
Una crítica a la decisión judicial, a la formación de los operadores del sistema penal dominicano y a la ausencia de una verdadera cultura jurídico-penal contemporánea
La decisión de condenar a Ana Josefa García Cuello, imputada por la muerte de su hija menor de edad, cuyo cuerpo fue encontrado decapitado en agosto de 2024, obliga a formular una pregunta que el sistema de justicia dominicano no puede evadir: ¿se juzgó exclusivamente la gravedad del hecho o se examinó, con rigor científico, jurídico y pericial, la capacidad de la imputada para comprender la ilicitud de su conducta y determinarse conforme a esa comprensión?
Esta pregunta no pretende minimizar la tragedia, desconocer el sufrimiento de la familia ni restar importancia a la protección de la víctima. Pretende algo mucho más trascendente: recordar que el derecho penal de un Estado constitucional no condena por indignación social, por repugnancia ante el hecho ni por presión mediática. Condena cuando concurren, de manera demostrada, todos los presupuestos jurídicos de la responsabilidad penal.
La gravedad del resultado no demuestra, por sí sola, la culpabilidad de quien lo produjo.
I. La teoría jurídica del delito no puede ser desplazada por la indignación social
La teoría jurídica del delito constituye el límite racional del poder punitivo del Estado. No es una formalidad académica ni un recurso de abogados para evadir responsabilidades. Es el instrumento científico que permite determinar cuándo una conducta humana puede ser jurídicamente reprochada a una persona.
Desde la dogmática penal contemporánea, deben examinarse, entre otros elementos:
* La conducta: existencia de un comportamiento humano atribuible a una persona.
* La tipicidad: correspondencia de esa conducta con la descripción de una infracción penal.
* La antijuridicidad: contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico.
* La culpabilidad: posibilidad de formular un reproche personal, atendiendo a la imputabilidad, el conocimiento de la ilicitud y la exigibilidad de otra conducta.
Aquí se encuentra el problema fundamental: una conducta puede ser objetivamente típica y antijurídica, pero no necesariamente culpable en sentido penal.
Esta distinción es esencial.
Claus Roxin, desde su concepción normativa de la culpabilidad y la responsabilidad, nos enseña que el juicio de reproche no puede reducirse a comprobar que una persona realizó materialmente un hecho. Es necesario examinar las condiciones que permiten atribuirle responsabilidad personal.
Eugenio Raúl Zaffaroni advierte sobre la necesidad de contener el poder punitivo y evitar que el derecho penal se transforme en un mecanismo de castigo irracional. El Estado no puede responder a la conmoción social sacrificando las garantías individuales.
Günther Jakobs, desde su concepción funcional del derecho penal, aporta una reflexión sobre la imputación y la responsabilidad dentro de un sistema normativo. Sin embargo, ninguna construcción funcional puede utilizarse para eliminar el examen individual de la capacidad de culpabilidad.
Y desde la tradición clásica de la dogmática penal, autores como Luis Jiménez de Asúa y Francisco Muñoz Conde permiten comprender que la imputabilidad constituye un presupuesto esencial del juicio de culpabilidad.
Por consiguiente, no basta demostrar que ocurrió un hecho terrible. Hay que determinar científicamente si, en el momento de realizarlo, la persona tenía capacidad de comprender su significado jurídico y de dirigir su comportamiento conforme a esa comprensión.
II. La inimputabilidad no se presume, pero tampoco se descarta por intuición judicial
En el caso de Ana Josefa García Cuello existe un elemento que merece especial atención: desde el inicio del proceso se plantearon alegaciones sobre su condición psiquiátrica.
La defensa solicitó su reconocimiento como inimputable y cuestionó su capacidad mental. En septiembre de 2025, una jueza rechazó la solicitud de declararla inimputable y de ordenar nuevas evaluaciones, indicando que el planteamiento podía formularse en otra etapa. Diario Libre +1
El 18 de noviembre de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este la condenó a veinte años de prisión. La prensa informó que la defensa había invocado problemas de salud mental y que el tribunal rechazó la pretensión de inimputabilidad. Diario Libre +1
Pero aquí debemos formular una advertencia jurídica de enorme trascendencia:
Una persona puede padecer una enfermedad mental y conservar su imputabilidad; también puede presentar una alteración psíquica que anule completamente su capacidad de comprender o dirigir sus actos.
Por eso, ni el diagnóstico por sí solo determina la inimputabilidad ni la apariencia de normalidad, la profesión, el nivel académico, la capacidad laboral o el comportamiento posterior permiten descartarla automáticamente.
Tampoco una expresión delirante, una alucinación o una supuesta orden de origen sobrenatural constituyen, aisladamente, prueba concluyente. Son elementos que deben investigarse mediante psiquiatría forense, psicología clínica, evaluación retrospectiva y valoración judicial.
La pregunta determinante no es solamente si Ana Josefa padecía una enfermedad psiquiátrica, sino cuál era su condición psíquica exactamente el 15 de agosto de 2024, cuando ocurrió el hecho.
Hay que distinguir tres escenarios:
* Inimputabilidad completa: ausencia de capacidad de comprensión o autodeterminación jurídicamente relevante.
* Imputabilidad disminuida: afectación parcial que puede incidir en la responsabilidad y en la pena, según la legislación aplicable.
* Imputabilidad conservada: existencia de un trastorno que no anuló las capacidades jurídicamente exigidas.
Esta diferenciación no es opcional para una justicia científicamente formada.
III. El derecho penal dominicano necesita jueces con formación dogmática, no solamente conocimiento procedimental
Una de las grandes debilidades de nuestro sistema penal es confundir la conducción formal de un proceso con la comprensión material de los problemas científicos que se presentan en él.
Un juez no tiene que ser psiquiatra, pero sí debe saber cuándo un problema psiquiátrico exige conocimiento pericial especializado.
No puede sustituir al médico forense mediante apreciaciones personales, ni convertir una impresión subjetiva en una conclusión científica.
El artículo 64 del Código Penal vigente al momento del hecho contemplaba la exclusión de responsabilidad cuando el inculpado se encontraba en estado de demencia. Asimismo, el procedimiento penal dominicano contempla un tratamiento procesal especial para las personas inimputables.
El Código Penal comentado publicado por el Poder Judicial en 2026 desarrolla, en su comentario al artículo 15 del nuevo texto penal, la distinción entre afectación completa y parcial del discernimiento o del control de los actos. Diario Libre +1
La cuestión es todavía más importante porque debemos respetar el principio de legalidad y la aplicación temporal de la ley: los hechos ocurrieron en agosto de 2024, por lo que no se puede trasladar automáticamente una disposición penal posterior para resolver la responsabilidad por aquel acontecimiento.
La justicia penal no puede convertirse en una fábrica de condenas. Debe ser una institución de decisiones científicamente justificadas.
IV. La Nueva Cultura Jurídica Penal y Procesal Penal Dominicana exige una transformación del pensamiento judicial
Desde la Nueva Cultura Jurídica Penal y Procesal Penal Dominicana (NCJPPPD) sostenemos una tesis fundamental:
El derecho penal contemporáneo no puede continuar interpretando la responsabilidad criminal exclusivamente desde la materialidad del resultado, ignorando las ciencias que permiten comprender la conducta humana.
La NCJPPPD propone superar tres deficiencias estructurales:
Primera: el formalismo judicial. No basta con celebrar audiencias, recibir testimonios, incorporar documentos y dictar sentencias. El juez debe comprender la estructura dogmática del delito y responder razonadamente a los problemas de imputabilidad que se someten a su consideración.
Segunda: la insuficiente integración de las ciencias auxiliares. La psiquiatría forense, la psicología criminal, la criminología y la medicina legal no pueden aparecer en el proceso como simples elementos decorativos. Son conocimientos especializados que pueden resultar determinantes para establecer la responsabilidad penal.
Tercera: la cultura del castigo como respuesta automática. Una sociedad indignada puede reclamar penas severas, pero los jueces están constitucionalmente obligados a decidir conforme a las pruebas, la ley y los principios que limitan el poder punitivo.
Es necesario decirlo con firmeza: tenemos que cuestionar la calidad de la formación dogmática de quienes administran justicia penal en nuestro país. No es aceptable que un operador judicial desconozca la diferencia entre enfermedad mental, inimputabilidad, imputabilidad disminuida e incapacidad procesal.
No estoy afirmando que todos nuestros jueces carezcan de preparación, ni que la condena sea jurídicamente incorrecta por el solo hecho de existir una alegación psiquiátrica. Estoy afirmando que una decisión de esta naturaleza exige una motivación especialmente rigurosa.
V. La verdadera pregunta que debe responder la sentencia
Hay algo que no podemos perder de vista: la muerte de una niña de seis años constituye una tragedia humana irreparable. La víctima merece justicia, memoria y dignidad. Su familia merece respuestas.
Pero también debemos recordar que el Estado de derecho no puede abandonar sus principios precisamente cuando la sociedad enfrenta los hechos más estremecedores.
Si se demostró que la imputada conservaba íntegramente sus facultades de comprensión y autodeterminación, la responsabilidad penal deberá determinarse conforme a derecho.
Pero si se acreditó que una perturbación psíquica anuló completamente esas capacidades al momento del hecho, la respuesta jurídica no puede ser una condena penal ordinaria. Corresponderá aplicar el régimen de inimputabilidad y las medidas de seguridad legalmente procedentes.
La inimputabilidad no significa impunidad. Significa que el Estado debe responder jurídicamente de manera diferente ante una persona que no reúne las condiciones necesarias para recibir un reproche penal.
La protección de la sociedad, la atención psiquiátrica y la seguridad de las personas también forman parte de la justicia.
VI. Nuestra posición doctrinal: hay que revisar, no solamente condenar
La condena de Ana Josefa García Cuello debe ser examinada con especial rigor a través de los mecanismos de impugnación que reconoce nuestro ordenamiento jurídico.
La sentencia debe permitir conocer, entre otras cuestiones:
* Qué informes psiquiátricos y psicológicos fueron incorporados y valorados.
* Si se examinó retrospectivamente su capacidad mental al momento de los hechos.
* Cómo se resolvieron las contradicciones entre los peritajes.
* Qué razonamiento permitió descartar la inimputabilidad.
* Si se distinguió correctamente entre la capacidad para participar en el juicio y la capacidad de culpabilidad al momento de cometer el hecho.
La información periodística disponible permite conocer el sentido de la condena, pero no sustituye la lectura íntegra de sus fundamentos. Por tanto, no sería científicamente responsable afirmar que los jueces ignoraron una prueba determinada sin examinar la sentencia y los informes periciales.
Conclusión: Una justicia que no comprende la mente humana corre el riesgo de coONCLUSIÓN: UNA JUSTICIA QUE NO COMPRENDE LA MENTE HUMANA CORRE EL RIESGO DE CONDENAR SIN COMPRENDER LA CULPABILIDAD
La República Dominicana necesita una revolución en la enseñanza y aplicación del derecho penal.
No necesitamos jueces que solamente conozcan artículos, plazos y procedimientos. Necesitamos magistrados capaces de interpretar la Constitución, comprender la dogmática penal, valorar las ciencias forenses y distinguir entre la responsabilidad por el resultado y la responsabilidad personal por el hecho.
Roxin, Zaffaroni, Jakobs, Jiménez de Asúa y Muñoz Conde, desde perspectivas doctrinales diferentes, permiten comprender que el derecho penal no puede prescindir del análisis de la persona a quien se pretende atribuir culpabilidad.
Desde la Nueva Cultura Jurídica Penal y Procesal Penal Dominicana (NCJPPPD) levantamos una posición inequívoca:
No se puede administrar justicia penal desde la emoción; no se puede determinar culpabilidad desde la apariencia; no se puede descartar una enfermedad mental mediante intuiciones judiciales y no se puede sustituir la ciencia por el prejuicio.
Una condena puede satisfacer momentáneamente la indignación colectiva, pero solamente una sentencia jurídicamente fundamentada puede satisfacer las exigencias de la justicia constitucional.
Porque el verdadero desafío de la justicia no consiste únicamente en condenar a quien cometió un delito, sino en tener la preparación científica y jurídica suficiente para determinar cuándo, cómo y bajo qué condiciones puede hacerlo.
¡La justicia penal dominicana necesita menos automatismo punitivo y más ciencia, más dogmática, más constitucionalismo y más humanidad!
Por: Joaquincito Bocio Familia.
Abogado penalista, doctrinario y catedrático universitario. Fundador de la Nueva Cultura Jurídica Penal y Procesal Penal Dominicana (NCJPPPD).
Unidad, Respeto, Orden y Dignidad.
La entrada La condena penal no puede sustituir el juicio sobre la imputabilidad se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).