
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público aseguró este lunes que no existen motivos jurídicos válidos para retrasar el proceso contra los acusados de integrar una red criminal que habría distribuido sobornos por más de RD$108 millones para conseguir la contratación de servicios de seguridad privada en diferentes instituciones públicas.
“No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias”, expresó el fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto a periodistas que lo abordaron a su salida del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el procesado Elías Caamaño Pérez recusó al juez Deiby Timoteo Peguero.
Guzmán Alberto manifestó que espera que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene la continuación del proceso.
Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) presentó la recusación contra el magistrado, luego de que este dispusiera en octubre pasado su separación del expediente principal presentado por el órgano acusador contra la presunta red criminal.
Proceso por sobornos
En julio pasado, el Ministerio Público presentó acusación y solicitó la apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar la red dedicada al pago de sobornos.
Entre los procesados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase, S.R.L.); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste.
También están acusados Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste. El expediente incluye, además, a Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
En el proceso también figuran las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio, E.I.R.L., propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company, S.A., y Magesty Recycling, S.R.L., vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con el expediente, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, suma que, según la acusación, habría sido exigida y recibida por encargados de seguridad de distintas instituciones públicas y otros funcionarios involucrados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició la investigación a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que alertó sobre la existencia de una presunta red dedicada a defraudar al Estado mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de favorecer a contratistas de servicios de seguridad privada.
Las investigaciones del órgano acusador establecieron que la empresa Senase habría pagado sobornos a funcionarios de las instituciones mencionadas durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025.
Según el Ministerio Público, los pagos se realizaban mediante distintas modalidades, entre ellas transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de garantizar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa.
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