorizaciones, reclamaciones y pagos por servicios médicos que los afiliados presuntamente nunca solicitaron ni recibieron.
De acuerdo con el expediente, el Ministerio Público entrevistó a una cantidad significativa de afiliados cuyos datos personales habrían sido utilizados para solicitar autorizaciones médicas, facturar procedimientos y generar pagos sustentados en documentación presuntamente falsa.
Según la orden, estos afiliados “negaron haber recibido los servicios o reconocer su firma en los documentos utilizados como soporte para las reclamaciones de pago”. El documento agrega que estos testimonios fueron instrumentados y documentados por los investigadores.
Pero algunos de los testimonios recogidos por el Ministerio Público habrían ido más allá de negar las consultas o procedimientos. La orden judicial establece que hubo afiliados que al ser contactados indicaron que en las fechas y horas en que aparecían registradas determinadas atenciones médicas, se encontraban en lugares donde no podían haber acudido a los centros de salud.
“Entre estas situaciones, se documentó que algunos estaban en sus lugares de trabajo, en sus hogares, fuera de la ciudad o en casos específicos, fuera del país”, señala textualmente el expediente.
El documento sostiene que estas circunstancias hacían imposible, según la investigación, que dichos afiliados hubieran asistido a las consultas o cirugías que figuraban registradas a sus nombres. Asimismo, los entrevistados habrían manifestado desconocer tanto a los médicos que aparecían en los formularios como los centros de salud o consultorios donde supuestamente recibieron atención.
Consultas de ginecología a hombres
Uno de los hallazgos descritos en la orden judicial corresponde al médico investigado Steven Alexander Rabssa Fernández, identificado en el documento como gineco-obstetra.
El Ministerio Público cita una auditoría médica realizada por SeNaSa, según la cual se habría detectado un incremento significativo en las autorizaciones emitidas por este prestador. Al revisar de manera aleatoria los historiales, los auditores habrían encontrado un patrón que calificaron de irregular.
La orden lo describe de manera específica: “Una o varias consultas de medicina especializada en ginecología a afiliados masculinos, quienes al ser contactados no validaron dichos servicios”.
A esto, según el mismo informe citado por el Ministerio Público, se sumaban “la factura de servicios no brindados y duplicidad de servicios”.
Es decir, de acuerdo con la documentación presentada ante la jueza, la investigación no solo habría identificado hombres que aparecían con consultas ginecológicas que no reconocían, sino también registros de servicios que los afiliados supuestamente no recibieron y casos en los que se habría producido duplicidad de prestaciones.
4,363 autorizaciones bajo investigación
La orden judicial señala que la investigación se inició después de que SeNaSa presentara una denuncia en noviembre de 2024, tras recibir informaciones sobre presuntas irregularidades en autorizaciones de procedimientos médicos y consultas.
Según el expediente, las autorizaciones cuestionadas habrían sido gestionadas mediante tres números telefónicos y entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, sumaron 4,363 autorizaciones correspondientes a servicios de cirugía menor ambulatoria y consultas especializadas, por un monto acumulado de RD$41,125,551.02.
El Ministerio Público sostiene que para obtener esas autorizaciones se habrían utilizado datos reales de afiliados que “no solicitaron ni recibieron servicios médicos alguno”, según consta en la orden.
La investigación también describe un mecanismo en el que empleados de SeNaSa que están siendo investigados habrían tenido acceso a información de afiliados y junto con médicos bajo investigación, habrían utilizado esos datos para elaborar formularios de reclamaciones médicas con diagnósticos, consultas y procedimientos que los beneficiarios supuestamente no habían solicitado.
En algunos de estos documentos, según el expediente, también se habrían colocado firmas de los afiliados. La orden indica que varios formularios fueron enviados al INACIF para realizar experticias caligráficas y que en los casos detallados en el documento, los peritajes determinaron que las firmas “no se corresponden con la firma de los afiliados”.
El expediente añade que los afiliados entrevistados habrían sido seleccionados por presentar poca interacción con la institución, lo que según la hipótesis del Ministerio Público, dificultaría detectar el uso de sus datos.
La orden recoge que los investigadores identificaron 36 ubicaciones vinculadas a 20 objetivos masculinos y 14 femeninos dentro del denominado Plan de Operaciones “Caso SeNaSa-Doctores”, para las cuales se solicitó autorización de allanamiento.
Todos estos señalamientos forman parte de la investigación presentada por el Ministerio Público para sustentar la solicitud de allanamiento.
La entrada SeNaSa 2.0: desde consultas a afiliados que estaban fuera del país, hasta facturas en ginecología a hombres, según MP se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).