EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Un total de 59 personas vinculadas a actividades de contrabando y comercio ilícito fueron detenidas durante 2026, de las cuales 13 han sido judicializadas, según datos presentados por el Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito.
Las cifras fueron dadas a conocer durante una reunión encabezada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en la que representantes de instituciones públicas y del sector privado evaluaron los resultados de las acciones conjuntas contra esas actividades.
Durante el encuentro, los integrantes del Consejo plantearon la necesidad de fortalecer los operativos y mantener el seguimiento de los casos para coordinar las actuaciones de las entidades responsables.
En el balance correspondiente al período 2020-2026, el organismo reportó la realización de 53,086 patrullajes y 759 allanamientos, así como la retención de más de 270 millones de productos de procedencia ilícita.
Entre las mercancías ocupadas figuran 132 millones de unidades de tabaco y sus derivados, 135 millones de medicamentos y sus derivados, 1.5 millones de botellas de alcohol y sus derivados, además de 330,000 unidades de clerén y estimulantes sexuales.
Solo entre enero y septiembre de 2026, las autoridades retuvieron más de 95 millones de productos correspondientes a las categorías señaladas.
Medicamentos y bebidas alcohólicas
Dentro de los resultados presentados, el Consejo destacó el aumento de las incautaciones de medicamentos y sus derivados. Según los datos ofrecidos, las unidades retenidas pasaron de 67,487 en 2021 a 67 millones en lo que va de 2026, un resultado que el organismo atribuye al fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones participantes.
El Consejo también informó que la República Dominicana se mantiene desde 2022 sin registrar muertes asociadas al consumo de bebidas adulteradas o clandestinas, de acuerdo con el balance presentado.
Nuevo Código Penal y persecución del comercio ilícito
Durante la reunión, Reynoso resaltó la importancia de adecuar las investigaciones a las disposiciones del nuevo Código Penal, vigente desde agosto de 2026, y de utilizar los instrumentos legales disponibles para perseguir las actividades ilícitas.
La procuradora general también señaló la relevancia de la Ley de Extinción de Dominio núm. 340-22 y recordó que la primera sentencia vinculada a ese mecanismo estuvo relacionada con un caso de comercio ilícito.
Asimismo, planteó la necesidad de llevar el estudio de este delito al ámbito académico para profundizar en sus características y fortalecer las capacidades de investigación.
Reynoso advirtió que el comercio ilícito puede afectar la libre competencia, a las empresas que cumplen con las regulaciones y la seguridad jurídica, además de repercutir en el empleo y el clima de inversión.
“Hay que desmontar una cultura, para que se llegue a entender que el comercio ilícito es grave, porque cuesta vida: cuesta salud, tiene una afectación económica, afecta a las empresas y si afecta las empresas va a afectar el clima de inversión, va a afectar el empleo, es un impacto de 360 grados”, expresó.
La procuradora indicó que el Ministerio Público impulsó la creación de una unidad operativa de investigación sobre el comercio ilícito.
Coordinación entre instituciones
Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, llamó a las instituciones vinculadas a mantener el seguimiento de los casos y la continuidad de las acciones contra esas actividades.
“Este es un compromiso país, y estas estadísticas dicen que vamos por el camino correcto”, manifestó.
En la reunión participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, Proconsumidor y el Instituto Dominicano para la Calidad.
También estuvieron presentes organizaciones empresariales vinculadas a las industrias del tabaco, la cerveza, el ron, los combustibles, los productos farmacéuticos y la importación de vinos y licores.
El Consejo destacó, además, que la República Dominicana permanece fuera de la lista de observación del Informe 301 de Estados Unidos sobre propiedad intelectual.
MMB
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