Por: Edibel Montero, Pedro Hernández, Nuriely García y María V. Báez
Foto ilustrada: Jorge Rubio
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.— La minería en República Dominicana generó posiciones encontradas durante la más reciente edición de RD Debate 2026, en la que representantes de los sectores minero, académico y ambiental discutieron sobre la protección de los recursos naturales, los beneficios económicos de la actividad extractiva, la seguridad jurídica, el cumplimiento de las leyes y los derechos de las comunidades.
El encuentro, organizado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), reunió al director general de Minería, Rolando Muñoz; el ingeniero geólogo Osiris de León; la comunicadora y ambientalista Denisse Larrauri; la abogada y expresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena; el director del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Fernando A. Peña Segura, y el director de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal Núñez.
Minería sostenible y desarrollo económico
El director general de Minería, Rolando Muñoz, defendió una visión integral de la minería sostenible, al considerar que esta actividad debe evaluarse tanto por sus posibles impactos ambientales como por sus aportes al desarrollo económico, la infraestructura y las oportunidades de las comunidades.
Muñoz sostuvo que la sostenibilidad debe aplicarse a todas las actividades productivas y destacó la importancia de analizar los proyectos mineros mediante investigaciones científicas, evaluaciones técnicas y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.
Por su parte, Elizabeth Mena resaltó los aportes de la minería a la generación de empleos, los ingresos fiscales, la capacitación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de infraestructuras.
Mena consideró que República Dominicana debe avanzar hacia una estrategia de sostenibilidad que incorpore la institucionalidad, la gobernanza y la transparencia, además de promover una mayor diversificación de la economía nacional.
En contraste, Luis Carvajal Núñez reconoció que el país necesita la minería, pero cuestionó que sus beneficios económicos y sociales justifiquen los impactos que puede ocasionar sobre el territorio y las comunidades.
«Necesitamos minería, claro que la necesitamos. El problema es qué hay que hacer, dónde se puede y cómo se debe», expresó.
Protección del agua y riesgos ambientales
La comunicadora y defensora del medioambiente Denisse Larrauri expresó su rechazo a la expansión de la megaminería en República Dominicana, al considerar que representa riesgos para las fuentes de agua, las cuencas hidrográficas y los suelos productivos.
Larrauri cuestionó que el país mantenga compromisos de préstamos por alrededor de mil millones de dólares para proyectos de agua potable y saneamiento, mientras, según denunció, existen concesiones mineras que comprometen los recursos hídricos.
La ambientalista planteó que República Dominicana debe priorizar actividades como el turismo, la agricultura y la protección de sus ecosistemas, tomando como referencia el modelo de desarrollo de Costa Rica.
«El agua, la tierra fértil, los ecosistemas son el verdadero fondo de riqueza de nuestro país», afirmó.
Por su parte, Rolando Muñoz sostuvo que la protección del agua debe constituir una prioridad y que ningún proyecto que pueda poner en riesgo este recurso debe avanzar sin las investigaciones científicas y evaluaciones correspondientes.
Mientras tanto, Elizabeth Mena consideró que el debate sobre la contaminación del agua no debe concentrarse exclusivamente en la minería, sino incluir también los efectos de otras actividades productivas y la situación ambiental de los ríos Ozama e Isabela.
En ese contexto, Luis Carvajal planteó que el país debe establecer zonas donde no se permita la explotación minera, tomando en cuenta las características del territorio, la vulnerabilidad de los ecosistemas y la importancia de sus recursos naturales.
Proponen destinar el 10 % de los impuestos mineros a las comunidades
El ingeniero geólogo Osiris de León propuso destinar el 10 % de los ingresos fiscales generados por la minería aurífera a programas de recuperación ambiental y desarrollo de las comunidades cercanas a los proyectos extractivos.
De León explicó que, tomando como referencia los RD$40,000 millones anuales que, según afirmó, recibe el Estado por concepto de impuestos mineros, podrían asignarse RD$4,000 millones a iniciativas destinadas a restaurar ecosistemas, mitigar impactos ambientales y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones.
El especialista también defendió la importancia económica y tecnológica de la minería, aunque insistió en la necesidad de garantizar evaluaciones de impacto ambiental, participación ciudadana y monitoreo permanente de la calidad del agua.
Cuestionan empleos y beneficios de la actividad minera
El director de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal Núñez, cuestionó que los empleos generados por la minería compensen los efectos ambientales y sociales que, a su juicio, provoca esta actividad.
Carvajal citó cifras que atribuyó a estadísticas nacionales de 2025, según las cuales el sector de minas y canteras registró 7,067 empleos, frente a 56,000 en la construcción y más de 270,000 en la agricultura.
A partir de estos datos, sostuvo que es necesario revisar cómo se contabilizan los beneficios económicos de la minería y determinar si los recursos extraídos se traducen realmente en mejores condiciones de vida para las comunidades.
«Hay minería y estamos mal», manifestó, al cuestionar los resultados del modelo extractivo actual.
En contraste, Elizabeth Mena destacó que la minería genera empleos de calidad, salarios competitivos, compras locales y oportunidades de capacitación, además de contribuir a las finanzas públicas.
Seguridad jurídica y concesiones mineras
Denisse Larrauri cuestionó las garantías jurídicas otorgadas a las empresas mineras, al considerar que el Estado puede terminar asumiendo costos económicos y ambientales derivados de sus operaciones.
Durante su intervención, mencionó los pasivos ambientales de la antigua Rosario, las denuncias relacionadas con embarques de Barrick Gold y las posibles compensaciones económicas vinculadas al proyecto Romero, de GoldQuest.
En contraste, Elizabeth Mena defendió la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones nacionales y extranjeras, al señalar que los proyectos deben evaluarse mediante estudios técnicos, ambientales, legales, sociales y económicos antes de determinar su viabilidad.
Sobre el proyecto Romero, explicó que su concesión no ha sido retirada, pese a la suspensión de los trabajos, por lo que consideró necesario continuar con los procedimientos de evaluación correspondientes.
Por su parte, Rolando Muñoz insistió en que las autorizaciones y concesiones mineras deben ajustarse a la Constitución y las leyes, y llamó a evitar acusaciones sin suficiente fundamento técnico o jurídico.
Luis Carvajal también abordó la seguridad jurídica, pero desde la perspectiva de los propietarios de terrenos ubicados en zonas concesionadas.
El ambientalista consideró que una nueva ley minera debe garantizar los derechos de esas personas, al advertir que las concesiones pueden condicionar el uso de sus propiedades mientras se priorizan las garantías ofrecidas a las empresas inversionistas.
Exigen transparencia, consulta previa y cumplimiento de las leyes
El director del ODPP-UASD, Fernando A. Peña Segura, reconoció que la minería es una actividad necesaria para el país, pero cuestionó la falta de transparencia y el cumplimiento de las leyes en el desarrollo de determinados proyectos extractivos.
Peña Segura reclamó una legislación que garantice la consulta previa, libre e informada de las comunidades y advirtió sobre los riesgos de permitir explotaciones en zonas ambientalmente vulnerables, como las cuencas de los ríos y las laderas de las montañas.
«Una sola cosa puede ser revolucionaria en este país y es cumplir la ley», expresó.
El académico también denunció presuntos problemas de salud en comunidades cercanas a la presa de colas de Pueblo Viejo, en Cotuí, que vinculó a la actividad minera, y consideró que las autoridades deben garantizar el bienestar de la población.
En esa misma línea, Luis Carvajal sostuvo que República Dominicana cuenta con instrumentos legales para regular la actividad minera, pero advirtió que el principal desafío radica en garantizar su cumplimiento.
El ambientalista mencionó la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, al considerar que los proyectos deben evaluarse de acuerdo con las características de cada territorio antes de autorizar su ejecución.
Reclaman beneficios duraderos para las futuras generaciones
Elizabeth Mena sostuvo que la verdadera sostenibilidad de la minería consiste en garantizar que los recursos económicos obtenidos actualmente se traduzcan en beneficios para las próximas generaciones.
La exdirectiva de Adoexpo reclamó mayor transparencia en el uso de los ingresos que recibe el Estado y planteó que estos deben destinarse a inversiones en educación, salud e infraestructura para las comunidades.
Asimismo, consideró que las empresas mineras deben desarrollar iniciativas que permitan a las poblaciones continuar generando riqueza después de que concluyan las operaciones extractivas.
En esa misma línea, Osiris de León defendió la necesidad de que una parte de los ingresos mineros se invierta directamente en el desarrollo comunitario y la recuperación ambiental.
Mientras tanto, Luis Carvajal insistió en que los beneficios de la minería deben medirse por las mejoras concretas que experimentan las comunidades y no únicamente por los ingresos económicos o la cantidad de minerales extraídos.
Un debate entre el aprovechamiento económico y la protección ambiental
Las intervenciones de los seis participantes evidenciaron diferencias sobre el modelo de explotación minera que debe adoptar República Dominicana.
Mientras algunos defendieron la importancia de la minería para el desarrollo económico y plantearon fortalecer los mecanismos de evaluación y supervisión, otros cuestionaron los riesgos ambientales, las garantías concedidas a las empresas, la distribución de los beneficios y la participación de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios.
La protección de las fuentes de agua, el cumplimiento de las leyes, la transparencia institucional y el aprovechamiento de los ingresos mineros para el desarrollo nacional figuraron entre los principales asuntos abordados durante el intercambio.
La jornada contó con la moderación invitada de Susana Gautreau de Windt, junto a Víctor Gómez Casanova y Jaime Rincón.
RD Debate 2026 es una iniciativa de El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), concebida como un espacio plural, independiente y democrático para promover la discusión de ideas y la participación ciudadana informada. El encuentro se transmitió desde los estudios de Radio Televisión Dominicana (RTVD), Canal 4, a través de la Z101, El Nuevo Diario TV y una red de más de 20 medios aliados.
La entrada Minería enfrenta posturas sobre el agua, desarrollo económico y seguridad jurídica en RD Debate 2026 se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).