
El Ministerio de Administración Pública difundió la Circular 004450-2026, fechada el 4 de noviembre de 2026 y firmada por el ministro Sigmund Freund. La pieza da las instrucciones iniciales para aplicar el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos del Decreto 403-26. Cada institución debe nombrar un Responsable Institucional de Gobernanza de Datos y un Responsable Técnico de Interoperabilidad, también debe identificar los principales intercambios de información que ya mantiene con otras entidades.
El pasado 11 de noviembre al abordar el Decreto 787-26 sobre el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos escribimos: «Hasta el momento de escribir esta pieza ningún portal público reúne esos convenios», refiriéndonos a los intercambios de información que mantienen las entidades del gobierno dominicano.
La Circular 004450-2026 nos lleva al mismo diagnóstico por otra vía solicitando las condiciones mínimas para que el Estado pueda conocer cuáles intercambios existen. Reconocemos el paso iniciado por la administración pública.
La primera cohorte suma 33 instituciones, una lista distinta a las 33 del pacto de seguridad que comentamos la semana pasada. Están los 23 ministerios y diez entidades más, entre ellas el SIUBEN, Supérate, la DGII, Aduanas y la TSS. La circular otorga 120 días calendario, contados desde la publicación de la Resolución 226-2026, para entregar la versión preliminar de su plan. Con esa información el MAP elaborará el Mapa Nacional Inicial de Datos e Interoperabilidad.
El numeral 12 de la Circular 004450-2026 advierte que “la existencia de un acuerdo no constituye por sí misma fundamento jurídico suficiente para acceder, comunicar o intercambiar datos cuando dicho tratamiento no se encuentre permitido por el ordenamiento jurídico”. Mientras que el numeral 14 de la circular agrega que el Marco deja intactos los regímenes de protección de datos personales. Esto es precisamente lo que planteamos la semana pasada en nuestro comentario sobre el Decreto 787-26; el contexto de manejo de datos estaba pendiente.
Lo que aún queda pendiente
La ficha planteada por el MAP en la circular solicita cinco campos por cada intercambio de datos: la institución contraparte, la información intercambiada, la finalidad general, el mecanismo y el rol de proveedora o consumidora.
Notamos que la base legal queda fuera. En nuestra propuesta a la DIGEIG ese campo era el centro.
El mapa nace como documento interno: la circular habla de vistas institucionales, sectoriales y por dominio, pero no de publicarlo. Tampoco la circular se publicó el 4 de noviembre; llegó a las redes sociales el viernes 13.
Este es un punto importante para que el engranaje gubernamental aplique los principios de veeduría, por tanto, pedimos que el Mapa Nacional Inicial se publique en el portal datos.gob.do, la herramienta de transparencia que la propia circular pone bajo coordinación del MAP y la DIGEIG.
Recuerdo cuando en marzo de 2020 abordamos un caso similar: «Si [las autoridades] obtienen los datos de una forma legal, deben responder a las preguntas sobre su origen cuando las formule». Hoy esa respuesta puede automatizarse. Este es el caso de Estonia, de donde viene la plataforma X-Road que ahora consume el gobierno dominicano. Desde 2017 su rastreador de datos, un servicio que corre sobre los registros conectados, permite a cada ciudadano ver qué institución consultó sus datos y con qué motivo. Si ya usamos X-Road, es posible montar la misma veeduría digital. Proponemos un registro de consultas visible para el titular, con la institución, la fecha y la base invocada.
En la Circular 004450-2026 los responsables se designan entre servidores existentes, sin nuevas estructuras ni cargos. La circular fija un plazo de entrega, pero omite metas y consecuencias. Las interoperabilidades con fundamento jurídico suficiente siguen operando, y nadie queda encargado de decir cuáles lo tienen y quiénes las consumen actualmente. Ante la falta de acceso a dicha información, proponemos que el MAP publique el listado de responsables, también que el Corte Inicial señale los intercambios sin base legal identificada y fije un plazo para regularizarlos o suspenderlos.
La Circular 004450-2026 cita el Decreto 403-26 y la Resolución 226-2026. El Decreto 787-26 queda sin mención, y ese decreto tampoco se refiere al marco de interoperabilidad. Entonces el panorama nos muestra que existen dos inventarios en marcha. Uno levanta los sistemas de inteligencia artificial en 180 días y el otro los intercambios de datos en 120 días. Aquí la lógica nos lleva a proponer que ambos compartan una ficha, para que cada sistema de alto impacto declare por cuál intercambio recibe sus datos.
«Los usuarios son los salvaguardas de sus datos. Usted como usuario y como ciudadano no puede delegar esa función en un tercero», planteamos antes de la pandemia. Entendemos que el gobierno quiere agilizar sus procesos y aplaudimos los pasos ejecutados, lo que debemos siempre recordar es que las opciones de transparencia, derechos de datos y reclamo de los ciudadanos no pueden llegar como parches posteriores a ningún sistema. Los huecos en la ley, los decretos y la circular podrían interpretarse como salvaguardas de mecanismos diseñados para debilitación de las libertades ciudadanas. Esperamos que sea simplemente un síntoma de descoordinación.
Por Arturo López Valerio
@alopezvalerio
La entrada El inventario que falta publicar se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).