EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez presidente del Tribunal Superior Administrativo (TSA), Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, respaldó la creación de una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para conocer los asuntos contenciosos administrativos y tributarios, al considerar que permitiría contar con jueces especializados en esas materias.
Durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Villalona, quien aspira a ocupar una de las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que la propuesta contribuiría a organizar la distribución de los casos y a garantizar que sean conocidos por magistrados con formación específica en esas áreas.
El magistrado explicó que la creación de esa sala permitiría que la Tercera Sala de la Suprema Corte se concentre en los asuntos inmobiliarios y laborales, mientras que los conflictos administrativos y tributarios tendrían un espacio especializado.
Villalona señaló que el artículo 164 de la Constitución reconoce la jurisdicción contencioso-administrativa como especializada. También consideró necesario avanzar en la legislación que permita desarrollar esa jurisdicción y establecer vías de revisión efectivas para las decisiones sobre medidas cautelares.
Cuestiona pertinencia de recurrir medidas cautelares junto con la sentencia
Al responder preguntas del presidente del Senado, Ricardo De los Santos, sobre la posibilidad de recurrir en casación las decisiones relativas a medidas cautelares, Villalona afirmó que la legislación contempla su impugnación conjunta con la sentencia principal.
Señaló que, esa modalidad puede restar utilidad al recurso, debido a que las medidas cautelares tienen carácter instrumental y concluyen con la decisión del proceso principal.
El juez consideró que la creación de tribunales de primera instancia para esta jurisdicción permitiría establecer una vía de apelación para las decisiones cautelares. Asimismo, indicó que sería necesario definir cómo funcionaría posteriormente su revisión en casación.
Defiende gestión del Tribunal Superior Administrativo
En su presentación ante el CNM, Villalona afirmó que su gestión al frente del TSA se ha concentrado en reducir los retrasos judiciales, digitalizar los expedientes y transparentar las decisiones.
El magistrado aseguró que desde 2020 el tribunal ha emitido más de 23,000 decisiones y que expedientes cuya resolución podía tardar hasta ocho años ahora pueden ser instruidos y fallados en aproximadamente seis meses, según las condiciones de cada caso.
También indicó que el tribunal dispone de herramientas digitales para que los usuarios depositen documentos y consulten información sin tener que realizar todos los trámites de manera presencial. Añadió que las sentencias se publican en los canales de difusión del Poder Judicial y en la Juristeca de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Datos publicados previamente por el Poder Judicial respaldan el proceso de descongestionamiento del tribunal. En enero de 2023, esa institución informó que el TSA había resuelto 10,802 casos durante 2022, mientras que en octubre de ese año reportó 14,069 casos decididos desde el inicio del plan de descongestión hasta septiembre.
Ponderación del interés general
Al responder al diputado Tobías Crespo sobre sus aportes a la tutela cautelar, Villalona sostuvo que uno de los criterios aplicados durante su gestión ha sido ponderar el interés general frente a los derechos particulares.
Como ejemplo, citó una decisión adoptada durante la pandemia de COVID-19 relacionada con la obligatoriedad de la vacunación, en la que, según explicó, prevaleció el interés general ante la necesidad de proteger la salud colectiva.
Villalona es licenciado en Derecho por la Universidad APEC, donde se graduó en 1991, y cuenta con formación de posgrado en Derecho Constitucional, Administrativo y Judicial, además de una especialidad en Derecho Penal. Ingresó al sistema judicial en 1996 como registrador de títulos en Baní y fue nombrado juez de paz en 1998. Desde 2012 integra el Tribunal Superior Administrativo y en 2019 fue designado presidente de esa jurisdicción.
Su evaluación forma parte del proceso del Consejo Nacional de la Magistratura para cubrir seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia, incluida la presidencia de ese tribunal. Las vistas públicas comenzaron el 5 de octubre y contemplan la evaluación de 88 aspirantes preseleccionados, de acuerdo con información de la Presidencia de la República.
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