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Por Francisco Cabrera Mata

La audiencia virtual, entre la opción y la obligación (elnuevodiario.com.do)

 

Los límites al libre tránsito y a la posibilidad de reunión que experimentamos a causa de las medidas oficiales que fueron adoptadas con el fin de mitigar entre nosotros el auge de la pandemia, más el miedo colectivo a contagiarnos, no dejaron indemne el funcionamiento de la administración de justicia. En ese contexto, para evitar la parálisis total del aparato judicial, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) dictó la Resolución 007-2020, del 2 de junio del 2020, que fija el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales.

De golpe, llegamos un modelo de audiencias sustentado en un instrumento normativo bien redactado y pensado con agudeza, cuya lectura deja la sensación de que el proyecto es más que la oferta emergente a una situación apremiante. La motivación que le acompaña lleva tanto de simpatía por el llamado “Plan Estratégico Visión Justicia 2024” de que habló el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del CPJ, el 7 de enero último, como de razones para enfrentar la emergencia ocasionada por la cuarentena.  Pese a no ser una obra perfecta, inteligencia le sobra.

Se trata del arribo de una importante e innovadora política en la gestación de las audiencias que la comunidad jurídica no debe observar con escepticismo. Lástima que la modalidad haya llegado sin avisar y tan tarde, puesto que aquellas audiencias pautadas para agotar puros trámites y las que tienen lugar en ocasión de ser conocido el recurso de casación, encuentran en la fórmula su mejor pasarela. A la época, debimos ser expertos en el tema.

Con todo, nuestro entusiasmo por la causa no es ilimitado. La inexcusable obligación de cuidar el debido proceso, respetar las competencias en relación a las funciones propias de cada Poder del Estado y, con ello, la seguridad jurídica, nos acercan a la idea de quienes estiman que los efectos de aquellos elementos transformacionales citados en la propia Resolución, no deben descansar en regla parida fuera de la sede Congresual. No obstante, la postura contraria es la que ha predominado y ondea a los cuatro vientos.

Ahora bien, una vez ondeando la bandera que estima al CPJ competente para producir una obra de tal naturaleza, cumplir lo que el acto promete es necesario y hasta elegante. La opcionalidad como eje transversal del modelo y las actuaciones a cargo de la secretaría del tribunal para comprobar el consentimiento del usuario, constituyen garantías en provecho de las partes que integran el debido proceso derivado de la propia regla.

Observemos que en el protocolo la opcionalidad es guía fundamental del esquema[1], una perspectiva que descansa como principio y derecho[2], y aparece en función de requisito para la validez[3] del estándar. Asimismo, fijada la fecha del juicio, deja en manos de la secretaría verificar si las partes han consentido en someterse a la modalidad virtual y que, en ausencia de ese dato previo a la audiencia, deben ser contactadas a fin de recabar su disposición de suscribir el servicio[4]. Luego, ante estas pautas con detalles garantistas, los temores parecían innecesarios.

Pero no es tal cual, en la arraigada cultura de ver en el usuario a meros destinatarios de órdenes y no a titulares de derechos que en el ejercicio de sus atribuciones las autoridades deben respetar, se ha hecho muy notorio el adormecimiento de las referidas garantías. Así, la  opción va pasando de derecho a acto censurable y la prometida diligencia a cargo de la secretaria se transforma en un saludo a la bandera del invasor. En este sentido, la nueva regla amenaza el debido proceso que ha creado.

Por ejemplo, a falta de justificar su negativa de acogerse al modelo, sobre esta postura se ha expandido la censura como reacción al ejercicio de la prerrogativa. Igualmente, el derecho a la opción libra la batalla de ser reducido a la oferta de espacios y tecnología que se supone servirían para asistir a personas carentes de servicios o instrumentos de data. Como si tal asistencia desnaturalizara lo virtual, esta facilidad es denominada semi-presencial y, por tanto, con ella satisfecha la opcionalidad.

Lamentablemente, tales ejemplos no surgen en respuestas a circunstancias apremiantes que podrían hacer indispensable la utilización de la vía para garantizar la rápida intervención de la justicia en la efectividad de los derechos y garantías de los ciudadanos. Hacia estos casos, abandonados con sobrada razón a la discrecionalidad del juez[5], a cambio de no vaciar de contenido la prometida opcionalidad y el sentido de la verificación que busca confirmar la aceptación del modelo previo a la audiencia, la potestad es excepcional por naturaleza.

Si es que ha llegado la hora de transitar a las ventajas que ofrece la tecnología, procuremos que el tren de la modernidad acomode al usuario en asientos de primera clase; verlo como el monorriel para desplazar la nave, no está lejos de saltar la interdicción de la arbitrariedad. Por eso, preservar el criterio de que el acto impacta positivamente en el manejo de las audiencias y que es conforme a la Constitución, obliga ineludiblemente a cumplir lo que la innovación promete. Permitir lo contrario contribuirá al descrédito de una regla de incuestionable importancia.

Por Francisco Cabrera Mata

Por Francisco Cabrera Mata

La carrera administrativa electoral tiene carta de ciudadanía, dejémosla pasar (elnuevodiario.com.do)

 

Pese a que los modelos en vigor hayan dejado su amarga cuota de desaliento, la carrera administrativa es más que permanencia en un puesto de trabajo. Comprende por igual, quizás con mayor peso, el aprovechamiento de ese valioso capital humano que resulta de los conocimientos adquiridos y el debido manejo en temas de función pública. Es un instituto que procura proteger la dignidad del servidor público honrado tanto como la del destinatario de los servicios.

Entre nosotros es un asunto blindado desde la Constitución[1] y ampliado por la Ley 41-08, de Función Pública, que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, hoy conocida por la denominación “Ministerio de Administración Pública”. Este instrumento, además de pautar la carrera administrativa general, prevé el llamado régimen especial conocido por su ejecución en áreas como el servicio Diplomático y Consular, Ministerio Publico y Educación.

A juicio de la Corte Constitucional de Colombia, dicho molde encuentra su fundamento en tres objetivos básicos: el óptimo funcionamiento en el servicio público, la garantía en el  ejercicio del derecho para acceder al desempeño de cargos públicos y, a  partir del principio de estabilidad en el empleo, la protección de los derechos subjetivos de los trabajadores al servicio de Estado[2]. Es un compromiso con cara de privilegio.

Esa estabilidad, a cambio de un desempeño que responda a la eficiencia y requerimientos éticos custodiados por un marco disciplinario, es la promesa abrazada por nuestro sistema.  La inobservancia de esta regla apunta hacia una fricción constitucional. En efecto, en el artículo 145 de la Carta Magna, leemos que: “la separación de los servidores públicos que pertenezcan a la carrera administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley”.

Pero siendo el MAP brazo ejecutor del Poder Ejecutivo en la materia, razones asociadas a la aplicación del principio de separación de poderes y a la autonomía reforzada de los órganos extra poder, justifican que en tales espacios de potestades públicas tenga lugar la construcción de sus propios procedimientos. Ejemplo de ello encontramos en la carrera judicial, aplicada en la relación del Poder Judicial con sus empleados, y la carrera constitucional, que versa sobre el mismo tema en sede del Tribunal Constitucional.  Es un tema que no ha sido ajeno a la sede electoral.

Para el año 2009, la JCE anunció la firma de un acuerdo con el INAP, dependencia del MAP, en busca de  crear las bases para que el personal del órgano electoral pudiere ser incorporado al sistema de carrera administrativa. Tal iniciativa circulaba en el debate nacional desde el 2004[3]. Sin embargo, por encima del buen ánimo exhibido en ese noble propósito, el diseño promovido en aquella ocasión revela que los protagonistas de la idea no veían a la JCE como un órgano extra poder y, por tanto, capaz de generar su propia norma sobre el particular.

Afortunadamente, la puesta en escena de la ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, abre un importante capítulo al respecto y dota de carta de ciudadanía la carrera administrativa en sede electoral. En este sentido, de acuerdo al artículo 22 del indicado instrumento normativo, la Junta Central Electoral dictará, dentro de su facultad reglamentaria, las disposiciones pertinentes para asegurar el establecimiento y funcionamiento de la Carrera Administrativa Electoral. La carta está sobre la mesa, esperamos por su contenido.

Si bien el material a reglamentar es de una amplitud que supera el espacio permitido para estas notas, puntualizar un aspecto será siempre posible. Asumido el tema, la dinámica a aplicar para medir el nivel de desempeño no debe quedar atrapada en el corporativismo o abandonada a estudios huecos que suelen tener lugar al margen de la satisfacción real del destinatario de los servicios. Por eso, evitar la distorsión que en ese y otros sentidos experimentan modelos vigentes, se traduce en una ineludible obligación.

En todo caso, colocar el desarrollo del referido mandato en la agenda inmediata de la institución responsable, no solo constituiría una buena nueva para el usuario, beneficiario último y razón de ser de los servicios públicos, sino que coadyuva a la consolidación de la buena imagen que desde su llegada exhibe la nueva gestión. Dicho esquema, por estar llamado a preservar e incorporar con transparencia capital humano de calidad, es un desafío decente que enaltece cualquier tipo de administración. Para eso, carácter y competencia sobra en el pleno recién formado.

Por Francisco Cabrera Mata

El salario de Navidad visto con los ojos del confinamiento (elnuevodiario.com.do)

Hablar de regalía pascual es un tema tan emocionante de la temporada navideña como la cena de nochebuena y la llegada del año nuevo. De cara a las personas ligadas por un contrato de trabajo, la denominación correcta es “salario de navidad”. Se trata de un derecho del trabajador, independientemente de la modalidad del contrato, equivalente a la duodécima parte del salario ordinario devengado durante el año calendario y que, en adición al salario de rutina, debe recibir a más tardar el 20 de diciembre.

De esta manera, si la persona labora todo el año o se ve impedido de trabajar por causa inexcusable e inherente a su empleador, el monto a percibir por este concepto podría ser igual al que devenga cada mes, salvo que dicha suma supere el tope legal; de ahí la denominación “doble sueldo”. En cambio, la inactividad laboral que afecta el pago del salario ordinario y resulta excusada en uno de los motivos que regula la ley, está llamada a impactar el referido importe en forma proporcional. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo es uno de estos casos.

En ocasión de intervenir suspensión de los efectos del contrato, institución celosamente regulada por la norma laboral, las partes quedan exoneradas de cumplir con sus respectivas obligaciones. De este modo, en busca de salvar la vigencia del vínculo ante circunstancias difíciles y garantizar así la plaza de trabajo, temporalmente sufre el fisco, el empleador y el trabajador. Si bien el asalariado queda liberado de prestar el servicio, igual se ve privado de devengar el salario.

Un ejemplo vivo de lo que venimos de decir nace de la situación generada por las medidas adoptadas en el país desde marzo último y que han perseguido detener el auge de la pandemia que nos amenaza. Las limitaciones a los derechos de libre circulación y otras expresiones que disminuyeron considerablemente la posibilidad de agruparnos, deterioraron el aparato productivo hasta alterar a un alarmante número de contratos. Con ello, los derechos de los trabajadores, salario de navidad incluido, quedaban en la ruta del daño inminente.

A pesar de que las pautas iniciales ordenaban el cierre de sectores determinados, muy pronto una cifra considerable de empresas autorizadas a seguir operando sintió el sobrepeso de la desafortunada circunstancia. Es que en adición al tema de la libre circulación, por temor al contagio muchos trabajadores quedaron atrapados en un tipo de miedo que terminó afectando la asistencia al trabajo. Por lo que, perdíamos el ritmo normal de las actividades y enfrentábamos una atípica suspensión de los efectos del contrato de trabajo que aún  late.

De este modo, el drama humano no solo se imponía a las partes por emanar la orden del príncipe imponiendo cierre de negocios y limitando el movimiento de personas, sino que resultaba abonado por el instinto de sobrevivir al ataque de la naturaleza. Pero, al tiempo que el trabajador perdía su salario y el empleador la posibilidad de producir, surgieron acciones sociales del Estado que apuntaron hacia la relación de trabajo afectada. Es en ese contexto que son anunciados los llamados programas FASE I y FASE II.

Con el primero, el Estado asistía a aquellos trabajadores cuyas empresas estaban imposibilitadas de trabajar ante la indicada suspensión atípica. Por su lado, con el segundo, para paliar los daños colaterales y ayudar a la permanencia activa de los contratos, el beneficio quedó dirigido hacia los empleadores habilitados a seguir operando y que  lograron madurar esfuerzo a esos fines. En relación con eso, hasta garantizar el salario que responde a una jornada normal, el empleador contó con la facultad de deducir de la retribución correspondiente al trabajador una suma igual a la acreditada por el Estado.

Como se aprecia, en esta última modalidad el dinero aportado lleva naturaleza de salario y, aunque sea depositado directamente en una cuenta propiedad del trabajador, es proyectado en provecho del empleador. Por consiguiente, las empresas beneficiarias de esta asistencia, llegado el momento de calcular el importe del salario de navidad de sus trabajadores para el año 2020, están obligadas a tomar en cuenta tales valores. Luego, si la jornada diaria no bajó para afectar los ingresos, el derecho al salario de navidad completo no está en juego.

No obstante, la solución es diferente respecto a aquellas empresas en donde ha predominado la suspensión de los efectos del contrato, pues la asistencia recibida a través del programa FASE I no ha tenido esencia de salario. Para estos casos, entonces, la compensación salarial dejada de percibir durante el período de inactividad incide negativamente en el monto del salario de navidad a que tendría derecho el trabajador; éste será en proporción a los salarios devengados dentro del año.

Como podemos ver, tenemos un sector refugiado en la suspensión de los efectos del contrato de trabajo que no puede ser obligado a abonar el salario de navidad completo y otro que, acogido al FASE II, hoy como el primer día requiere de la respiración artificial suministrada en aquella ocasión. Por eso, dado que la salida jurídica no le resta a la penuria que asoma, en ambos programas, la extensión de la mano solidaria del Estado parece tan necesaria como impostergable. De lo contrario, a Dios que reparta suerte, puesto que la relación entre el capital y el trabajo la va a necesitar.

Por Francisco Cabrera Mata

Disponible en El salario de Navidad visto con los ojos del confinamiento (elnuevodiario.com.do)

Por Francisco Cabrera Mata

Apuntes por un modelo de auditoría periódica sobre el Registro Civil (elnuevodiario.com.do)

En ocasión de que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia TC/168/13, la Junta Central Electoral quedó cuestionada en el rol de juez y parte que jugaba respecto a la discrecionalidad aplicada en la emisión de actas de  nacimientos que estimaba irregulares. Por la misma decisión, además, la corporación resultó ligada a la puesta en ejecución de una auditoría sobre el Registro Civil[1], instituto que administra desde el año 1992, en virtud de competencia dada por la ley 8-92, atribución elevada a rango constitucional en el 2010[2] y que actualmente recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Los propósitos de ese trabajo técnico estaban orientados a detectar las inscripciones de nacimientos asentadas en los libros del Registro Civil de hijos cuyos padres no poseían los documentos exigidos a esos fines por la ley. Esta tarea, en función a razones explicadas en el referido fallo, comprendía el período que medió entre 16 de junio del 1929 y 18 de abril del 2007.

En efecto, la institución llevó a cabo la misión, una titánica labor que tuvo lugar en un tiempo record. El informe sobre el particular da cuenta que fueron inventariados unos 116 mil 506 libros, integrados por 16 millones, 748 mil 568 folios[3]; superar las irregularidades allí detectadas constituyó la coronación del proceso. Pero, considerar agotada la necesidad de esa exitosa inspección pautada para hacer frente al drama humano develado por la decisión constitucional, sería un exceso de confianza que nos podría llevar a repetir parte de la historia.

La conminación permanente que la realidad vierte sobre el Registro Civil, es y será referente obligatorio para que el órgano electoral haga uso de sus facultades reglamentarias y pueda desarrollar una política llamada a sistematizar el modelo de auditoría practicado. Identificar oportunamente la suma de posibles errores con el propósito de corregirlos, conviene a todos y nos distancia menos de los eventuales responsables.

Un Reglamento a esos fines, producido en virtud de la potestad que el artículo 212 constitucional confiere a la JCE, sería regla de imperativo cumplimiento destinado a institucionalizar tal obligación. Esta auditoría podría ser fijada en forma periódica, a lo sumo cada diez años y tomando siempre como punto de partida el último período auditado; evitando, en cualquier circunstancia, que ello ocurra en los años de primarias y de asambleas electorales.

Recordemos que no solo somos el lugar paradisíaco que atrae turistas o el espacio para el refugio de quienes huyen de alguna desafortunada circunstancia. Por razones humanitarias o por debilidad institucional, nos hemos convertido en un aliado incondicional de la asistencia que necesita un alto número de parturientas provenientes de Haití. Este ejemplo, cuya presentación sobra, es tan voluminoso como amenazante para el Registro Civil.

El libro Registro del nacimiento de niños de padres extranjeros no residentes en República Dominicana, implementado en el año 2007[4], a pesar de ser una herramienta de importancia en el tema, no es vacuna que indemniza contra errores o posibles fraudes. Incluso, la JCE no controla la suerte de estas inscripciones cuando llegan a sede diplomática, proceso que es puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos, empero no los consume.

Ciertamente, debemos tener fe en el denominado libro de extranjería, pero esta confianza no es suficiente para dejar por organizada la situación migratoria de una elevada cifra de extranjeros que, a cualquier precio, fija asiento en la República Dominicana. Este tema migratorio, materia que escapa a la competencia del organismo electoral, debe servir de alarma para marchar a la defensiva en la ruta por mitigar la eventual consolidación de anomalías tan lesivas de derechos como las delatadas en la mencionada sentencia TC/168/13.

De justicia es reconocer que la puesta en marcha de la automatización del Registro Civil promovido desde el 2005, constituye un gran paso hacia la eficiencia del servicio que debe llegar a las personas. Aún así, saber que necesitamos la vigencia de un régimen de rectificación actas, que nos preocupa la suplantación de identidad y que el libro de extranjería camina hacia la saturación, hace suponer que todavía el sistema es vulnerable.

Como se aprecia, esta vulnerabilidad no está reducida a las instalaciones físicas que sirven de alojamiento a una Oficialía del estado civil o al modelo técnico-operacional. De modo que, resaltar la mejoría del  sistema de contabilidad relativo a los nacimientos, no significa excluir el peligro de actividades que acechan buscando cambiar una identidad o la alteración de inscripciones que persiguen simular situaciones que debemos prevenir y, si fuere necesario, corregir.

Por eso, un levantamiento periódico y reglado de forma tal que de gestión en gestión vincule a la propia JCE, le permitiría al órgano tener dominio a tiempo sobre posibles inscripciones irregulares; de este modo, gana la persona inscrita y gana el Estado. Pues, la fortaleza y la diafanidad del Registro Civil, como soporte de un maestro de cedulados que más tarde servirá de base al Registro Electoral, es la pieza primera para preservar la identidad de las personas y la transparencia de las asambleas electorales.

 

Disponible en: https://elnuevodiario.com.do/apuntes-por-un-modelo-de-auditoria-periodica-sobre-el-registro-civil/?fbclid=IwAR1nckIjLFra2srF1B24ZGSP5tkp6wqj5XBDmm0-GtPgNqiqGyIjvq0yiw8