EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que había rechazado una demanda de Inteligencia Legal, SRL, contra la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), por los daños derivados de la suspensión de un contrato de servicios, y ordenó que el expediente sea conocido nuevamente en esa jurisdicción.
La decisión está contenida en la sentencia SCJ-TS-26-1978, del 30 de septiembre de 2026, mediante la cual el alto tribunal casó el fallo emitido por la Quinta Sala del TSA el 22 de abril de este año y remitió el caso a la Tercera Sala de ese tribunal para un nuevo juicio.
La controversia se originó el 25 de marzo de 2021, cuando Inteligencia Legal y la Cámara de Cuentas suscribieron un contrato de servicios, aprobado por el Pleno del órgano fiscalizador mediante la Decisión núm. DEC-X-2021-001. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, la institución emitió dos resoluciones: la ADM-2021-006, que inició de oficio un procedimiento para declarar lesiva la decisión que aprobó el contrato, y la ADM-2021-007, que suspendió provisionalmente sus efectos.
Entre noviembre y diciembre de 2022, Inteligencia Legal presentó varias demandas contra la Cámara de Cuentas por distintos hechos, entre ellos la suspensión contractual. En 2024, la Tercera Sala del TSA se declaró incompetente para conocer uno de los casos, pero la Suprema Corte de Justicia anuló esa decisión mediante la sentencia SCJ-TS-25-4336, del 18 de diciembre de 2025, y remitió el expediente a la Quinta Sala del TSA, que posteriormente rechazó la demanda.
Al revisar ese fallo, la SCJ determinó que la Quinta Sala limitó su análisis a las resoluciones emitidas por la Cámara de Cuentas y dejó sin ponderar aspectos esenciales planteados por la empresa, especialmente los argumentos relativos a los derechos y obligaciones derivados del contrato, la legalidad de su suspensión y los daños que Inteligencia Legal alegó haber sufrido.
El alto tribunal consideró que el examen judicial realizado por la Quinta Sala fue “defectuoso”, al no ofrecer respuesta, ni siquiera implícita, a otros planteamientos formulados por la parte demandante. Inteligencia Legal estuvo representada en el proceso por los abogados Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo.
Este caso tiene como antecedente otro proceso judicial iniciado por la propia Cámara de Cuentas ante el TSA para obtener la declaratoria de lesividad de la decisión que aprobó el contrato con Inteligencia Legal. Esa acción fue rechazada por la Cuarta Sala del TSA y la decisión adquirió carácter definitivo el 23 de julio de 2026, mediante la sentencia SCJ-SR-26-00319 de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.
Con ese fallo quedó firme el rechazo de la pretensión de la Cámara de Cuentas de declarar lesiva la aprobación del contrato. La nueva decisión de la SCJ dispone que la demanda de Inteligencia Legal por responsabilidad patrimonial sea examinada nuevamente, sin que ello implique todavía una decisión definitiva sobre la existencia y cuantía de los daños reclamados.
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