En los dos primeros artículos de esta serie examinamos la distancia entre la autonomía municipal reconocida por la Constitución y la capacidad real de los ayuntamientos para responder a sus comunidades. En el primero advertimos que los municipios cargan con responsabilidades sin disponer de suficiente autoridad ni recursos; en el segundo analizamos cómo el centralismo ha fragmentado o subordinado competencias en áreas como el tránsito, el uso de suelo, los residuos sólidos y la protección ambiental, debilitando la gestión y la democracia local. Ese diagnóstico nos conduce ahora a plantear una ruta de descentralización que acompañe la transferencia de competencias con financiamiento, capacidad técnica, autoridad y rendición de cuentas.
La República Dominicana necesita iniciar una segunda generación de reformas municipales. La primera gran reforma fue la aprobación de la Ley núm. 176-07, que modernizó la organización de los ayuntamientos, fortaleció la participación ciudadana y reconoció nuevas herramientas de planificación y control.
Sin embargo, casi dos décadas después, una parte esencial de esa reforma continúa pendiente: convertir a los ayuntamientos en verdaderos gobiernos locales.
El artículo 204 de la Constitución no contiene una recomendación opcional. Establece un mandato: el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, acompañada de políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos.
La Constitución habla de competencias y recursos. No permite transferir una responsabilidad sin entregar el financiamiento necesario para cumplirla.
Esa precisión es fundamental. La descentralización no puede significar que el Gobierno central entregue a los ayuntamientos servicios deteriorados, deudas acumuladas o instalaciones abandonadas. Tampoco puede reducirse a enviar equipos, camiones o pequeñas partidas presupuestarias de manera discrecional.
Una verdadera descentralización debe descansar en una legislación que establezca reglas permanentes, transparentes y verificables.
El primer paso debería ser realizar un inventario nacional de competencias. Cada servicio público debe clasificarse como competencia exclusiva del Gobierno central, competencia propia del municipio, competencia concurrente, competencia delegable o servicio de carácter metropolitano o mancomunado.
El segundo paso debe consistir en aprobar una ley de descentralización y transferencia de competencias. Esa legislación debe establecer cuáles funciones serán transferidas, los recursos que las acompañarán, los plazos de ejecución y los indicadores mediante los cuales se evaluarán los resultados.
No todos los municipios tienen las mismas capacidades. Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal o La Vega enfrentan realidades distintas a las de municipios pequeños o fronterizos. Por eso, la transferencia debe ser gradual y tomar en cuenta población, territorio, capacidad administrativa, ingresos propios y características socioeconómicas.
El tercer paso debe ser garantizar el financiamiento municipal. La autonomía sin recursos es una ficción. Mientras los gobiernos locales dependan de transferencias insuficientes o de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, no podrán planificar a largo plazo.
Debe revisarse el cumplimiento de la Ley núm. 166-03 y establecerse una ruta progresiva para aumentar los recursos destinados a los gobiernos locales. Pero ese incremento debe acompañarse de mayores controles, transparencia, planificación y rendición de cuentas.
El cuarto paso consiste en fortalecer la capacidad técnica de los ayuntamientos. No basta con entregar recursos. Se necesitan oficinas de planeamiento urbano, unidades ambientales, departamentos jurídicos, sistemas de recaudación, catastros actualizados, técnicos en movilidad y personal especializado en gestión de residuos.
El quinto paso debe ser fortalecer la autoridad municipal. Las ordenanzas aprobadas por los concejos de regidores deben contar con mecanismos efectivos de ejecución. La policía municipal necesita un marco jurídico claro, capacitación y coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y los demás organismos de seguridad.
También debemos promover las mancomunidades municipales. Existen servicios que un ayuntamiento pequeño no puede prestar eficientemente por sí solo. La disposición final de residuos, los mataderos regionales, la protección contra incendios, el transporte intermunicipal y la gestión de cuencas pueden organizarse conjuntamente entre varios municipios.
La descentralización ofrece beneficios concretos. Acerca las decisiones a los ciudadanos, reduce la burocracia, permite soluciones adaptadas a cada territorio y facilita el control social. Una comunidad puede vigilar con mayor facilidad una obra municipal que un proyecto dirigido desde una oficina nacional distante.
Pero descentralizar también implica responsabilidad. Los ayuntamientos deben mejorar la transparencia, reducir el gasto improductivo, profesionalizar su personal y someter sus decisiones a la fiscalización ciudadana.
Defender la autonomía municipal no significa defender actuaciones incorrectas ni reclamar recursos sin controles. Significa construir instituciones locales capaces de responder con eficiencia y honestidad.
El Gobierno central debe concentrarse en formular políticas nacionales, garantizar la equidad territorial, supervisar estándares y apoyar a los municipios de menor capacidad. Los ayuntamientos, por su parte, deben administrar los asuntos propiamente locales y rendir cuentas directamente a sus comunidades.
Después de años de centralización, ha llegado el momento de cumplir la Constitución. La República Dominicana no podrá alcanzar un desarrollo territorial equilibrado si todas las decisiones importantes continúan concentradas en la capital.
El municipio no puede seguir siendo tratado como una dependencia menor del Estado. Es un nivel de gobierno constitucionalmente reconocido, elegido directamente por la ciudadanía y responsable del territorio más cercano a la vida cotidiana de la población.
Descentralizar no significa debilitar al Estado. Significa distribuir mejor su autoridad, sus recursos y sus responsabilidades. Un Estado con gobiernos locales fuertes es un Estado más democrático, eficiente y cercano a la gente.
POR IGNACIO DITRÉN
La entrada Ha llegado la hora de descentralizar el Estado dominicano se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).
