EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El debido proceso constitucional en materia penal, las garantías fundamentales y la necesidad de fortalecer el respeto a la Constitución fueron destacados como temas de especial relevancia durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional.
Durante la actividad representantes del sistema de justicia, juristas y funcionarios resaltaron la importancia de generar espacios de reflexión e intercambio sobre la aplicación de las normas constitucionales en los procesos penales y el respeto de los derechos fundamentales.
El director general de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos destacó que la aplicación de las normas penales debe estar sustentada en las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana.
Valentín Santos señaló que República Dominicana aplica actualmente el Código Procesal Penal y el Código Penal, cuyos principios y disposiciones están vinculados con las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Consideró, además, que el Congreso constituye un espacio de intercambio de conocimientos para la comunidad jurídica.
En tanto, el magistrado Ramón Horacio González Pérez calificó como “valiosísima” la actividad para la clase jurídica nacional, especialmente en materia penal, al considerar que permitirá discutir temas de relevancia para una buena administración de justicia y el respeto de las normas que rigen el proceso penal y las disposiciones constitucionales.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, felicitó al Tribunal Constitucional por dar seguimiento a estos temas y valoró que se trabaje en el fortalecimiento y respeto del debido proceso. A su juicio, este tipo de acciones contribuye al avance de un país democrático.
Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán destacó la participación de representantes de distintos países y consideró relevante que el país sea escenario de un encuentro en el que se abordan asuntos como el debido proceso, las garantías, el acceso a la justicia, la igualdad entre las partes y la imparcialidad.
Castaños Guzmán afirmó que la celebración de esta actividad debe generar orgullo y satisfacción en República Dominicana, al tiempo que valoró los pasos que según sostuvo contribuyen a garantizar el debido proceso.
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, señaló que el Congreso se enmarca en la misión que a su entender desarrolla el Tribunal Constitucional en torno al debido proceso.
Camacho Hidalgo explicó que el debido proceso incide en todos los aspectos legales, pero adquiere especial relevancia en los procesos penales, debido a que estos pueden afectar derechos fundamentales como la libertad. Asimismo, sostuvo que encuentros como este contribuyen a proyectar a República Dominicana como un país que respeta su marco constitucional.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, valoró la invitación al Congreso y destacó su carácter internacional. Consideró que el derecho constitucional y el derecho en sentido general son asuntos de interés global y calificó la actividad como un espacio de reflexión sobre el derecho constitucional.
De su lado, la jurista Miriam Germán Brito resaltó la importancia del énfasis puesto en el debido proceso y sostuvo que la administración de justicia no debe convertirse en un instrumento de venganza.
Germán Brito afirmó que el derecho, cuando es aplicado mediante el debido proceso, constituye un instrumento importante para garantizar una sociedad libre.
El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas destacó la trascendencia del tema central del Congreso y sostuvo que el debido proceso constitucional en materia penal debe ser comprendido por todos los actores que intervienen en el juzgamiento.
Vargas planteó que cualquier persona debe ser juzgada de conformidad con lo establecido en la Constitución y las normas del proceso. Asimismo, afirmó que un proceso penal injusto no se convierte en justo por el hecho de que una persona resulte condenada.
“El debido proceso no implica impunidad, implica garantías”, sostuvo el magistrado, al señalar que estas deben ser administradas por todos los actores que intervienen en el juzgamiento.
La procuradora adjunta Fior D’Aliza Alduey Mercedes también felicitó al Tribunal Constitucional por escoger el debido proceso material constitucional en el ámbito penal como tema del Congreso.
Alduey Mercedes resaltó la importancia de abordar tanto la persecución penal como las garantías necesarias para que los derechos sean respetados y consideró que la actividad constituye una invitación a todos los actores del sistema de justicia a prestar atención a estos aspectos.
La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos destacó la relevancia del Congreso para los fiscales y señaló que el debido proceso no atañe únicamente a los jueces, sino también a las investigaciones y diligencias realizadas durante el proceso.
Ramos explicó que la obligación de investigar de manera objetiva involucra a la Policía Nacional o al cuerpo castrense correspondiente, al Ministerio Público y posteriormente a los jueces, quienes deben verificar que se haya agotado el debido proceso.
Por su parte, el procurador general de Puerto Rico, Omar Andino Figueroa valoró el encuentro como una oportunidad para que magistrados y profesionales del derecho comparen distintos sistemas, identifiquen posibles fallas y analicen áreas en las que pueden mejorar.
Andino Figueroa resaltó además la participación de ponentes internacionales y consideró que conocer otras experiencias contribuye al enriquecimiento intelectual de los participantes.
En otro orden, el abogado y jurista Julio Cury planteó que el debido proceso debe ser entendido como un mecanismo de contención al poder punitivo y no únicamente como un sistema de garantías en favor del imputado.
Cury cuestionó lo que calificó como un ejercicio “desbordado” del poder punitivo por parte del Ministerio Público durante los últimos seis años y afirmó que se habrían utilizado métodos que describió como “tortura blanca” para fundamentar acusaciones. Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de su valoración sobre el tema del Congreso.
Finalmente, el procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago, Juan Carlos Bircann Sánchez consideró oportuno el Congreso no solo para los juristas y quienes manejan las técnicas procesales, sino también para la ciudadanía.
Bircann Sánchez sostuvo que este tipo de espacios contribuye a la capacitación y concienciación ciudadana sobre el debido proceso y señaló que el país tiene cuestiones vinculadas con la justicia que permanecen como tareas pendientes.
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