
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró este jueves que el nuevo Código Penal plantea mayores exigencias para la gestión pública y requiere fortalecer los mecanismos de auditoría, la fiscalización del patrimonio de los funcionarios y la coordinación entre la Cámara de Cuentas y los órganos responsables de perseguir la corrupción.
Durante una conferencia magistral en la Segunda Jornada de Actualización en Derecho Público de la Cámara de Cuentas, el jurista destacó que la aplicación de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, exige reforzar las capacidades técnicas de las instituciones responsables de supervisar el uso de los recursos estatales y determinar posibles irregularidades, según detalla un comunicado.
Castaños Guzmán señaló que las disposiciones sobre corrupción, contratación pública, sobrevaluación, malversación de fondos y conflictos de intereses deben analizarse en relación con los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad que rigen la Administración pública.
No obstante, advirtió que no toda irregularidad administrativa constituye una infracción penal, debido a que para establecer responsabilidad de esa naturaleza deben comprobarse los elementos previstos en la ley. También señaló que las responsabilidades administrativas, civiles, patrimoniales y penales responden a criterios diferentes, aunque puedan derivarse de unos mismos hechos.
Control de las declaraciones patrimoniales
El vicepresidente ejecutivo de Finjus destacó la función de la Cámara de Cuentas en la revisión de las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios públicos, especialmente para identificar inconsistencias entre los bienes declarados, los ingresos lícitos y la evolución patrimonial.
Explicó que este mecanismo también permite detectar posibles conflictos entre los intereses particulares de los servidores públicos y las responsabilidades que tienen a su cargo.
En ese sentido, consideró que la declaración jurada no debe entenderse únicamente como un registro de bienes y obligaciones, sino como un instrumento para supervisar la integridad en el ejercicio de la función pública.
Castaños Guzmán sostuvo que la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas tiene un papel relevante en la comprobación de la información declarada y en la documentación de inconsistencias que puedan requerir la intervención de las autoridades competentes.
Precisó que esta labor debe realizarse sin invadir las atribuciones del Ministerio Público ni las de los órganos responsables de juzgar las infracciones penales.
Auditorías y contratación pública
El jurista también planteó la necesidad de fortalecer las auditorías financieras, de cumplimiento y especializadas, con énfasis en la contratación pública, la ejecución presupuestaria y la administración de los bienes estatales.
Indicó que los equipos de fiscalización deben contar con metodologías rigurosas para identificar y cuantificar los hallazgos, establecer el origen de las diferencias económicas y distinguir entre los montos contratados, los pagos realizados, las variaciones de precios y los daños efectivamente determinados.
Además, destacó que la calidad técnica de los informes resulta fundamental para que sus resultados puedan ser examinados por las autoridades correspondientes y contribuyan a establecer las responsabilidades que procedan.
También recomendó mejorar los controles internos de las instituciones, documentar las decisiones administrativas y garantizar la trazabilidad de las operaciones, desde la contratación hasta la ejecución y el pago de los proyectos.
El representante de Finjus sostuvo que estas medidas no deben conducir a una gestión pública basada en el temor a las sanciones, sino a procedimientos que garanticen el cumplimiento de la ley, la transparencia y la rendición de cuentas.
Coordinación entre los órganos de control
Castaños Guzmán afirmó que la efectividad de la fiscalización depende, además, de la coordinación entre la Cámara de Cuentas y las instituciones responsables de prevenir e investigar la corrupción.
En ese contexto, señaló la importancia de comunicar oportunamente los indicios de posibles infracciones, preservar las evidencias documentales y respetar las competencias de cada institución.
Asimismo, advirtió que la posición jerárquica de un funcionario o su deber de supervisión no implican automáticamente responsabilidad penal por las actuaciones de otras personas, pues deben cumplirse los requisitos establecidos por la legislación.
El jurista consideró que la aplicación del nuevo Código Penal representa una oportunidad para especializar los equipos auditores, mejorar los procedimientos de fiscalización patrimonial y fortalecer la capacidad de los órganos de control para identificar irregularidades.
Al concluir, reiteró que la fiscalización superior constituye una herramienta para proteger los recursos públicos y contribuir al bienestar de la ciudadanía, debido a que las deficiencias en su administración pueden repercutir en la calidad de los servicios públicos y en el ejercicio de los derechos fundamentales.
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