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Gral. Juan Manuel Mendez

Gral. Juan Manuel MendezCOE Inicia hoy la segunda fase del operativo de fin de año “por la dominicanidad, los valores y su seguridad”.



El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó ayer que treinta y cuatro mil hombres y mujeres estarán desplegados en las calles a disposición de la población para prevenir accidentes  de tránsito, intoxicación alimentaria o por ingesta de bebidas alcohólicas.

Juan Manuel Méndez dijo que reforzarán los puntos donde ocurrieron más accidentes de tránsito durante la primera fase del operativo que culminó con un saldo de 28 muertos. 

“La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) será bastante drástica en ese aspecto. Se van a retener los vehículos y a fiscalizar a los choferes que se desplazan por las principales vías del país, en vehículos pesados sin el permiso correspondiente”, indicó.

Refirió que en esta etapa solo se permitirá el tránsito de los vehículos pesados que transporten combustibles, alimentos y medicamentos, ya que del total de fallecidos en accientes de tránsito, cinco de ellos fue por choques ocasionado por ese tipo de transporte.

Indicó que para esta jornada cuentan con 164 ambulancias, nueve puestos de mandos regionales, un hospital móvil y  tres helicópteros para supervisar y dar respuestas a las distintas situaciones que se presenten en las festividades de fin de año.

Méndez agregó que el día 31 de diciembre aumentará la cantidad de miembros de la Defensa Civil, la Cruz Roja, los paramédicos y el Cuerpo de Bomberos, quienes estarán en los lugares con mayor afluencia de personas, tales como el Malecón de Santo Domingo, el Monumento de Santiago, así como otros puntos del país donde se conglomeran mayor número de personas. 

Exhortó al Ministerio Público a tomar medidas más drásticas contra los padres irresponsables que permiten a sus hijos menores de edad consumir bebidas alcohólicas. Recordó que un niño de dos años resultó intoxicado en días pasados. 

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En su informe preliminar, emitido luego de su visita al país, del 2 al 5 de diciembre del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana 168-13, estableció "una nueva interpretación para la adquisición de la nacionalidad de personas nacidas en el país que sean hijos de padres extranjeros en tránsito"... con lo cual, "personas que anteriormente habían sido reconocidas como de nacionalidad dominicana, fueron desnacionalizadas."

Como resultado de ese razonamiento, la Comisión concluyó  indicando que la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad; que tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta, esencialmente, a personas de ascendencia haitiana; y genera apatridia en relación con aquellas  que no son consideradas como nacionales  por ningún Estado.

Independientemente de una consideración de fondo sobre  los criterios vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reiterados por otras instituciones de la comunidad internacional, cabría, desde la perspectiva jurídica, aclarar algunos conceptos e ideas que puedan contribuir, tal vez,  a la búsqueda de una solución, que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional, satisfagan los requerimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En tal virtud, es preciso indicar que el derecho o facultad de establecer los criterios de determinación de la nacionalidad de un país, los fija el Estado de ese país; y esto así, porque como bien reconoce la propia Comisión, la nacionalidad no es otra cosa que el vínculo jurídico que se implanta entre una persona y un Estado determinado.

Por consiguiente, en principio, el tema de la nacionalidad se corresponde, más bien, con las normas o el Derecho Interno de una nación, y no con las del Derecho Internacional; y al ser así, no existe  un criterio de validez universal, aceptado por todas las naciones del mundo, acerca de las condiciones requeridas para ser nacional de un país determinado.

Esas son condiciones establecidas por cada país, en forma soberana,  conforme a su mejor criterio e interés nacional, aunque, generalmente, sirven de referencia las reglas relativas al derecho de sangre ( jus sanguinis) y al derecho de suelo ( jus solis).

Las reglas del Derecho Internacional sólo encuentran aplicabilidad, en materia de nacionalidad, cuando atañen al reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos, con lo cual puede surgir un conflicto o colisión de derechos entre la noción de soberanía nacional y la de respeto a la dignidad humana consagrada en diversos tratados internacionales.

OBLIGATORIEDAD DE LAS SENTENCIAS Y SOBERANIA NACIONAL
Una sentencia, en sentido estricto, al ser la resolución de una controversia, conflicto o disputa, que emana de un órgano jurisdiccional del Estado, como son los tribunales, constituye una expresión de soberanía de una nación.

En el caso de la República Dominicana, conforme al artículo 2 de la Constitución, "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa..."

Inmediatamente, en su artículo 3, nuestra Carta Sustantiva, precisa: "La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes  públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana."

Para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, fue creado, mediante la reforma constitucional del 2010, el Tribunal Constitucional.

Conforme al artículo 184 de la Constitución y  31 de su Ley Orgánica, "Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado."

Más aún, en su sentencia 158-13, al analizar el concepto de cosa juzgada constitucional, nuestro Tribunal Constitucional sostuvo:

"La cosa juzgada que se deriva de las disposiciones del referido artículo 45 de la Ley num. 137-11, en los casos de acogimiento de la acción directa de inconstitucionalidad, no tiene el típico alcance de la cosa juzgada relativa de los procesos civiles que sólo alcanza a las partes involucradas en dichos litigios, sino que se trata de una cosa juzgada constitucional; es decir, que por el carácter irrevocable e incontrovertido de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales orientadas a resguardar la supremacía y el orden constitucional, así como la protección efectiva de los derechos fundamentales, la presunción de verdad jurídica que se deriva de la condición de cosa juzgada, no sólo atañe a las partes procesales, sino a todas las personas públicas y privadas por la vinculatoriedad erga omnes de los fallos del Tribunal. Dichos fallos no pueden ser impugnados ante ningún otro órgano del Estado dominicano, de conformidad con las disposiciones del artículo 184 de la Constitución de la República."

Al sostener las sentencias del Tribunal Constitucional el carácter de definitivas e irrevocables y ser vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado, resulta inapropiado solicitarle al Presidente de la República, así como a cualquiera otra institución u organismo del Estado, que incumpla con su ejecución. Eso sería incitarle a violar la Constitución y las leyes de la República, lo que conlleva consecuencias penales.

¿QUÉ HACER?
En la búsqueda de una solución constructiva que permita conciliar la noción de soberanía nacional con la de respeto a los derechos humanos, hay que partir del principio de que la jurisdicción internacional no reemplaza o sustituye la nacional,  sino que la complementa.

De esa manera, El Estado nacional conserva, de manera íntegra, sus atribuciones jurisdiccionales para conocer de los hechos y resolver por vía de sentencia. Es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, en una decisión que si bien puede ser considerada controversial, ya tiene la autoridad de la cosa juzgada constitucional, y, por consiguiente, la presunción de verdad jurídica.

Lo que procede ahora es aplicar las disposiciones del Decreto 327-13, dictado por el presidente Danilo Medina, en virtud del cual se instituye el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana.

Ese plan confiere la oportunidad de lograr algo sin precedentes en la República Dominicana,  que es la de proveer un estatus de legalidad documental a todo extranjero que se encuentre radicado de manera irregular en territorio dominicano.

Para casos como el de Juliana Deguis Pierre, la accionante en revisión de amparo constitucional, el párrafo del artículo 8 prevé una solución. Es la siguiente:

"Para los nacidos en territorio de la República Dominicana hijos de padres extranjeros en condición migratoria irregular a quienes no les correspondía la nacionalidad dominicana conforme a la normativa vigente, le asistirá la potestad de acogerse a un proceso especial para la naturalización..."

En otras palabras, no quedan desnacionalizados.

Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, la República Dominicana no procederá a deportaciones masivas, nadie quedará en condición de ápatrida, a ninguna persona se le privará del acceso a los servicios básicos y todo el mundo será respetado en su dignidad humana.

Pero a la República Dominicana hay que respetarle su derecho soberano a decidir quiénes son sus nacionales, quiénes son extranjeros, quiénes son indocumentados y cómo se regulariza y establece un sistema operativo de identidad personal.

Hace cuarenta años, en 1973, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el controversial caso de Roe contra Wade, decidió legalizar el derecho al aborto. Esa decisión provocó la crítica airada de quienes consideraban que la Corte no reconoció, desde su concepción, los derechos  de la vida humana fetal; o los que creían que la sentencia era ilegítima porque se desviaba de lo estipulado en la Constitución norteamericana, al extender el derecho al aborto a todos los estados de la Unión.

El 22 de enero de cada año, al conmemorarse la fecha del referido fallo, centenares de miles de ciudadanos estadounidenses se concentran frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia para protestar contra una sentencia que consideran ha violado el más sagrado de los derechos fundamentales de todo ser humano: el derecho a la vida.

Sin embargo, a pesar de eso, a nadie se le ocurre pedirle al Presidente de los Estados Unidos  que revoque la sentencia o incumpla con sus disposiciones.

Tampoco debería ocurrir en la República Dominicana.

Que las emociones no obnubilen nuestra capacidad para razonar. Busquemos entre todos soluciones inteligentes, pragmáticas y viables que nos permitan, al mismo tiempo,  proteger nuestra soberanía nacional y rescatar nuestro prestigio internacional.

Que así sea. 

Senadora Sonia Mateo

Senadora Sonia Mateo.Tras advertir que hay un plan internacional para que la República Dominicana desaparezca, la presidenta de la comisión de Frontera del Senado, Sonia Mateo, dijo ayer que las autoridades deben repatriar a todos los haitianos y demás extranjeros que viven aquí de manera ilegal.

 

La representante de Dajabón sostuvo que el plan anti-dominicano cuenta incluso con el apoyo de sectores internos que procuran la condena internacional del país por alegados maltratos a los haitianos. Afirmó que muchos haitianos cometen crímenes y otros delitos aquí porque entienden que este territorio les pertenece.

Atribuyó el alto índice delincuencial entre los haitianos a que Haití es una nación donde la mayoría de la población no tiene nivel de educación y formación adecuados. “Pero esos haitianos que están ilegales deben, por lo menos, mandarlos a su país para que se legalicen allá y luego vengan con sus pasaportes visados”, dijo la congresista.

Juan Manuel Méndez ofrece el balance del operativo.

Juan Manuel Méndez ofrece el balance del operativo.

El COE reportó ayer que 14 personas murieron dentro del operativo de Navidad, todas en accidentes de tránsito. Según informaron esto es un 18 por ciento menos casos de muerte que en la primera fase del 2012.Según informó el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las muertes reportadas ocurrieron desde el pasado lunes 23 a las 2:00 de la tarde hasta ayer a las 8:00 de la noche y sucedieron en diferentes provincias del país y el Gran Santo Domingo donde murieron tres hombres de 23, 26 y 52 años de edad.



Asimismo, otras muertes que figuran en el segundo boletín ocurrieron en; Montecristi, María Trinidad Sánchez, Tenares y Monte Plata; con un caso, La Altagracia, con dos, y Puerto Plata reportó un total de cinco casos que suman 14 fallecidos.

De los muertos, seis están involucrados a vehículos livianos, tres de ellos a motocicletas y cinco a vehículos pesados.  Méndez informó que durante este operativo de navidad, también se reportaron como afectados nueve individuos por intoxicación alcohólicas. 

Desde que inició el operativo se reportaron 172 casos de accidentes vehiculares, donde resultaron 200 afectados, 62 de estos fueron en vehículos livianos, dos por atropellamiento, 15 por vehículos pesados y 121 por motocicletas. Según informe, el 61% involucra motocicletas.

El general explicó que de las provincias que más casos se han registrado está; el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago, San José de Ocoa y San Pedro.

Amet retuvo 960 vehículos durante la primera fase

Este boletín que se desprende del Operativo Navideño “Por la dominicanidad, los valores y su seguridad 2013-2014” reveló que por la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) fueron retenidos la cantidad de 960 vehículos.

Dentro de esta cifra están 492 motocicletas, 74 vehículos pesados y 197 vehículos livianos, así mismo informaron que 105 fueron fiscalizados por exceso de velocidad y 94 vehículos pesados fueron detenidos por transitar por el carril izquierdo.

El pasado lunes 23 del presente mes, más de 33 mil personas comenzaron a trabajar en el  Operativo Preventivo del COE, donde participan militares, policías, paramédicos y brigadistas, así como especialistas en rescate y búsqueda que pertenecen a los 22 organismos que conforman esta institución. La segunda fase dará inicio el lunes 30 y concluirá el día primero de enero del 2014.

Reforzarán medidas para vehículos pesados

El general Méndez explicó que de los 14 casos de muertes reportadas, cinco involucraban vehículos pesados por lo que dijo “para la segunda fase del operativo debemos reforzar más las medidas para los vehículos pesados: hace tiempo que no teníamos personas fallecidas producto de accidentes con  vehículos pesados”, explicó. Agregó que en la segunda fase el operativo por el asueto navideño tendrán que ser más drásticos y arreciar las medidas.

 

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El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez García, advirtió que serán apresados y sometidos a la justicia los padres, cuyos hijos menores de edad, sean sorprendidos consumiendo alcohol u hospitalizados a consecuencia de intoxicación etílica. 

 

Tambien dijo serán apresados los conductores de motocicletas que transiten por las avenidas sin su casco protector, ya que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), se mantendrá vigilante con estos casos. 

 

Además informó que los alcoholímetros formarán parte de las herramientas de los miembros actuantes para la detección de personas conduciendo en estado en embriaguez.

 

Indicó que los agentes de la AMET estarán en labor hasta las 2:00 de madrugada durante su participación en el  “Plan Operativo de Navidad 2013 por la dominicanidad, los valores y su Seguridad”, que comenzará a partir de mañana lunes 23 y culminará el miércoles 25, en su primera fase.

 

Explicó que esta medida es producto de que, según las estadísticas que han manejado, la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren luego de la medianoche, especialmente por influencia del alcohol durante la conducción automovilística.

 

“Básicamente cuando hablamos de la dominicanidad y los valores, estamos hablando de que en esta navidad lo que se conmemora es el nacimiento de Jesús. Por eso es que apelamos a que la población en sentido general que al momento de desplazarse lo haga con mensura, para que no mezclen el alcohol con el volante”, expresó el director.

 

El director del COE ofreció estas declaraciones durante una visita a Listín Diario, para ofrecer detalles del Plan Operativo de Navidad 2013 por la dominicanidad, los valores y su Seguridad”,  que llevará a cabo un conjunto de medidas preventivas contra los accidentes de tránsito, intoxicación alimenticia y por consumo de bebidas alcohólicas.

 

También destacó que un total de 22 instituciones participarán de manera activa en este operativo donde figuran la Policía Nacional, Cruz Roja Dominicana, Ministerio de Defensa, Salud Pública, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Instituto Nacional de Patología Forense (INACIF), Ministerio de Obras Públicas (MOPC), entre otros.

 

La jornada preventiva contará con 33,125 personas entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, entre otros, en los puestos establecidos.

 

Igualmente 164 ambulancias estarán distribuidas, tres helicópteros ubicados en puntos estratégicos previamente establecidos en las autopistas y las carreteras; además la instalación de un hospital móvil y 9 centros de mando regionales.

 
 

Recogiendo el sentir del pueblo dominicano, la Fuerza Nacional Progresista (FNP), entidad política que preside Marino Vinicio Castillo (Vincho), entiende que el Gobierno dominicano debe pasar a la ofensiva en el campo diplomático para defender la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, empezando por reclamar al Gobierno haitiano el cumplimiento su obligación de reconocer y documentar a sus nacionales y sus descendientes, así como demandar respeto al Acuerdo de Washington 1938 y su modus operandi.

En un comunicado a esta redacción, la FNP señala que este acuerdo constituye el único instrumento vigente entre ambos estados, concertados con los auspicios de F.D. Roosevelt.

“El liderazgo haitiano, que ha probado ser muy diligente procurando sanciones para la República Dominicana, no debe seguir actuando con la actitud del que se cree que todo le está permitido y que no tiene nada que perder”, citan en el comunicado.

Entiende además, que el Gobierno debe demandar a la comunidad internacional apoyar seria y consistentemente al pueblo haitiano en esfuerzos dirigidos a la reconstrucción de las bases nacionales de Haití, destruidas o seriamente menoscabadas hace largo tiempo, lo que contribuirá a reducir las fuertes tendencias a emigrar de su población.

La entidad señala que el Gobierno dominicano debe reclamar que la Minustah asuma su obligación de vigilar y prevenir desde el territorio de Haití el tráfico de ilícito, en especial la migración ilegal y el tráfico de armas y drogas, algo que desafortunadamente nunca ha hecho.

ADVIERTE DE PLAN CONTRA SENTENCIA TC

Ante todo lo antes mencionado, advirtieron que se prepara a la opinión pública del país para que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) sea desconocida o mediatizada, mediante un compromiso de naturaleza política, condicionado desde el exterior.

Indica que le preocupa que la gran mayoría de los dominicanos tienen la percepción de que no están representados adecuadamente los intereses nacionales.

Explica que esta apreciación en torno a la posición dominicana existe por “las agresivas e injustificadas acciones diplomáticas de Haití, que lograron convertir a CARICOM en un foro de enjuiciamiento y censura de la República Dominicana, desde el que se amenazó, incluso, con solicitar tanto a Petrocaribe como a otras organizaciones internacionales sanciones en su contra”.

Destaca que hay que realizar una ratificación enfática e inequívoca, de su acatamiento cabal a la sentencia del TC y dejar claramente establecido que no puede existir fórmula alguna que desnaturalice o limite los alcances de esa trascendental decisión, que cuenta además con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo dominicano.

Expresa que está de acuerdo con la Ley de Naturalización Especial, porque se limitarán a favorecer a las personas nacidas en el territorio nacional, hijas de padres extranjeros en tránsito o situación ilegal, que fueron inscritas en forma indebida en el Registro Civil, que poseen arraigo fehaciente en la República, y que no tengan faltas atribuibles a su persona en el proceso de obtención de su documentación.

Manifiesta que resulta inaceptable procurar extender esos beneficios a los autores de fraudes, falsificaciones o suplantaciones de índole criminal en el Registro Civil.

Anexo el documento enviado al EL NUEVO DIARIO

DECLARACION PÚBLICA

EN LA HORA DIFICIL DE LA NACION….… 

En nuestra condición de partido aliado del Partido de la Liberación Dominicana desde 1993 -en virtud del acuerdo suscrito con su líder histórico Juan Bosch- y de amigos y aliados del Presidente Danilo Medina, queremos manifestar por medio de la siguiente declaración pública, algunas valoraciones, reflexiones y planteamientos en  relación al anuncio realizado por el Presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, de que Haití y República Dominicana asumirán, al más alto nivel, un diálogo sobre importantes asuntos de su agenda bilateral:

Primero. Siempre resulta saludable que los Estados prioricen el diálogo para resolver sus diferencias, algo que por demás constituye una obligación consignada en múltiples tratados, y es de la esencia de las relaciones  internacionales.  Lamentablente,   el diálogo con Haití ha resultado infructuoso en los últimos tiempos, a pesar de que existe un órgano  institucional, que es la Comisión Mixta Binacional, creado para esos fines en 1996 a instancias de la Comunidad Internacional. Ese órgano ha sesionado escasamente y los resultados han sido insatisfactorios, en gran medida por el ambiente de inestabilidad y precariedad institucional que acusa la República de Haití.

Por tanto, es bueno destacar que la anunciada creación de una Comisión de alto nivel, conformada por cinco miembros de cada país, en los hechos implicará la anulación del órgano existente a partir de un reconocimiento implícito de su infuncionalidad. Gestionar las relaciones internacionales entre Estados requiere de un alto nivel de institucionalidad, y se manda una señal negativa cuando se desconocen los organismos existentes.

Segundo. Por las circunstancias especiales en las que se ha venido desarrollando el diferendo diplomático entre la República Dominicana y Haití, es entendible que cualquier iniciativa de diálogo sea  acompañada por terceros Estados y Organismos Internacionales, algo que constituye una práctica común en el ámbito de las relaciones internacionales.

Sin embargo, el gobierno dominicano no debió aceptar nunca que el CARICOM fuera parte de ese proceso, toda vez  que con una ligereza inaceptable descalificó un ejercicio legítimo de soberanía del Estado Dominicano, como lo es la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, y en gran medida fue responsable de que se frustrara el anterior esfuerzo  de mediación auspiciado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En ese contexto, nos preocupa sobremanera, como preocupa a la gran mayoría de dominicanos y dominicanas, la lamentable percepción existente de que no se están representando adecuadamente los intereses nacionales y que, en cambio, se preparan las condiciones políticas y de opinión para que la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sea desconocida o mediatizada, mediante un compromiso de naturaleza política, condicionado desde el  exterior.  Esta última apreciación en torno a la posición dominicana existe porque las agresivas e injustificadas acciones diplomáticas de Haití lograron convertir a CARICOM en un foro de enjuiciamiento y censura de la República Dominicana, desde el que se  la amenazó, incluso, con solicitar tanto a Petrocaribe como a otras organizaciones internacionales sanciones en su contra.

Tercero. Es cierto que la agenda acordada para el diálogo domínico haitiano es de alta prioridad, y que sería un gran éxito que se pudieran destrabar algunos de los proyectos y propuestas que han venido concibiéndose, tanto en interés de ambos países como de toda la región.  Asuntos como el cambio de matriz energética de Haití, para que consuma más gas, y menos leña y carbón, la preservación de la cuenca del Artibonito, así como la coordinación de esfuerzos de  seguridad para impedir el tráfico de drogas por vía aérea  y marítima hacia la Isla de Santo Domingo, constituyen áreas de exigente cooperación internacional.

Sin embargo, conociendo todas las resistencias que, desde el 1996, oponen poderosos actores nacionales e internacionales a las políticas de migración, nacionalidad y frontera de la República Dominicana, no podemos ocultar la viva inquietud que experimentamos cuando se incluyen estos temas en la agenda de dicha comisión, a pesar de que por su naturaleza pertenecen al dominio reservado de los Estados.

Por estas razones nos sentimos en el deber de sugerir al gobierno del Presidente Danilo Medina a lo siguiente:

A) Realizar una ratificación enfática e inequívoca,  de su acatamiento cabal a la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, y dejar claramente establecido que no puede existir formula alguna que desnaturalice o limite los alcances de esa trascendental decisión, que cuenta además con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo dominicano.

B) Establecer en forma terminante que los beneficios de la Ley de Naturalización Especial -con la que estamos plenamente de acuerdo- se limitarán a favorecer a las personas nacidas en el territorio nacional, hijas de padres extranjeros en tránsito o situación ilegal, que fueron inscritas en forma indebida en el Registro Civil, que poseen arraigo fehaciente en la República, y que no tengan faltas atribuibles a su persona en el proceso de obtención de su documentación. Resultaría inaceptable procurar extender esos beneficios a los autores de fraudes, falsificaciones o suplantaciones de índole criminal en el Registro Civil.

Cuarto. El gobierno dominicano debe pasar a la ofensiva en el campo diplomático, empezando por reclamar al gobierno haitiano el cumplimiento su obligación de reconocer y documentar a sus nacionales y sus descendientes, así como demandar respeto al Acuerdo de Washington 1938 y su modus operandi, que constituyen los únicos instrumentos vigentes entre ambos Estados, concertados con los auspicios de F.D. Roosevelt. El liderazgo haitiano, que ha probado ser muy diligente procurando sanciones para la República Dominicana, no debe seguir actuando con la actitud del que cree que todo le está permitido y que no tiene nada que perder.

Debe también demandar a la comunidad internacional apoyar seria y consistentemente al pueblo haitiano en esfuerzos dirigidos a la reconstrucción de las bases nacionales de Haití, destruidas o seriamente menoscabadas hace largo tiempo, lo que contribuirá a reducir las fuertes tendencias a emigrar de su población. En ese mismo sentido, el gobierno dominicano debe reclamar que la Minustah asuma su obligación de vigilar y prevenir desde el territorio de Haití el tráfico de ilícitos, en especial, la migración ilegal y el tráfico de armas y drogas, algo que desafortunadamente nunca ha hecho.

República Dominicana, que ha sido el puntal de la estabilidad en la Isla de Santo Domingo, debe demandar a la Comunidad Internacional un reconocimiento de sus aportes solidarios frente al drama del pueblo haitiano, así como la aceptación de que el Estado Dominicano no puede continuar asumiendo una población migrante, depauperada e indocumentada en su país de origen, mayor que la que hace largo tiempo soporta.

Quinto. En estas circunstancias excepcionales, cuando más se evidencian las maquinaciones de la facción antinacional tras su objetivo de despojar a la República de su soberanía, es importante advertir sobre las terribles consecuencias que se derivarían de una violación al Artículo 3 de la Constitución de la República, en términos de deslegitimación de las autoridades que por acción u omisión consintieran o participaran de la misma.

También, urge que las autoridades tomen plena conciencia de los riesgos de producir un “efecto llamada” desestabilizador,  si el Plan de Regularización Migratoria se pone en ejecución sin establecer estrictos controles fronterizos, que deben ser complementados con una verdadera política de seguridad y desarrollo en esa región estratégica de la nación.

Al concluir esta declaración, evocamos el pensamiento luminoso del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, cuando nos advertía que “el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, o no tendremos Patria y por consiguiente, ni libertad ni independencia nacional”. 

Leonys Martin.

Leonys Martin.Al igual que muchas estrellas de béisbol en Cuba, el jardinero Leonys Martin soñaba con dejar la isla comunista en busca de la fama y el dinero de las Grandes Ligas. Martin consiguió su objetivo en 2011, cuando firmó con los Rangers de Texas, pero no antes de lo que documentos de la corte y el Departamento de Justicia en Estados Unidos describen como un suplicio desgarrador en el que fue mantenido como rehén en México mientras su familia era vigilada en el sur de Florida.

 

Tres personas han sido acusadas formalmente en Miami de cargos federales de toma de rehenes y extorsión — que conllevan hasta cadena perpetua_, y el propio Martin está demandando a sus captores por la devolución de más de 1,3 millones de dólares que ya les había pagado.

Andrew Zimbalist, un profesor del Smith College especializado en economía del deporte, dice que el caso de Martin parece ser único.

"Nunca había escuchado de ese tipo de secuestro", dijo.

Muchos cubanos han escapado a lo largo de los años para jugar béisbol en Estados Unidos, incluyendo estrellas actuales como el taponero de los Rojos de Cincinnati Aroldis Chapman, el jardinero de los Dodgers de Los Angeles Yasiel Puig y el jardinero de los Atléticos de Oakland Yoenis Céspedes. En septiembre, el gobierno de Cuba puso fin a una política de décadas, anunciando que sus atletas serán autorizados a firmar contratos para competir en ligas extranjeras sin necesidad de desertar.

Comparados con la vasta mayoría de los inmigrantes, los cubanos reciben un tratamiento único por el gobierno estadounidense, bajo una ley que permite a los cubanos que llegan a suelo norteamericano quedarse en el país.

Martin, un veloz jardinero de 25 años, debutó en las Grandes Ligas en septiembre de 2011. La campaña pasada, en 147 juegos, bateó .260, con 49 empujadas y 36 bases robadas. Martin y su abogado, Paul Minoff, declinaron comentar para este artículo, al igual que funcionarios de los Rangers y de las mayores, argumentando que el litigio estaba en proceso.

Unos pocos años antes de llegar a Texas, Martin era una joya en potencia en Cuba, viajando a torneos de béisbol en todo el mundo con el equipo nacional. Tras un torneo en Japón en agosto del 2010, decidió dejar la isla.

Él y varios familiares y amigos hicieron contacto con un hombre que les ofreció un viaje desde Cuba en un yate a Cancún, México. De ahí, ellos podrían eventualmente cruzar por tierra a Estados Unidos. Pero en lugar de viajar directamente al norte, fueron llevados a una casa llena de colchones, custodiados por dos hombres armados, uno de los cuales es identificado como Eliezer Lazo.

"Tú vales mucho", le dijo Lazo a Martin, de acuerdo con la demanda. "No te voy a dejar ir".

Lazo es una de tres personas acusadas criminalmente en Miami. Actualmente cumple más de cinco años de prisión en Mississippi por lavado de dinero y otros delitos.

Eventualmente, Martin y otros jugadores cubanos no identificados fueron llevados a un complejo llamado "El Rancho" cerca de Monterrey, México, donde debían entrenar. Familiares y amigos de Martin fueron llevados a través de la frontera a Laredo, Texas, y allí colocados en un autobús hacia Miami, donde vivirían durante cinco meses en una casa propiedad de Lazo, de acuerdo con la demanda.

En México, había un campo de béisbol cercano al complejo donde los jugadores se entrenaban y jugaban partidos ante escuchas profesionales estadounidenses, y Martin fue presentado a otro hombre que le dijeron sería su agente. Le dijeron además que tenía que firmar un contrato con una entidad vinculada con Lazo llamada Estrellas del Béisbol, en el que prometió pagar 30% de salarios y bonificaciones futuras — muy por encima del 5% usual.

Estrellas del Béisbol se describe como "una academia de béisbol que cultiva y entrena a peloteros amateur que desean jugar profesionalmente en Estados Unidos". En realidad, de acuerdo con la demanda de Martin, la compañía es una fachada para el tráfico humano.

Dos abogados de Estrellas del Béisbol basados en Estados Unidos no respondieron a mensajes electrónicos esta semana en busca de comentario sobre las acusaciones. (http://www.elcaribe.com.do/2013/12/21/jugador-los-rangers-texas-victima-secuestro)


Más de cien mil pasajeros han llegado al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (IALA), en lo que va de diciembre, con motivo de las navidades.

 

Informaciones de las autoridades aeroportuarias en los primeros 20 días de este mes se han movilizado por el AILA unos 114 mil pasajeros nacionales y extranjeros procedentes de diferentes destinos a pasar las fiestas navideñas en el país.

De acuerdo a las proyecciones de las autoridades de la empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos (XXI), Aerodom, para la temporada navideña se espera que se movilicen más 300 mil pasajeros, especialmente criollos  radicados en Estados Unidos y Europa.

Cada año el gobierno, a través de la Dirección General de Aduanas, dispuso que los viajeros con más de seis meses sin entrar a territorio nacional traigan artículos y regalos a sus familiares por un valor a los 3,000 dólares exonerados de impuestos aduanales.

64% DOMINICANOS PREFIEREN TIENDAS LOCALES

Un estudio realizado por la firma ASISA, entre el día primero y el siete de diciembre, determinó que el comprador dominicano prefiere visitar los centros comerciales locales para adquirir los artículos de su preferencia para esta navidad, lo que significa que este tipo de prácticas no es sustituida por las compras en Internet.

Un 64% de los dominicanos encuestados a nivel nacional, contestaron que eligen realizar sus compras navideñas en centros comerciales y otras tiendas locales. En el caso de la región Noroeste y Santiago de los Caballeros, el porcentaje subió hasta un 75%.

La guerra por alcanzar la mayor parte del pastel dentro de los centros comerciales, la ganó Ágora Mall, principalmente entre los residentes de Santo Domingo con un 37.9%, Megacentro con un 8.4% de las preferencias. Sambil es preferido por un 6.1% de los entrevistados. En el caso de las tiendas por departamentos, se encuentra La Sirena como lider absoluto, con un 19.9%, seguida por Jumbo con un 8.4%.

Estas marcas, han logrado captar y mantener la atención y la fidelidad de los consumidores locales, quienes apuestan las compras de sus regalos y artículos favoritos para estas navidades en dichos centros.

Sin embargo las compras por Internet para estas festividades apenas alcanzaron un 19%, siendo los hombres entre 25-34 años los principales compradores, y pertenecientes a distintos rangos económicos, concentrándose en la clase media y media baja.

La mayor variedad de productos y el menor precio son las principales razones para adquirir un producto a través del Internet (38.9% y 38.6%, respectivamente). Aquellos entre 35-44 aprecian en mayor medida la variedad de productos; mientras que los jóvenes menores de 34 años listan el precio como el principal influyente en esta decisión.

El 60.4% de los entrevistados gastará menos de US$100.0, el 32.9% entre US$100-US$500 y solo el 15.5% gastará más de US$501 en sus compras online. Mientras que la forma de pago mas utilizada son las tarjetas de crédito de bancos locales (63.5% de los encuestados mencionaron esta opción). Paypal alcanza un 7% entre los compradores de artículos por Internet, siendo éstos en su mayoría hombres.

El Gobierno dijo que no tiene recursos para continuar la Segunda Línea del Metro.

El Gobierno dijo que no tiene recursos para continuar la Segunda Línea del Metro.

Al menos ocho medidas y proyectos gubernamentales fueron aplazados o incumplidos en este 2013 en la administración del presidente Danilo Medina. Cuatro de esos planes están directamente ligados al sector Educativo.



Por diversas razones se retrasaron los planes para la entrada en vigencia del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, conocido también como 9-1-1, la firma de los pactos Fiscal y Educativo, el uso del pupitre dominicano, la expansión de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, el cobro del impuesto de un 1% a las placas de los vehículos de motor, la titulación de aproximadamente 20 mil nuevos inmuebles, así como también la construcción de 10 mil aulas, y con ellas, la puesta en marcha de manera definitiva de la jornada de tanda extendida. 

No se ha sabido por qué algunos de esos planes no fueron cumplidos, como es el caso de la titulación de inmuebles, aunque las propias autoridades han alegado que otros proyectos no se llevaron a cabo como fueron programados por falta de recursos económicos, para no desacelerar la economía y por la falta de planificación y conflictos entre las instituciones responsables de cumplir algunos de los mandatos.

Proyectos pospuestos

El sistema 9-1-1 estaba previsto entrar en vigencia en este mes de diciembre y ya no será hasta finales de enero o principios de febrero cuando sea implementado el proyecto. Sin embargo, de manera oficial no se ha anunciado la posposición del proyecto, para cuya elaboración una comisión que coordina Gustavo Montalvo, se mantuvo en sesión permanente durante todo el año. El Impuesto de Circulación Vehicular (ICV- Marbete 2013), que por disposición de la Ley 253-12 de Reforma Tributaria grava con un 1% de su valor el derecho de los vehículos de motor a circular por las vías públicas, sería implementado por la Dirección de Impuestos Internos a partir del mes de agosto y fue pospuesto por el propio Presidente dos meses antes, por considerar que la medida iba a contribuir a que la economía continuara el desaceleramiento que había registrado con la entrada en vigencia de la reforma fiscal. 

Planes incumplidos 

Problemas con los pagos a los ingenieros contratistas, dificultad para conseguir los terrenos y burocracia en la instituciones involucradas, fueron algunos de los  escollos que influyeron para que no pudiera ser cumplida, ni siquiera a medias, la meta de construir 10,000 aulas para este año y que posibilitarían que la tanda extendida pasara de ser un proyecto piloto a un plan totalmente integral.

Primero se anunció que no serían 10 mil, sino siete mil, luego que serían seis mil y según los últimos datos del ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, las aulas que en definitiva se entregarán a finales de este año serán 2,105.
De algo que no se habló mucho desde el gobierno, una vez fue anunciado por el mandatario en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, fue del trabajo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, la cual tiene como objetivo trabajar en la titulación masiva de terrenos y viviendas del Estado para que los beneficiarios puedan formalizar la propiedad de sus bienes.

“Tenemos el firme compromiso de titular alrededor de siete mil predios urbanos y rurales antes de que finalice el primer semestre de este año (2013). Además, vamos a entregar alrededor de 15 mil títulos adicionales al final del segundo semestre de 2013, es decir, finalizaremos el año con 20 mil nuevos inmuebles titulados”, dijo el jefe de Estado ante la Asamblea Nacional en aquella ocasión. Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han informado sobre el nivel de cumplimiento de esta promesa.

Los pactos de la END 

Con relación a los pactos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo establece tres grandes pactos: Este último será firmado el 15 de febrero del 2014 y no en diciembre como se dijo, pero por lo menos tiene fecha y ya se agotó el proceso de consulta. Al parecer el que no fue una prioridad en el transcurrir de este 2013, fue el esperado Pacto Fiscal, que ha de definir los mecanismos efectivos para tener un sistema tributario justo, transparente y sostenible, lo engavetaron, otra vez. Los proyectos mencionados se quedan en carpeta para el 2014.

Pupitre dominicano y la ampliación Metro SDE

En julio fue cuando se supo que el “pupitre dominicano” no sería utilizado en el año escolar en curso, cuando las autoridades educativas seleccionaron de urgencia las compañías contratistas para adquirir butacas del modelo tradicional para el actual periodo. En diciembre del 2012, la ministra de Educación de entonces, Josefina Pimentel, dijo que el pupitre ganador se reproduciría para equipar las aulas de la tanda extendida en el año lectivo 2013-2014. Otro proyecto pospuesto recientemente fue la extensión de la segunda línea del Metro hasta San Luis, en la zona oriental, debido al recorte del presupuesto para el año 2014 en la Opret, que desde ya trabajaba en la continuación de la megaobra.

 

Ligia Amada Melo.

Ligia Amada MeloEl Consejo de Educación Superior Ciencia y Tecnología podría  suprimir los estudios sabatinos para las carreras de Educación, Medicina, Ingeniería y las maestrías.La ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, reveló ayer que el Consejo se propone reconocer solamente los planes de estudios a ser impartidos por lo menos tres días a la semana. 


La ministra explicó que propuso la medida debido a que en las consultas llevadas a cabo con miras a la firma del Pacto Educativo arrojaron que en la población hay serias preocupaciones sobre la formación de los maestros.

Al respecto, precisó que “no aceptaremos planes de estudio desarrollados en una semana y se eliminará la docencia sabatina; ya se les ha enviado correspondencias a todas las universidades que imparten esas carreras, haciendo énfasis en la de Educación, para que se vayan preparando y concienciando sobre esta situación”.

Advirtió a las universidades que el reconocimiento de sus títulos por parte del Consejo de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, está sujeto al fiel cumplimiento de programas cuyos currículos contengan con un mínimo de 24 horas semanales de docencia.

“No es posible condensar en un solo día un programa que debe ser desarrollado en 40 horas semanales”, dijo para a seguidas observar que la Mescyt trabaja arduamente para unificar los planes de estudio, principalmente los dirigidos a la formación de maestros.

Ligia Amada Melo hizo la revelación ayer previo a una reunión del Consejo de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, señalando que ese sería uno de los principales puntos a discutir en el encuentro.


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