
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Contratistas de Infraestructuras Escolares (Asocondie) denunció que el Ministerio de Hacienda mantiene facturas sin pagar desde hace más de tres años y advirtió que dará cinco días hábiles a esa institución para ofrecer una respuesta satisfactoria, antes de iniciar acciones legales para proteger su patrimonio.
La entidad afirmó que los desembolsos fueron autorizados por el presidente hace más de cinco meses, pero sus miembros todavía esperan recibir los recursos, pese a haber cumplido con los requisitos contractuales y administrativos. También reclamó un calendario concreto de pagos, conforme a los mecanismos establecidos por la Ley núm. 16-26.
Asocondie advirtió que la situación mantiene a más de 500 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en condiciones financieras críticas y amenaza cientos de empleos directos.
«Hemos agotado todas las vías administrativas y de diálogo amistoso sin obtener soluciones. Nuestras empresas están absorbiendo costos financieros insostenibles y nos vemos al borde del cierre técnico, lo que pone en riesgo el sustento de más de 1,000 familias», expresó la asociación.
También cuestionó que la Dirección de Presupuesto de Hacienda haya autorizado a la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación a convocar licitaciones por cientos de millones de pesos mientras permanecen pendientes las facturas de contratistas. En ese sentido, pidió a la Dirección General de Contrataciones Públicas revisar los plazos de algunas convocatorias, que, según indicó, conceden menos de diez días para completar los expedientes.
Entre sus demandas, la organización reclamó el pago inmediato de las facturas con más de tres años de vencimiento y la instalación de una mesa de diálogo con la participación del ministro de Hacienda, Magín Díaz para acordar un calendario de desembolsos con carácter vinculante.
Ante las declaraciones del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps de que no recibe presiones, Asocondie respondió que los retrasos afectan la capacidad de los contratistas para sostener a sus familias y cumplir sus compromisos con bancos, empleados y suplidores.
Como medida para agilizar los pagos, la asociación propuso aumentar el personal responsable de revisar los expedientes y tramitar los desembolsos pendientes.
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