
Imagine caminar tranquilamente por una calle y que, de repente, un robot lo agreda físicamente o le arrebate sus pertenencias. La víctima existe, el daño es real y la conducta podría constituir un delito. Sin embargo, surge una interrogante que desafía los fundamentos tradicionales del derecho penal: ¿quién debe responder cuando el autor material de la agresión o del robo es una máquina?
Este escenario, que parece extraído de la película Yo, robot(I, Robot), protagonizada por Will Smith en 2004, nos recuerda aquellas historias de ciencia ficción en las que las máquinas desarrollaban comportamientos capaces de poner en peligro la seguridad humana.
Precisamente, el escritor Isaac Asimov anticipó estas preocupaciones mediante sus célebres Tres Leyes de la Robótica, formuladas en su literatura de ciencia ficción:
Primera: Un robot no debe dañar a un ser humano ni permitir, por inacción, que sufra daño.
Segunda: Un robot debe obedecer las órdenes humanas, salvo cuando contradigan la primera ley.
Tercera: Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que ello no contradiga las dos leyes anteriores.
Aunque estas reglas pertenecen a la ficción y carecen de fuerza jurídica, constituyen una referencia intelectual para reflexionar sobre la seguridad, la obediencia y los límites de la autonomía artificial.
Pero ¿qué sucede cuando una máquina incumple estos principios y provoca un daño?
Para abordar este problema debemos distinguir dos situaciones.
Primero, cuando el robot es controlado directamente por una persona. Si alguien utiliza deliberadamente una máquina de forma remota para agredir a un ciudadano o sustraer sus pertenencias, el robot constituye un instrumento material de la conducta humana. La responsabilidad penal puede recaer sobre quien lo controla, siempre que concurran los elementos exigidos por el tipo penal correspondiente.
Segundo, cuando el robot opera mediante inteligencia artificial y adopta decisiones autónomas. Aquí comienza el verdadero desafío. ¿Qué sucede si una máquina agrede a una persona o sustrae un objeto sin recibir instrucciones directas de su propietario, programador o fabricante? ¿Podemos atribuir responsabilidad penal a quienes participaron en su creación? ¿Y si ninguno previó concretamente ese comportamiento?
La respuesta exige prudencia jurídica.
En los sistemas penales contemporáneos, la responsabilidad descansa sobre principios como la legalidad, objetividad, la culpabilidad y la responsabilidad personal. Un robot, por sofisticado que sea, no posee actualmente la condición jurídica necesaria para ser considerado penalmente culpable como una persona.
Tampoco sería correcto concluir que cualquier daño causado autónomamente por una máquina genera automáticamente responsabilidad penal para su fabricante o propietario.
La autonomía tecnológica no elimina la necesidad de demostrar una conducta humana jurídicamente reprochable. Habría que investigar posibles defectos de programación, omisiones de seguridad, riesgos previsibles, intervenciones humanas y su relación causal con el resultado producido.
Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a uno de los desafíos jurídicos más complejos de nuestro tiempo: los retos normativos de la inteligencia artificial.
El problema no radica únicamente en que estas tecnologías evolucionen mucho mas rapido que la capacidad de respuesta del Estado o legislador, sino también en que su creciente autonomía plantea interrogantes sobre la atribución de responsabilidad jurídica cuando sus decisiones o actuaciones provocan daños a terceros.
La Unión Europea ha avanzado mediante su Reglamento de Inteligencia Artificial, que establece obligaciones diferenciadas según los riesgos de determinados sistemas, incluyendo mecanismos de supervisión humana, documentación y trazabilidad.
En República Dominicana, aunque contamos con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, todavía enfrentamos el desafío de consolidar un marco legislativo específico que responda integralmente a estas situaciones.
La futura regulación debería contemplar evaluaciones de riesgos, sistemas de desconexión de emergencia, conservación de registros digitales, auditorías independientes y obligaciones de seguridad para fabricantes, desarrolladores y operadores.
Sin embargo, regular no significa presumir culpabilidad. El legislador debe evitar que la búsqueda legítima de protección termine convirtiéndose en responsabilidad penal objetiva, incompatible con las garantías y derechos fundamentales.
También corresponde al Ministerio Público prepararse para investigar estos acontecimientos mediante peritajes especializados que permitan identificar posibles intervenciones humanas penalmente relevantes.
La inteligencia artificial nos obliga a replantear preguntas que hasta hace poco parecían reservadas a la ciencia ficción.
¿Quién responde cuando una máquina causa un daño? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien la diseñó? ¿Puede sancionarse penalmente una conducta que ningún ser humano quiso ni pudo razonablemente prever?
El verdadero desafío no consiste en enseñar a las máquinas a responder ante la justicia, sino en construir un sistema jurídico capaz de proteger a las personas sin sacrificar los principios esenciales del derecho.
La entrada ¿Y si un robot comete un delito? Retos normativos de la inteligencia artificial se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).