EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La jueza suplente del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, adscrita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, autorizó al Ministerio Publico realizar 37 allanamientos en residencias de personas investigadas con relación a presuntos hechos que son objeto de investigación en el caso Senasa 2.0.
La orden judicial fue solicitada por la procuradora general de Corte de Apelación y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz , quien quedó facultada para ejecutar los allanamientos tanto en horas del día como de la noche.
Entre las personas cuyas residencias fueron incluidas en la autorización figuran Einstein Rafael Borrome Vásquez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Martha María Saldaña Saldaña.
La resolución también contempla allanar inmuebles vinculados a Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Alt. Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré y otros investigados.
Los mismos abarcan propiedades ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana, San Pedro de Macorís y la provincia Sánchez Ramírez.
El tribunal ordenó además el secuestro de objetos, bienes y evidencias que guarden relación directa con los hechos investigados, entre estos dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, documentos físicos y digitales, facturas, libros de contabilidad, documentos financieros, recibos y expedientes vinculados con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La autorización incluye también la ocupación de dinero en efectivo cuya procedencia pueda resultar pertinente para la investigación, armas de fuego, sustancias controladas y bienes, productos e instrumentos que pudieran estar relacionados con operaciones de lavado de activos.
La resolución establece que las incautaciones deberán limitarse a aquellos objetos y evidencias que guarden relación con el objeto de la investigación.
El tribunal, además autorizó la extracción, recuperación, visualización y análisis de los datos almacenados en los dispositivos electrónicos que sean legalmente secuestrados durante los allanamientos.
El análisis incluye textos, mensajes, comunicaciones, archivos, documentos, imágenes, registros y otros contenidos digitales que guarden relación con los hechos investigados.
La medida forma parte de las diligencias judiciales solicitadas por el Ministerio Público para avanzar en la investigación sobre las presuntas irregularidades bajo investigación en Senasa 2.0.
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