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Por MANUEL NÚÑEZ
 
 

Al promulgar la Ley de la naturalización especial , fundado en el quebrantamiento del artículo 272, que proclama que solo el pueblo puede introducir reformas en el régimen de ciudadanía, nacionalidad y extranjería, se ha vulnerado el Estado de derecho. El Congreso ha privado de las competencias que la Constitución le concede al pueblo en el artículo 272,concebido para proteger al pueblo de la arbitrariedad y del capricho de los Gobiernos. El único artículo en que el legislador no puede representar al pueblo. La aplicación de esta Ley es tan inconstitucional como lo fue el ejercicio del Gobierno que derrocó al Presidente Bosch en 1963. Su existencia nace de la fuerza ejercida al margen de la legalidad constitucional.

Cuatro hombres manipularon el decoro y el honor de 200 legisladores. Los cuatros líderes principales disolvieron el Congreso Nacional para convertirlo en una aplanadora, instrumento del intervencionismo internacional. El espectáculo de la crisis echó al ruedo lo peor de los seres humanos. Al igual que en Waterloo como en todas las grandes derrotas, los hombres parecían caricaturas. Por un instante todas las instituciones quedaron desplomadas aplastadas por el gigantesco rodillo legislativo. Se aprobó sin debates, sin lecturas, con un olímpico desprecio por la democracia.

¡Qué triste espectáculo! Los leones convertidos en cabritos. ¿Por qué le tienen miedo a la opinión del pueblo dominicano? ¿Por qué mediante un procedimiento extravagante que le recuerda los peores episodios de la opresión han pisoteado sus derechos, suplantándolo en sus obligaciones constitucionales e imponiéndoles sus decisiones anti constitucionales? Cuando los individuos abandonan las lealtades que deben a sus representados, cuando privan al pueblo de sus derechos individuales y colectivos, cuando le roban su libertad están construyendo castillos en la arena. Los medios deshonran los fines. Sobre la base del atropello, sobre la coerción de una aplanadora que ha borrado la expresión libérrima de la voluntad del legislador, nada sólido puede construirse.

Ningún hombre está por encima de la Constitución y las leyes. La Constitución es el pacto que une a todos los dominicanos. Es obligación del Gobierno venerarla, y deber de cada dominicano defenderla. A ningún dominicano se le puede perseguir ni injuriar por exigir que se respete la Constitución.

El Gobierno del Presidente Medina ha sido ejemplar en muchos otros aspectos. Pero en lo que toca a la inmigración haitiana ha quedado enmarañado en las redes que le han tendido los enemigos de la nacionalidad.

¿Por qué se produjo semejante atropello? Para complacer al Papa expresó el honorable Presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Señoría, ¿si el Papa os pide que viole la Constitución, le obedecería usted? ¿Si el Papa le pide que desista de su muy justificada candidatura, lo haría usted?

Una Ley que contraviene la Sentencia 168/13

Esta historia empezó con Juliana Deguis Pierre y termina con ella. Tras el emplazamiento que hicieron las ONG pro haitianas en el país para que la Junta Central Electoral le expidiera una cédula dominicana a esta señora hija de padres extranjeros no residentes, inscrita irregularmente en el Registro Civil dominicano, el Tribunal Constitucional dio comienzos a los trabajos que condujeron a la construcción de una Sentencia que tiene el mismo valor que el acta de independencia de la República Dominicana.

El objeto de la Sentencia no era ensañarse con la señora Deguis Pierre, que, de todas maneras quedaba protegida por los dispositivos de la Sentencia,sino establecer una norma que pudiera constituir la jurisprudencia y evitarle al país situaciones complejas que dañaran definitivamente sus posibilidades como nación. Tenía el Tribunal que responder si los 48.000 mil niños hijos de padres no residentes que nacieron en los hospitales dominicanos en el 2012 serían dominicanos, y si los 52.000 que nacieron en el 2013 también lo eran. Desde el punto de vista estrictamente jurídico todos los hijos de las parturientas llegadas de Haití que vienen a dar a luz en los hospitales dominicanos, se hallan exactamente en la misma circunstancia jurídica que la señora Deguis Pierre.

Esa era la gran visión de los jueces del tribunal.

A seguidas los honorables jueces debían establecer si existían riesgos de apátrida. Al analizar la Constitución haitiana se llegó a establecer con certidumbre que los haitianos nacen con la nacionalidad de sus padres. Que todos los posibles reclamantes ya tienen una primera nacionalidad. Entonces examinaron la Constitución dominicana en profundidad desde la última modificación del jus solis, y llegaron a la conclusión que, en ningún momento de la historia reciente, los hijos de los no residentes se beneficiaban del jus solis. Ni los que estaban de tránsito, es decir, lo que tenían descendencia en los diez o doce días en el país, ni aquellos que permanecían en el país tras periodo, vale decir, lo que entraban en la ilegalidad plena, se beneficiaban del jus solis, de la nacionalidad por haber nacido en el territorio. Así nació la SentenciaTC168/13. El Tribunal manda a la Junta Central Electoral a inventariar cuántas personas se hallan en las circunstancias de Juliana Deguis Pierre. A todas esas personas entraban, pues, en un proceso de regularización como residentes en el país, y podrían optar voluntariamente por la naturalización como dominicanos.

La Ley de Naturalización especial que acaba de promulgar el Poder Ejecutivo no se dirige a estas personas.

1.Manda a la Junta Central a reconocer como dominicana a Juliana Deguis Pierre y a todos los hijos de extranjeros no residentes que se hallaren en esas circunstancias. Es, primariamente, una ley de convalidación de documentos fraudulentos. En el dispositivo del artículo 3, se plantea convalidar la suplantación de identidades, declaraciones falsas, siempre y cuando el beneficiario no halla participado en la comisión del delito. Es decir, que si en los años noventa, la ley comprende hasta el 2007, el padre Ruquoy, Vigny Bellerive, los jesuitas y todas las personas declararon como hijos suyos a numerosos haitianos, los beneficiarios podrán utilizar sus identidades falsas y con el mismo número de cédula. Propone esta nueva ley anular la Sentencia TC168/13; concluye con la convalidación de Juliana Deguis Pierre y las decenas de miles descendientes de haitianos que se hallaren en su circunstancia. El alcance demográfico rebasa sobradamente el cálculo provisional de las 14.000personas. Si a esta proporción añadimos los todos los descendientes de estos nuevos dominicanos y todos los hijos que, por negocio, estén dispuestos a declarar. La Junta Central Electoral estaría obligada a reconocer como dominicanos a más de 70.000 personas. La propia señora Deguis Pierre se ha convertido en activista de las ONG pro haitiana y se ha querellado contra el Estado dominicano. A cientos de estos de descendientes de haitianos con papeles dominicanos tienen como ocupación laboral la lucha contra la nación dominicana. Estas nuevas circunstancias constituyen una embestida a la cohesión nacional.

2. .Esta nueva Ley establece que todos aquellos extranjeros ilegales que se acojan al plan de regularización sin importar la categoría migratoria, podrán en solo dos años beneficiarse de la naturalización como dominicanos. Todas estas operaciones serán reguladas por el terrible decreto 327/13, que entrará en vigor a partir del 1 de junio y cuyas consecuencias fatales ya hemos descrito en otro artículo ( Descender al infierno).

Para acogerse al Plan de Regularización no será necesario presentar documentos de identidad (art.12). La demostración de arraigo son tan elementales que cualquier haitiano que logre cruzar la frontera podrá, con la plataforma de ONG, inscribirse en el Plan, y tendrá automáticamente 18 meses de residencia ( art. 35) . A todos que se hallen en circunstancias vulnerables: enfermedades que requieran tratamiento, no se le podrá expulsar del país mientras dure su enfermedad ( art. 30).A partir del 1 de junio quedarán suspendidas todas las deportaciones de los que se acojan al plan por 18 meses (art.37)..El decreto suspende la aplicación de las leyes del Estado; desmoraliza todas las fuerzas que deben contrarrestar la inmigración ilegal. Una vez entren en la legalidad todos estos haitianos sus hijos y los hijos de sus hijos serán convalidados automáticamente como dominicanos.

Los cálculos conservadores del Gobierno, en la encuesta ONE, nos hablan de 485.000 haitianos radicados ilegalmente en el país. Para el Ministerio de Trabajo las cifras , sólo de trabajadores formales e informales, rebasa el millón de personas. Imaginemos que la mitad de toda esta masa demográfica logre regularizarse en los próximos 18 meses. Es decir, unos 500.000, si esta cifra le añadimos los descendientes de estos haitianos, nos estaríamos enfrentando a una proporción de 700.000 personas que actuarían como extranjeros

4.Si a todas estas circunstancias absolutamente fatales, les añadimos el efecto llamada que todos estos barruntos están provocando, la verdad es que como dice el refrán el horno no está bollos.

Todos los han apoyado esta ley, todos los que han apoyado el ejercicio de la inconstitucionalidad, han contribuido al desastre que viene.

Honremos nuestro glorioso himno

Grande fue la intuición de Juan Bosch cuando escribió:  “ La presencia de Haití en la parte occidental de la isla Española equivalió a una amputación del porvenir dominicano. (…) los dominicanos sabemos que a causa de que Haití está ahí, en la misma isla no podremos desarrollar nuestras facultades a plena capacidad; sabemos que un día u otro, de manera inevitable Haití irá a dar a un nivel del cual viene arrastrándonos desde que hizo su revolución” (O.C.v. XI, pág. 204) .En nuestra propia sociedad acaban de plantar un muro, una rémora que detendrá todos sus progresos que hemos logrado, un caballo de Troya que arruinará, si no actuamos a tiempo, todo lo que nos es hermoso. En estos tristes momentos que vive, y los que vivirá prontamente nuestra patria, lo único verdaderamente importante es la República Dominicana.

Invito, pues, a todas las Juntas de vecinos, a los dominicanos que no les han secuestrado su capacidad para pensar yrazonar a unirnos, a organizarnos. A confiar en las poderosas fuerzas interiores del pueblo dominicano, que ha enfrentado todas las invasiones y a todas las ha vencido.

Hace años que nuestros compatriotas de Santiago enfrentan esta ocupación extranjera en fronteras interiores, en Pueblo Nuevo, en el Nibaje, en La Noriega, en Pekín, en la Cruz de Marilopez, en San José de la Mina, en cada barrio, en cada manzana. Para devolverle la esperanza a este pueblo nos hemos constituido en Red Nacional por la Soberanía. Vamos a defender en cada hospital público, en cada subcentro de salud a los enfermos dominicanos, a las parturientas dominicanas , privadas de los cuidados por el efecto de la brutal invasión. Vamos a salvaguardar las escuelas, los ríos, las montañas amenazados por el mayor consumidor de árboles maderables del continente. Vamos a defender nuestro bienestar y el derecho a existir en nuestro país. Hemos perdido el 80% de los trabajos de la agricultura; el 70% de los trabajos de la construcción y todos los empleos que crea la inmensa inversión pública del Estado. Vamos a devolverle los mecanismos de supervivencia al pueblo dominicano. Su dignidad. Su autoestima. Es una tarea grande. Dirán que somos unos Quijotes, unos ilusos. Nos insultarán.

Pero es un combate honorable. Como decía el gran José Martí : “ cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos hombres ”Ningún pueblo tiene derecho a robarle el porvenir a otro pueblo.

La independencia de la República Dominicana cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por el precio que hay que pagar para mantener los resultados históricos del 27 de febrero de 1844.

No olvidemos las palabras de nuestro glorioso himno nacional

“Mas Quisqueya la indómita y brava

Siempre altiva la frente alzará

Que si fuere mil veces esclava

Otras tantas ser libre sabrá”

 

(http://www.almomento.net/articulo/163836/OPINION-La-aplanadora-legislativa)

madre

El derrumbe del principal sostén de la sociedad que era el núcleo familiar, considerado como su piedra angular, puesto que casi todos los valores de la familia que adornaban a los países de la Tierra a través de los siglos se han diluido para caer en un sendero del egoísmo y cada quien preocupado por sus intereses.

Ese derrumbe familiar se confirma en el imperio de la delincuencia, siendo el principal atributo de las comunidades universales, donde ya impera la ley del más fuerte, y obliga a los que todavía tienen dignidad y respeto de esos valores a refugiarse en sus hogares y evitar ser víctimas de agresiones desaforadas que no se detiene ante nada, y mucho menos frente a la represión oficial.

Se constriñe el círculo de los grupos que conservan y luchan para que nuestros países no sean lugares para el salvajismo desenfrenado, tratando a duras penas de conservar aquellos valores que, en un momento dado, fueron responsables del progreso de las naciones y de su liderazgo a nivel mundial, originado por las reservas y enseñanzas que venían de las familias de hogares estables y enaltecido por la presencia de una madre amorosa.

Mañana, el país rinde tributo a la mujer que por su naturaleza se convirtió en la responsable de ejercer el liderazgo íntimo de moldear al ser salido de sus entrañas, como piedra preciosa, para proporcionarle los mejores atributos que Dios deseaba para los seres concebidos a su imagen y semejanza.

Con el derrumbe de las familias, provocado por el desorden social, la unidad familiar, que era por la madre, se dislocó en el seno de los hogares; ya la tasa de divorcios supera más del 55% de los matrimonios, y en muchos países es costumbre la unión consensuada y no establecer una atadura legal o religiosa por medio de un matrimonio formal.

La familia inició su dislocamiento en los países desarrollados, después del triunfo del capitalismo en la II Guerra Mundial, entonces el mundo se hizo a imagen y semejanza de las sociedades triunfantes de ese holocausto, y el hombre y la mujer comprendieron la necesidad de aparearse ante la eventualidad que se vivió en aquellos años de una amenaza nuclear latente. El desmembramiento familiar se produjo por las libertades adquiridas y a la vez la invasión de la vida moderna con todos los artilugios electrónicos para hacerla más cómoda.

La madre quedó como último reducto en contra de la inversión y pérdida de valores. Su preeminencia la mantenía en los hogares latinoamericanos, donde para los años 90 del siglo pasado existía un respeto muy acendrado por la importancia de la mujer en su condición de madre, que contra viento y marea luchaba por forjar a sus hijos en las enseñanzas que conocían cuando fueron niñas a la sombra de sus madres.

El derrumbe moral y social, con el surgimiento de una delincuencia feroz y descontrolada, se ha agravado a medida que avanza el siglo XXI; los resultados lo vemos cada día con otras aspiraciones de los seres humanos, envueltos en la obsesión de las riquezas, en donde no dejan de tener su responsabilidad las ambiciones de las clases políticas, que con su asalto al poder, se han convertido en los modelos a seguir por la impunidad de sus acciones.

Los delincuentes se aferran al modelo de los políticos irresponsables, y por provenir de hogares sin la presencia de una madre consciente de sus deberes, a sabiendas que así como a los políticos no se les castiga, así ellos consideran que sus asaltos a la vida y propiedades tampoco serán juzgados por una justicia inexistente en los países como los nuestros. Se debe iniciar el rescate de los valores que adornaron una vez a las mujeres como madres para salvar las sociedades, la nuestra y las restantes del mundo, de su disolución, esa es ahora la señal que nos envían las costumbres disolutas de sus integrantes, con “matrimonios” del mismo sexo, como símbolo de la libertad de elección de los seres humanos, despojando a la madre de su elevada gravitación en la Creación. (http://hoy.com.do/la-delincuencia-destruyo-la-influencia-de-las-madres/autor/fabio-herrera-minino/)

 
 

Cómo creer que vamos bien si insistimos en cometer excesos vergonzosos. Que en medio de nuestras precariedades los diputados vuelven a repartirse 176.9 millones de pesos para regalos el Día de las Madres es algo imperdonable. Sin embargo, ha quedado más que comprobado que la labor social de los legisladores opera como una excusa para distraer los fondos públicos.

Y lo cierto es que no escarmientan, pues no bastó el rechazo del reciente reparto para las habichuelas con dulce de la Semana Santa. El país está lleno de miseria y tenemos a nuestros legisladores repartiéndose los recursos del Estado sin proporcionar soluciones a muchos de los problemas por los que padece la población. 

Es una vergüenza que tenemos que parar, y el reto ha de ser que lo haga el Gobierno y el partido oficial o los propios legisladores, o tendrá el país que salir a denunciar y a presionar para que esto no siga ocurriendo con los recursos del pueblo. Es una pena que ningún legislador se niegue a recibirlos o que algún partido no lo denuncie. (http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=376223)

 

 

 

 

El Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), regional Norte, denunció ayer las dificultades que presenta la avenida Circunvalación Norte, conforme determinaron luego de un recorrido por la vía, que dijo el Ministerio de Obras Públicas debe acudir a resolver esa situación de deterioro.

El presidente de la regional Norte del CODIA), ingeniero Roberto Durán, dijo que determinaron que las marginales casi en su totalidad no han sido terminadas, así como incompleto los drenajes pluviales.

Sostuvo el ingeniero Durán, que el ornato de esa avenida considerada de las más cotosas y hermosas del país está descuidada con mucha maleza.

También señaló que igual abandono muestran las reatas, donde todas las palmas sembradas para el embellecimiento se han secado por falta de mantenimiento.

Igualmente, el CODIA, representado por su presidente, ingeniero Roberto Durán, informó que las barandas  colocadas para proteger el tránsito vehicular ha sido destruida por personas que viven en las inmediaciones para abrir pasos irregulares, no autorizados.

“La situación es penosa del descuidado de esa avenida, donde los taludes no han sido concluido  y los encaches algunos no han sido terminados”, sostuvo el ingeniero Durán.

Dijo que durante el recorrido para hacer un levantamiento de todas las denuncias de los problemas de esa avenida, que las marginales de Licey al Medio, tamboril y Jacagua no han sido concluidos, lo que es una falta de responsabilidad de las compañías contratistas.

Manifestó que el paso de los camiones pesados provocó una mayor destrucción de algunos tramos de la carretera Licey, Tamboril, Gurabo y Jacagua que no han sido atendidas por Obras Públicas.

También el presidente del CODIA,  advirtió que si las autoridades no establecen normativas de controlen que regulen la construcción en todo el trayecto de la Circunvalación se producirá un arrabal de todo el entorno.

El ingeniero Durán, exhortó al ministro de Obras Públicas y las compañías contratista Odebrecht-Estrella acudir a la avenida  a evaluar la problemática y disponer soluciones urgentes.

Declaró el presidente del Codia, que debe evaluarse el costo del peaje, porque debido a esa situación solo transitan por la avenida alrededor de 500 vehículos al día cuando se esperaban diez mil.

Sostuvo que la avenida que costó mucho al país, solo tiene vida de este lado del peaje, porque es el mayor tránsito para evitar el pago del peaje. (http://eljacaguero.com/codia-denuncia-deterioro-avenida-circunvalacion-norte/)

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El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San José de Ocoa, Carlos Castillo, declaró hoy que la mayoría de sus colegas entienden que debe ser estudiado y no aprobado de inmediato el proyecto del Poder Ejecutivo que establece un régimen especial para las personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil y sobre Naturalización. Argumentó que la iniciativa del presidente Danilo Medina trata de un tema de “alta seguridad nacional” como es la nacionalidad.

“Más de la mitad de los senadores estamos de acuerdo con que ese proyecto lo enviemos a comisión para estudiarlo y si es necesario modificarlo”, subrayó.

Agregó que al margen del consenso que la iniciativa de Medina ha logrado en la sociedad, “nosotros somos los que hacemos las leyes y tenemos que leerlo y ponderarlo”. El Senado está convocado para sesionar mañana miércoles a las 4:00 de la tarde y tiene en agenda el proyecto migratorio del presidente Medina.

Irresponsablemente, la iniciativa fue aprobada a unanimidad y de urgencia en dos lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados. La bancada peledeísta está dividida en torno al tiempo en que debe conocerse la pieza. Unos entienden que debe ser aprobada mañana mismo y convertirse en ley y otros que se envíe a estudio.

El vocero de la bancada de senadores del PLD, José María Sosa, y sus colegas Francis Vargas Francisco y Adriano Sánchez Roa, pedirán que el proyecto migratorio sea enviado a estudio de comisión, mientras los también senadores oficialistas Euclides Sánchez, Felix Nova y Tommy Galán, entienden que no hay razones para alargar su conocimiento.

 

(Por Manuel Núñez)

MANUEL NUNEZ

 

1. La inconstitucionalidad

El proyecto de “Naturalización de Régimen Especial de personas inscritas irregularmente en el Registro Civil” presentado por el Poder Ejecutivo constituye una modificación al régimen de extranjería y ciudadanía establecido en la Constitución de la República.

Cualquier modificación de esta índole exige, conforme a la Constitución, la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora para una reforma constitucional. Porque una ley ordinaria no puede modificar la Constitución. El único mecanismo que permite introducir un régimen de naturalización especial, es el referéndum aprobatorio. No hay en el texto constitucional ningún resquicio que permita la aprobación de un proyecto semejante. Al aprobar el susodicho Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, en una acción intempestiva, obedeciendo a un pacto político de los cuatro caudillos políticos que manejan esa Cámara, los honorables diputados, desconocieron la supremacía de la Constitución (art. 6); y omitieron cumplir con los deberes fundamentales de su cargo (art.75).

Art.272. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Revisora.
Dos conclusiones se deducen de este artículo.

1. Ni los diputados ni el Senado pueden aprobar una Ley Orgánica de semejante características. Porque aún se constituyeran en Asamblea Revisora del texto constitucional no tienen esas competencias.

2. El único actor que puede modificar el régimen de extranjería, ciudadanía autorizado por la Constitución es el pueblo dominicano, mediante un referendo, convocado por la Junta Central Electoral.

En consecuencia, la aprobación del Proyecto de Ley de Naturalización especial enviado por el Poder Ejecutivo sólo puede ser competencia de un referendo aprobatorio, tal como aparece en el artículo 272. A la luz de la Constitución esa aprobación es nula de pleno derecho por ser contraria a la ley vigente 1648, que tiene, al igual que la Ley de extranjería y la ley de Migración rango constitucional.

El artículo 2 (Cap.1) del referido Proyecto manda a la Junta Central Electoral a quebrantar la Constitución, que convalide las actas fraudulentas de personas que ya el Tribunal Constitucional ha calificado como extranjeros. Si son extranjeros no pueden ser reconocidos ni convalidados. Mediante esta argucia se quiere destruir la Sentencia 168/13. Se contraviene rotundamente el artículo 184 que obliga a todos los poderes del Estado a acatar las Sentencias del Tribunal Constitucional.

En definitiva, el Poder Ejecutivo, no quiere sobrellevar la responsabilidad histórica de haber desmantelado la frontera jurídica, prefiere que otro aparezca ante el tribunal de la historia con ese mérito de triste recordación.

Con estas medidas, nos hallamos ante una vulneración de las competencias del Tribunal Constitucional; ante una violación flagrante de la Constitución de la República y ante una supresión de los poderes y de las competencias que la ley 272 le atribuye al pueblo dominicano, depositario de la soberanía nacional.

Si esto no es un golpe de Estado a la Constitución y a la autodeterminación del pueblo dominicano ¿qué es, entonces, un golpe de Estado?
Los dominicanos se hallan ante un dilema.
• O, apoyan la fuerza legal del Estado dominicano representada en el Tribunal Constitucional y en el derecho internacional, que nos conceden los fueros de una nación independiente de Haití.
• O, se rinden ante la fuerza brutal de una invasión extranjera, la mayor del continente, apoyada por los traidores y por el intervencionismo internacional, que, con la mascarilla de los derechos humanos, quiere resolver el colapso de Haití traspasándole el problema a la República Dominicana.

2. Los propósitos del Proyecto presentado por el Poder Ejecutivo
Todas las lumbreras del derecho dominicano, los periodistas que han defendido, tradicionalmente, el interés nacional han sido engatusados por las trampas que ingeniosamente han ideado los que concibieron este proyecto, el doctor Flavio Darío Espinal, el magistrado Jorge Subero Isa y el profesor Olivo Rodríguez Huertas. Todos enemigos jurados de la Sentencia 168/13.

Tres han sido los objetivos del Proyecto de Naturalización de extranjeros inscritos irregularmente en el Registro Civil.
1) las personas auditadas por la Junta Central Electoral los descendientes de extranjeros no residentes; y cuyo inventario, conforme al informe de la Junta Central alcanza unas 14.000 personas. Es a ésos, y sólo a esos que se refiere la Sentencia 168/13. Eran esas las personas originalmente destinataria de la naturalización o de una regularización. Es el caso ejemplar de la señora Juliana Deguis Pierre. El Tribunal Constitucional sólo mandaba a una solución focalizada, sin incluir a otros grupos de inmigrantes ilegales.

2) decidieron motus proprio ampliar de manera ilimitada los beneficios de la naturalización. Incluyeron a todas las personas que, hallándose en circunstancias semejantes, habían logrado dotarse de papeles sin validez ante la Junta Central Electoral . Es a estas personas a las que refiere el literal b, cap.1 . El artículo 3, nos dice con una redacción oblicua que, en caso de que se demuestre, que el beneficiario no fue responsable de su propia declaración fraudulenta, será incluido en el proyecto de naturalización. El artículo 4 (cap. 1) ordena a la Junta Central Electoral que reconozca las identidades y los números de cédula de las personas incluidas en ese régimen especial. Los del literal a y b. Dicho sin tapujos, que reconozca como válidas los documentos falsificados.

3) Se crea con el capítulo 3, un mecanismo permanente de naturalización para cualquiera de las categorías migratorias, sin hacer distingo entre gente con permiso y gente con residencia permanente: trabajador temporero, estudiantes, trabajadores contratados etc. con dos años en cualquier de esas categorías, los candidatos podrán optar por la naturalización ordinaria. ( Consúltese Artículo 8). Con esta medida verdaderamente inconcebible, las personas incluidas en el Plan de Regularización podrán naturalizarse en tan sólo (2) años como dominicanos. Se ha comprobado que las ONG han introducido un tropel de parturientas en los hospitales dominicanos. Sólo el año pasado, 2013, nacieron 52.000 niños; en el 2012, 48.000. A todos esos descendientes de extranjeros no residentes y a los incluidos en el Plan de Regularización se le ha creado el mecanismo para que sin documentación alguna de su país, puedan naturalizarse en dos años como dominicanos.

Si esto no es una fusión, ¿Qué es, entonces, la fusión?
Si llegare aplicarse la Ley que acaban de aprobar sin leerla, los honorables diputados, la República Dominicana desaparecerá como país independiente. Perderá, definitivamente, el control de su destino. Porque le traspasaría a esa masa cohesionada de votantes la decisión de elegir a las autoridades, y crearía la kerkaporta, esa puertecilla que produjo el hundimiento de Constantinopla, y su posterior desaparición por invasiones que se ensañaron sobre ella sin consideraciones de ningún tipo.

El patriotismo constitucional

En algún pasaje, Stefan Zweig, nos dice que los pueblos no suelen darse cuenta cuando viven los grandes momentos históricos. Los acontecimientos verdaderamente extraordinarios han sido vividos como una jornada ordinaria. El 25 de septiembre de 1963, un grupo de hombres decidió sepultar la Constitución. Derrocaron el único Gobierno democrático después de 31 años de oprobiosa dictadura, el gobierno del grande y humano Juan Bosch. ¡Ay, don Juan, cómo lo echamos de menos!

Los traidores a la Constitución, al igual que los golpistas de ayer, se apoyaron en el poder extranjero para aplastar la soberanía del pueblo dominicano. Los acontecimientos ocurrieron sin derramamientos de sangre, sin ninguna baja, sin que se produjeran manifestaciones. A los dos meses, en las Manaclas, se levantó Manolo Tavárez Justo junto un pequeño grupo de valientes que asumieron aquel 25 de noviembre de 1963, el decoro de toda la nación. Y la vida no se detenía; proseguía su agitado curso, como decía entonces el infaltable Rodrillito. Dos años después, los dominicanos al vivir las proporciones del engaño, hicieron gala de un patriotismo constitucional, de cual nos sentimos plenamente orgullosos.

El 24 de abril de 1965 se levantaron en armas para hacer respetar la Constitución, el pacto sagrado que une a todos los dominicanos, para devolverle el Gobierno al Presidente Bosch y para desempeñar un papel inolvidable en la historia de los últimos cincuenta años. ¡Qué grande es el pueblo dominicano! ¡Qué triste es que sus dirigentes no estén a la altura de su gloria! Un pueblo de valientes, gobernado por dirigentes que temen defender su honor, su historia, su territorio. ¡Que se avergüenzan de ejercer su soberanía! Un pueblo extraordinario para el cual el patriotismo constitucional no es un cántaro vacío.

Para el pueblo dominicano no es aceptable, por más dialéctica que empleen los traidores, que las maniobras de un grupo de hombres, apoyado en el intervencionismo internacional, destruya los resultados históricos de nuestra propia Independencia de 1844.
La disolución de la República Dominicana ¡ No es aceptable!
Sobre esta moribunda Constitución, que sus señorías, honorables legisladores de la República, habéis enterrado, invito a los dominicanos a entonar el himno del patriotismo constitucional, escrito por el insigne y nunca olvidado Aníbal de Peña:

A luchar, soldados valientes,
Que empezó la Revolución
A imponer los nobles principios
Que reclama la Constitución.

(http://www.cristianodigital.net/el-golpe-de-estado-a-la-constitucion/)

 
 

-El doctor Julio Cury expresó que aunque el Proyecto de Naturalización introducido por el Poder Ejecutivo está bien intencionado, viola el artículo 110 de la Constitución, el cual prohíbe que las leyes surtan efectos retroactivos. Dijo que una situación de hecho reputada ilícita por la ley vigente, no puede ser validada retroactivamente por una ley nueva.

 “Reconocer ahora como dominicanos a quienes no lo eran por aplicación del criterio de ius soli al tenor de la normativa constitucional y legal que estuvo en vigor entre el 1929 y 2010, equivale a desconocer que la ley solo dispone y se aplica para el porvenir, jamás sobre situaciones establecidas en el pasado excepto las excepciones constitucionales previstas”, sostuvo.

 Manifestó que la iniciativa contradice el carácter obligatorio de las leyes después de que son promulgadas y publicadas. “Reconocer de buenas a primeras como dominicanos a los hijos de inmigrantes ilegales, supone que lo que al efecto disponía tanto la Ley de Inmigración No. 95, del 1939, como la Ley sobre Naturalización No. 1683, del 1948, era de cumplimiento optativo o discrecional, lo que indudablemente atenta contra el art. 109 de la Constitución”.

 En opinión del jurista, el proyecto tampoco se aviene con la sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional. “Debo recordar no solo que sus decisiones son precedentes vinculantes para los poderes públicos, sino también que fijó el criterio de que los extranjeros que penetraron ilegalmente al país o que permanecieron residiendo sin permiso legal, se encontraban en situación migratoria irregular, por lo que sus hijos nacidos en el país no tenían derecho a obtener la nacionalidad dominicana”.

 Adujo que no puede otorgarse la nacionalidad dominicana a extranjeros no inmigrantes que en su momento no cumplían con los presupuestos exigidos en la Constitución y en las leyes. “El Tribunal Constitucional consideró, y consideró correctamente, que los hijos de extranjeros en tránsito, desde la Constitución del 1929 hasta la actual, han carecido del derecho a la nacionalidad dominicana, de lo que se deduce que ninguna ley ordinaria puede otorgársela retroactivamente, sin olvidar que sería nula de nulidad absoluta en virtud del artículo 6 de nuestro Supremo Estatuto Político”, concluyó. (http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=375477)

 

 

imgDetalleNoticias
 
En fecha 4 de este mes de mayo ocurrió un incidente, mientras se celebraba una audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional, en el cual estuvieron involucradas la Jueza Margarita Cristo Cristo y  la Procuradora Fiscal Yeny Berenice Reynoso.
 
Luego del incidente se han producido una serie de declaraciones que han profundizado el conflicto. 
 
Desde la óptica de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el conflicto tiene una sola explicación: la manera equivocada e insensata de hacer uso del hecho para dividir a los actores de la justicia en una parte buena, representada por el ministerio público;  y una parte mala, representada por los jueces y juezas.  
 
Ante la situación descrita, luego de haber aguardado pacientemente que el tiempo desempeñe su rol, el Poder Judicial entiende pertinente hacer las aclaraciones y precisiones siguientes:
 
1. La justicia penal es una parte institucional jurídico-estatal compuesta por dos órganos: los jueces y juezas, por una parte, y el ministerio público y sus auxiliares, por otra parte. 
 
2. La justicia penal no puede desarrollarse y manejarse de manera equilibrada sin la participación de ambos actores del sistema. Razonamiento que nos conduce a afirmar que toda declaración, actuación, llamado e incitación que conduzcan a dividir a la judicatura y al ministerio público debe ser entendida como una estrategia desacertada, poco ponderada y que no hace bien a la sociedad dominicana, la cual necesita y espera una buena administración de justicia. 
 
3. Una buena justicia sólo se logra con procesos en los cuales participen de manera equilibrada y jueguen sus verdaderos roles los dos actores; procesos en  los cuales se reconozcan, de una parte, la responsabilidad del ministerio público de representar y defender el interés público, aplicando los procedimientos que le permitan determinar la existencia de fundamentos para acusar y por consiguiente para lograr la apertura a juicio y posterior condenación, fundamentada en elementos de prueba sustentatorios de la acusación, según corresponda. Y de la otra parte,  los jueces  y las juezas, que como último eslabón de los procesos, reconozcan su responsabilidad de conocer y decidir sobre los casos de los cuales resulten apoderados, en base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público. 
 
4. El Ministerio Público, al igual que cualquier otra parte en el proceso judicial,  tiene la obligación de guardar el debido respeto al rol de policía de audiencia que está llamado a desempeñar el juzgador en su condición de árbitro inter partes en el proceso, lo cual implica la observancia irrestricta de la solemnidad de la causa, al margen de las razones que motiven su discurso,  que  siempre requerirá estar enmarcado estrictamente en el plano jurídico. El respeto a las formas y a las normas regentes es pues medular en la sanidad del proceso. 
 
5. Corresponde a los jueces administrar con serenidad, responsabilidad y justicia los casos que les son sometidos. 
 
6. Es en las circunstancias y condiciones descritas que esta Suprema Corte de Justicia se permite hacer al  ministerio público un llamado para que sus relaciones con los jueces y juezas se desarrollen en un marco de respeto, equilibrio y claridad de roles; en el entendido de que, sólo así podremos generar la debida confianza en la ciudadanía. 
 
7. En la justicia instrumental el interés supremo sobrepasa a sus propios actores y está representado por el valor ético de la justicia, el cual debe procurarse  venciendo cualquier tipo de limitaciones o debilidades existentes, y encaminando esfuerzos día a día  para fortalecer la seguridad jurídica  que garanticen la convivencia organizada y armoniosa dentro de la colectividad.
 
 
Es pues el momento para que nos encontremos y nos sentemos en la misma mesa a discutir de manera pacífica, tranquila y profesional el modo de manejar las dificultades que nos separan y cómo lograr unirnos en aquellos aspectos que debemos trabajar juntos.


 
Magistrado Mariano Germán Mejía 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y 
Del Consejo del Poder Judicial 
 
Fuente:   http://suprema.gov.do/portada/detalles_noticias.aspx?IdNoticia=928
 
 

La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), primera entidad que agrupa a profesionales de la judicatura del país, con personalidad jurídica propia, a través un documento público, expresó su firme voluntad de rechazar enérgicamente la actuación de la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso Gómez, en ocasión del conocimiento de una vista en la jurisdicción de la Instrucción del Distrito Nacional, cuyas incidencias se encuentra recogidas en un audio que fue hecho público a través de la internet, del cual se ha hecho eco la prensa nacional.

La asociación cita en el documento que “es el criterio fundamentado de esta entidad, que lo expresado por la procuradora fiscal, así como el comportamiento exhibido por la misma,  constituyen un gravísimo atentado a la institucionalidad del Poder Judicial, a su independencia, autonomía y majestad de la justicia;  principios y valores cuya preservación constituyen el eje central de nuestra organización, lo cual defenderemos siempre amparados en buenos argumentos y actuaciones dignas de nuestra función, sin acudir a la sinrazón, a la ira, a la soberbia, al irrespeto y al sensacionalismo”.  

JUDEMO manifestó que los detalles grabados evidencian un irrespeto a la solemnidad de las audiencias, del plenario, de los presentes, y primordialmente de la integridad de la juzgadora, quien por su condición e investidura, y en atención a lo dispuesto en la ley, era acreedora del merecido respeto, del derecho a no ser cuestionada de la forma en que lo fue, y en un escenario que no es el previsto por la ley para dilucidar la cuestión.

La entidad explicó que en su condición de parte del proceso, el Ministerio Público  tiene la obligación de observar y cumplir con la solemnidad de la audiencia, absteniéndose de asumir actitudes consideradas y sancionadas por la norma como litigación temeraria, teniendo todo el derecho de ejercer las vías que la ley le acuerda para reclamar la separación del juzgador del conocimiento del proceso, por entender comprometida su imparcialidad; siempre que lo haga dentro de los cánones establecidos, con el debido respeto, sustento y con un elevado discurso forense.

JUDEMO señaló que lo acontecido en la audiencia y reseñado por la prensa, resquebraja la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, al lanzar ataques arteros en contra del sistema de justicia de la República Dominicana que enlodan su imagen.

“Recusar al juez, como al Ministerio Público es un derecho de las partes, conferido en la norma, y para el cual ha sido establecido un procedimiento, que diariamente es ejercido en los tribunales, sin que implique un atentado a la persona recusada; de ahí que, lo reprochable en la especie no sea la recusación propiamente, sino el uso de argumentos, frases, imputaciones graves, epítetos, adjetivos, que constituyen un ultraje a la figura del juez, conducta penalmente reprochada y que constituye un precedente inaceptable por aquellos que defendemos la independencia judicial, y el respeto que merece un escenario judicial; máxime cuando proviene de una funcionaria a la que se le exige un conocimiento pleno y profundo de las normas y de las reglas mínimas de comportamiento en el ámbito en el que está llamada a ejercer sus funciones de forma cotidiana.

La entidad señaló que “la procuradora fiscal del Distrito Nacional conoce a cabalidad el método de designación de los magistrados, tras operar la inhibición de otro, el cual se ha mantenido inalterable; de ahí que constituya un trámite conocido que la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción designara a una juez de la Instrucción de su jurisdicción para sustituir a otro de la misma categoría, como ocurrió en el caso de la Magistrada Margarita Cristo”.

“Resulta propicia la ocasión para recordar, que el uso de la prensa para montar juicios paralelos, erosiona la credibilidad e imagen de la justicia, por cuanto posibilita que un conflicto eventualmente penal se ventile paralelamente en la prensa, sin miramiento alguno sobre los daños que ello pueda acarrear tanto a la independencia judicial, como al debido proceso, siendo una conducta recurrente de la licenciada Yeni Berenice Reynoso Gómez el acudir al “tribunal de la opinión pública”.

Asimismo, declaró JUDEMO que “en el audio de tan penosa exposición, la fiscal confiesa a viva voz que ha escuchado conversaciones telefónicas de jueces y que ha incoado querellas por ante el Consejo del Poder Judicial en contra de magistrados por el contenido o tenor de sus decisiones, entonces resulta propicio recordar que la destitución de los dos jueces de paz de Santiago (Luisa García y Gabriel Marchena) se debió a semejante proceder”.

Explicó que todo lo anterior concede razón a Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) frente a anteriores reclamos y denuncias hechas interna e internacionalmente, en el sentido de que en los procesos disciplinarios seguidos a los jueces en la República Dominicana el Ministerio Público queda descalificado para ser parte, puesto que esa situación se erige como un mecanismo de manipulación, como si fuera la espada de Damocles que pende sobre el cuello de todos los juzgadores del país.

Del mismo modo, JUDEMO ha abogado continuamente por la erradicación de los juicios disciplinarios por el contenido de las sentencias judiciales, pues constituyen una amenaza y un atentado a la independencia judicial, reprochado nacional e internacionalmente y que ha despertado la preocupación de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, que a tales fines ha designado una relatora especial para recabar tales situaciones, a quien también le estamos copiando el referido audio y la presente declaración pública; lo propio hacemos con la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y con la Unión Internacional de Magistrados (UIM).

JUDEMO  desea dejar constancia de que desde que la actual fiscal del Distrito Nacional fue transferida desde Santiago se ha registrado un notorio aumento en los periódicos de titulares sensacionalistas y perjudiciales contra la judicatura nacional, lo cual opera en desmedro de la probidad de los jueces y juezas del país, cuando lo correcto es que los casos se ganen en buena lid, y que sean el resultado de un elenco probatorio fortalecido por argumentos jurídicos. 

“Esta asociación, comparte plenamente que la labor jurisdiccional esté sujeta al escrutinio público, pues ello reivindica el principio de publicidad, corolario del necesario control ciudadano en la labor jurisdiccional, y ahí los medios de comunicación de masa juegan un papel importante. Sin embargo, censuramos los desatinos que en este comunicado exponemos, así como el afán de protagonismo que exhibe la referida fiscal, y hacemos votos para que las relaciones del Ministerio Público y los jueces sean armoniosas, que siempre reine un clima de respeto, concordia, colaboración y compromiso institucional con la democracia, la justicia y el Estado Social y Constitucional de Derecho”, indica.  

Mientras los asesinos pagan el monto de la fianza y se reanuda su actividad, suspendida por el inconveniente procesal. Mientras las armas, sin permiso, sustraídas, alquiladas, reproducen la muerte. Mientras los huérfanos de la violencia crecen, escuchando las interjecciones de la venganza y aspiran continuar la saga trágica que signa la sociedad. Mientras el alarde sangriento gana admiración y la alabanza sube la tarifa para ejecutar la acción. Mientras en el patio de los recintos carcelarios se reciben las llamadas con las órdenes de exterminio y luego en la capilla la oración exculpa.

Mientras en áticos exclusivos deciden cuál será el matón más económico y los redactores de noticias se entrampan confundiendo calificaciones y repiten términos usados en telenovelas y libracos. Mientras los titulares contribuyen a la fábula y el miedo ocupa la rutina ciudadana, las autoridades encargadas de crear “la política de Estado contra la criminalidad”, administrar y ejercer la acción penal pública y resolver mediante sentencias pendencias penales, reeditan errores y mantienen la confusión.

Durante años, por ejemplo, asimilan delito y crimen y las correcciones se las lleva la ventolera que admite la lenidad y la frivolidad penal. Porque si el hartazgo ocupó instancias vitales para la transformación penal, no debe afectar la denuncia de la farsa, de la resistencia que impide aplicarla norma existente a las personas infractoras. El Código Penal está vigente y algunos actúan como si estuviera derogado o su vigencia fuera restringida.

Dedican su discurso al proyecto, no a la realidad. Siempre es pertinente recordar la convicción de Eva Joly, aquella jueza francesa derrotada por la connivencia universal que excluye del sistema penal a la opulencia, gracias a un sofisticado sistema de complicidad que comprende academias, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. Y cuenta, naturalmente, con exquisitos y costosos redactores de leyes y acuerdos, inaplicables, porque los autores viven en una burbuja que incluye avión, sala de reuniones y enoteca.

Se solazan repitiendo fábulas, usando calificativos fuera de contexto. Más que técnicos lucen comentaristas del más reciente capítulo de serie sobre narcotráfico. La asociación de malhechores la convierten en pandillas, maras, naciones y olvidan la contundencia del artículo 265 y siguientes del Código Penal. Les place repetir neologismos propios de otro entorno, para lucir contemporáneos. La estafa y el abuso de confianza devienen en “pirámides”, esquema Ponzi. Y de nuevo, recurren al ardid de las olas y temporadas de violencia. Entonces el sicario esconde al asesino e inauguran la jornada en procura de un proyecto para sancionar la práctica. ¿Banalidad doctrinal o engaño? ¿Deseo de encubrir la imposibilidad de juzgamiento y condena? Tal vez es temor a la opinión de una minoría que prefiere la permanencia del tinglado represivo, acogotado por el oportunismo más que por incapacidad. Equipo expectante, consciente de la rentabilidad de su genuflexión, lejos del decoro que permite aplicar la ley sin tiquismiquis, sin esperar reconocimientos de aquellos que invierten para mantener la impunidad propia y de los suyos.

Ridícula la disquisición en torno al sicariato. Perniciosa la aparente imposibilidad de sancionar asesinos baratos. Actúan como si restara lustre citar los artículos del Código Penal. El 295 describe con escueto rigor el homicidio para luego transformar la infracción con las agravantes. “El que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio”. Cometido con premeditación y asechanza se califica asesinato. Así. Sin tener que buscar o cambiar nomenclatura está prevista la infracción. El pago puede asimilarse a la dádiva que cita el artículo 60. Empero, está en marcha el periodo para analizar sicarios y sicariato. Se buscará la etimología. La daga estará de moda y las citas wiki, también. No revisarán el Código, tampoco recordarán que el sistema viste de honorables a los sicarios de la tiranía y del balaguerato, criminales políticos y comunes. A los de antes y después. La tipificación de la infracción existe. Negarlo es baldón inaceptable. (http://hoy.com.do/nomenclatura-para-la-evasion/autor/hoy/)

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