
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresa Inversiones Calpe, S. R. L., representada por el inversionista estadounidense Lance B. Lundberg, depositó este jueves una denuncia contra agentes policiales, militares y funcionarios públicos, a quienes atribuye presuntas incursiones ilegales en terrenos de su propiedad, detenciones arbitrarias y desacato de decisiones judiciales en las inmediaciones de Playa Encuentro, en Cabarete, Puerto Plata.
La acción fue presentada ante la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, mediante los abogados Nassef Perdomo Cordero, Laura Acosta Lora y Luis Antonio Peláez Sterling. La empresa solicita investigar la participación de miembros de la Policía Nacional, la Policía Turística (Politur), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), la Armada Dominicana y funcionarios de los ministerios de Medio Ambiente y Público, como detalla un comunicado.
Según la denuncia, uno de los incidentes ocurrió el 1 de octubre de 2026, cuando agentes policiales, algunos encapuchados, habrían penetrado durante la madrugada a los terrenos y retirado pilotillos de madera colocados para delimitar la propiedad.
La jurista Laura Acosta con sus colegas Nassef Perdomo y Luis Peláez. (Video: Fuente externa).
La instancia también señala que, durante otra intervención, varios trabajadores y miembros del personal de seguridad fueron detenidos. Uno de ellos habría recibido una descarga eléctrica mientras se encontraba sometido físicamente por los agentes.
Dos de los detenidos fueron presentados ante la justicia bajo acusaciones formuladas por las autoridades actuantes. No obstante, mediante la resolución número 609-01-2026-SMED-00464, del 5 de octubre de 2026, un tribunal de Puerto Plata rechazó la solicitud de medida de coerción y dispuso su libertad pura y simple.
Disputa por terrenos y acceso a la playa
Inversiones Calpe sostiene que los operativos denunciados se produjeron pese a la existencia de decisiones judiciales relacionadas con los derechos de propiedad sobre los terrenos, en el marco de un conflicto que, según la compañía, se prolonga desde hace aproximadamente 18 años.
Entre las decisiones que cita figura la sentencia número 0030-1643-2024-SSEN-00889, del 13 de noviembre de 2024, mediante la cual la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó a varias instituciones públicas abstenerse de intervenir en los terrenos y corregir señalizaciones relacionadas con los accesos a Playa Encuentro.
Posteriormente, mediante la sentencia número 0030-1643-2025-SSEN-00312, del 30 de abril de 2025, el mismo tribunal ordenó ejecutar las disposiciones anteriores y permitir a los propietarios cercar la parcela 1-Ref-13, sin obstáculos. También estableció una penalidad económica por incumplimiento.
En abril de 2026, el Tribunal Superior Administrativo volvió a pronunciarse sobre el caso y condenó al Ministerio de Turismo y a la Armada Dominicana por incumplir las disposiciones judiciales relativas a la propiedad. El tribunal liquidó una penalidad de RD$213,000 por 213 días de incumplimiento y aumentó a RD$1,500 la sanción diaria por nuevas demoras.
De igual manera, la controversia comprende el acceso público a Playa Encuentro. En su sentencia TC/0106/19, confirmada en decisiones posteriores, el Tribunal Constitucional reconoció el acceso a la playa como un derecho fundamental y dispuso retirar los obstáculos que impidieran el paso por la vía existente desde la urbanización Vista del Caribe.
Inversiones Calpe sostiene que no pretende restringir el disfrute público de la playa, sino proteger los terrenos que considera de su propiedad y cuyo derecho de uso y protección ha reclamado ante los tribunales.
A través de sus representantes legales, la empresa solicitó al Ministerio Público identificar a los agentes y funcionarios que participaron en los operativos, investigar las circunstancias de las detenciones y determinar si existen responsabilidades penales, incluyendo posibles actuaciones de representantes del órgano persecutor.
La compañía afirma que ha realizado inversiones millonarias para desarrollar un proyecto turístico de bajo impacto ambiental en Cabarete y considera que los hechos denunciados afectan sus derechos de propiedad y el cumplimiento de las decisiones judiciales en el país.
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