EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Eduardo José Sánchez Ortiz, defendió el plazo razonable como una garantía constitucional y sostuvo que la mora judicial debe ser enfrentada para evitar que una persona permanezca indefinidamente sin conocer su situación jurídica.
Durante su participación en la vista pública del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Sánchez Ortiz explicó que el plazo razonable está establecido en el artículo 69 de la Constitución, en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Código Procesal Penal.
Al responder una pregunta sobre la duración máxima de los procesos, indicó que la legislación establece un plazo de cuatro años para los casos ordinarios y de cinco años para los complejos.
El aspirante señaló que, al evaluar la duración de un proceso, los jueces deben examinar la complejidad del caso, la conducta de las partes y la negligencia o eficacia de las autoridades.
“Acabar con la mora judicial es un reto que siempre tenemos todos los jueces, sobre todo en el área penal”, expresó durante su intervención.
Sánchez Ortiz también explicó que el recurso de casación cumple funciones relacionadas con la correcta aplicación de la ley y la unificación de la doctrina jurídica. Al referirse a la materia penal, sostuvo que no sería posible establecer el interés casacional en los mismos términos que en otras áreas, debido a su relación con el derecho a recurrir las decisiones y la libertad de las personas.
Sobre las decisiones que ordenan la extradición, indicó que estas pueden ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional mediante el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales. Además, identificó tres tipos de extradición: activa, pasiva y simplificada.
Explicó que la extradición simplificada ocurre cuando la persona solicitada comparece ante los jueces de la Suprema Corte de Justicia y manifiesta su voluntad de ser entregada al Estado requirente para ser juzgada.
Durante su presentación, Sánchez Ortiz expuso que acumula más de 40 años de servicio en el Estado dominicano, en funciones vinculadas con la justicia y la docencia jurídica.
Detalló que inició su trayectoria laboral en 1985 como inspector especial de la Junta Central Electoral y que posteriormente ingresó al Ministerio Público, donde permaneció hasta 1998, año en que fue designado juez por la Suprema Corte de Justicia.
Indicó que se desempeñó como juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, juez de la Cuarta Sala Penal, juez de la Corte de Apelación y presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Asimismo, señaló que en 2017 fue designado presidente interino de la Corte Penal de la provincia Santo Domingo. Según expuso, durante su gestión se inició una reforma en la administración de justicia y en 2018 se fallaron 65,700 casos, frente a 68,800 solicitudes recibidas.
En el ámbito académico, informó que es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde hace 37 años y que cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, Derecho Administrativo y Gestión Municipal, así como Sociedad Democrática, Estado y Derecho.
Al concluir su exposición, puso a disposición del Consejo su formación académica y profesional, su experiencia judicial y su independencia de criterio como parte de su aspiración a integrar la Suprema Corte de Justicia.
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