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Por Francisco Cabrera Mata

La audiencia virtual, entre la opción y la obligación (elnuevodiario.com.do)

 

Los límites al libre tránsito y a la posibilidad de reunión que experimentamos a causa de las medidas oficiales que fueron adoptadas con el fin de mitigar entre nosotros el auge de la pandemia, más el miedo colectivo a contagiarnos, no dejaron indemne el funcionamiento de la administración de justicia. En ese contexto, para evitar la parálisis total del aparato judicial, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) dictó la Resolución 007-2020, del 2 de junio del 2020, que fija el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales.

De golpe, llegamos un modelo de audiencias sustentado en un instrumento normativo bien redactado y pensado con agudeza, cuya lectura deja la sensación de que el proyecto es más que la oferta emergente a una situación apremiante. La motivación que le acompaña lleva tanto de simpatía por el llamado “Plan Estratégico Visión Justicia 2024” de que habló el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del CPJ, el 7 de enero último, como de razones para enfrentar la emergencia ocasionada por la cuarentena.  Pese a no ser una obra perfecta, inteligencia le sobra.

Se trata del arribo de una importante e innovadora política en la gestación de las audiencias que la comunidad jurídica no debe observar con escepticismo. Lástima que la modalidad haya llegado sin avisar y tan tarde, puesto que aquellas audiencias pautadas para agotar puros trámites y las que tienen lugar en ocasión de ser conocido el recurso de casación, encuentran en la fórmula su mejor pasarela. A la época, debimos ser expertos en el tema.

Con todo, nuestro entusiasmo por la causa no es ilimitado. La inexcusable obligación de cuidar el debido proceso, respetar las competencias en relación a las funciones propias de cada Poder del Estado y, con ello, la seguridad jurídica, nos acercan a la idea de quienes estiman que los efectos de aquellos elementos transformacionales citados en la propia Resolución, no deben descansar en regla parida fuera de la sede Congresual. No obstante, la postura contraria es la que ha predominado y ondea a los cuatro vientos.

Ahora bien, una vez ondeando la bandera que estima al CPJ competente para producir una obra de tal naturaleza, cumplir lo que el acto promete es necesario y hasta elegante. La opcionalidad como eje transversal del modelo y las actuaciones a cargo de la secretaría del tribunal para comprobar el consentimiento del usuario, constituyen garantías en provecho de las partes que integran el debido proceso derivado de la propia regla.

Observemos que en el protocolo la opcionalidad es guía fundamental del esquema[1], una perspectiva que descansa como principio y derecho[2], y aparece en función de requisito para la validez[3] del estándar. Asimismo, fijada la fecha del juicio, deja en manos de la secretaría verificar si las partes han consentido en someterse a la modalidad virtual y que, en ausencia de ese dato previo a la audiencia, deben ser contactadas a fin de recabar su disposición de suscribir el servicio[4]. Luego, ante estas pautas con detalles garantistas, los temores parecían innecesarios.

Pero no es tal cual, en la arraigada cultura de ver en el usuario a meros destinatarios de órdenes y no a titulares de derechos que en el ejercicio de sus atribuciones las autoridades deben respetar, se ha hecho muy notorio el adormecimiento de las referidas garantías. Así, la  opción va pasando de derecho a acto censurable y la prometida diligencia a cargo de la secretaria se transforma en un saludo a la bandera del invasor. En este sentido, la nueva regla amenaza el debido proceso que ha creado.

Por ejemplo, a falta de justificar su negativa de acogerse al modelo, sobre esta postura se ha expandido la censura como reacción al ejercicio de la prerrogativa. Igualmente, el derecho a la opción libra la batalla de ser reducido a la oferta de espacios y tecnología que se supone servirían para asistir a personas carentes de servicios o instrumentos de data. Como si tal asistencia desnaturalizara lo virtual, esta facilidad es denominada semi-presencial y, por tanto, con ella satisfecha la opcionalidad.

Lamentablemente, tales ejemplos no surgen en respuestas a circunstancias apremiantes que podrían hacer indispensable la utilización de la vía para garantizar la rápida intervención de la justicia en la efectividad de los derechos y garantías de los ciudadanos. Hacia estos casos, abandonados con sobrada razón a la discrecionalidad del juez[5], a cambio de no vaciar de contenido la prometida opcionalidad y el sentido de la verificación que busca confirmar la aceptación del modelo previo a la audiencia, la potestad es excepcional por naturaleza.

Si es que ha llegado la hora de transitar a las ventajas que ofrece la tecnología, procuremos que el tren de la modernidad acomode al usuario en asientos de primera clase; verlo como el monorriel para desplazar la nave, no está lejos de saltar la interdicción de la arbitrariedad. Por eso, preservar el criterio de que el acto impacta positivamente en el manejo de las audiencias y que es conforme a la Constitución, obliga ineludiblemente a cumplir lo que la innovación promete. Permitir lo contrario contribuirá al descrédito de una regla de incuestionable importancia.

Por Francisco Cabrera Mata

Por Francisco Cabrera Mata

La carrera administrativa electoral tiene carta de ciudadanía, dejémosla pasar (elnuevodiario.com.do)

 

Pese a que los modelos en vigor hayan dejado su amarga cuota de desaliento, la carrera administrativa es más que permanencia en un puesto de trabajo. Comprende por igual, quizás con mayor peso, el aprovechamiento de ese valioso capital humano que resulta de los conocimientos adquiridos y el debido manejo en temas de función pública. Es un instituto que procura proteger la dignidad del servidor público honrado tanto como la del destinatario de los servicios.

Entre nosotros es un asunto blindado desde la Constitución[1] y ampliado por la Ley 41-08, de Función Pública, que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, hoy conocida por la denominación “Ministerio de Administración Pública”. Este instrumento, además de pautar la carrera administrativa general, prevé el llamado régimen especial conocido por su ejecución en áreas como el servicio Diplomático y Consular, Ministerio Publico y Educación.

A juicio de la Corte Constitucional de Colombia, dicho molde encuentra su fundamento en tres objetivos básicos: el óptimo funcionamiento en el servicio público, la garantía en el  ejercicio del derecho para acceder al desempeño de cargos públicos y, a  partir del principio de estabilidad en el empleo, la protección de los derechos subjetivos de los trabajadores al servicio de Estado[2]. Es un compromiso con cara de privilegio.

Esa estabilidad, a cambio de un desempeño que responda a la eficiencia y requerimientos éticos custodiados por un marco disciplinario, es la promesa abrazada por nuestro sistema.  La inobservancia de esta regla apunta hacia una fricción constitucional. En efecto, en el artículo 145 de la Carta Magna, leemos que: “la separación de los servidores públicos que pertenezcan a la carrera administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley”.

Pero siendo el MAP brazo ejecutor del Poder Ejecutivo en la materia, razones asociadas a la aplicación del principio de separación de poderes y a la autonomía reforzada de los órganos extra poder, justifican que en tales espacios de potestades públicas tenga lugar la construcción de sus propios procedimientos. Ejemplo de ello encontramos en la carrera judicial, aplicada en la relación del Poder Judicial con sus empleados, y la carrera constitucional, que versa sobre el mismo tema en sede del Tribunal Constitucional.  Es un tema que no ha sido ajeno a la sede electoral.

Para el año 2009, la JCE anunció la firma de un acuerdo con el INAP, dependencia del MAP, en busca de  crear las bases para que el personal del órgano electoral pudiere ser incorporado al sistema de carrera administrativa. Tal iniciativa circulaba en el debate nacional desde el 2004[3]. Sin embargo, por encima del buen ánimo exhibido en ese noble propósito, el diseño promovido en aquella ocasión revela que los protagonistas de la idea no veían a la JCE como un órgano extra poder y, por tanto, capaz de generar su propia norma sobre el particular.

Afortunadamente, la puesta en escena de la ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, abre un importante capítulo al respecto y dota de carta de ciudadanía la carrera administrativa en sede electoral. En este sentido, de acuerdo al artículo 22 del indicado instrumento normativo, la Junta Central Electoral dictará, dentro de su facultad reglamentaria, las disposiciones pertinentes para asegurar el establecimiento y funcionamiento de la Carrera Administrativa Electoral. La carta está sobre la mesa, esperamos por su contenido.

Si bien el material a reglamentar es de una amplitud que supera el espacio permitido para estas notas, puntualizar un aspecto será siempre posible. Asumido el tema, la dinámica a aplicar para medir el nivel de desempeño no debe quedar atrapada en el corporativismo o abandonada a estudios huecos que suelen tener lugar al margen de la satisfacción real del destinatario de los servicios. Por eso, evitar la distorsión que en ese y otros sentidos experimentan modelos vigentes, se traduce en una ineludible obligación.

En todo caso, colocar el desarrollo del referido mandato en la agenda inmediata de la institución responsable, no solo constituiría una buena nueva para el usuario, beneficiario último y razón de ser de los servicios públicos, sino que coadyuva a la consolidación de la buena imagen que desde su llegada exhibe la nueva gestión. Dicho esquema, por estar llamado a preservar e incorporar con transparencia capital humano de calidad, es un desafío decente que enaltece cualquier tipo de administración. Para eso, carácter y competencia sobra en el pleno recién formado.

Por Francisco Cabrera Mata

El salario de Navidad visto con los ojos del confinamiento (elnuevodiario.com.do)

Hablar de regalía pascual es un tema tan emocionante de la temporada navideña como la cena de nochebuena y la llegada del año nuevo. De cara a las personas ligadas por un contrato de trabajo, la denominación correcta es “salario de navidad”. Se trata de un derecho del trabajador, independientemente de la modalidad del contrato, equivalente a la duodécima parte del salario ordinario devengado durante el año calendario y que, en adición al salario de rutina, debe recibir a más tardar el 20 de diciembre.

De esta manera, si la persona labora todo el año o se ve impedido de trabajar por causa inexcusable e inherente a su empleador, el monto a percibir por este concepto podría ser igual al que devenga cada mes, salvo que dicha suma supere el tope legal; de ahí la denominación “doble sueldo”. En cambio, la inactividad laboral que afecta el pago del salario ordinario y resulta excusada en uno de los motivos que regula la ley, está llamada a impactar el referido importe en forma proporcional. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo es uno de estos casos.

En ocasión de intervenir suspensión de los efectos del contrato, institución celosamente regulada por la norma laboral, las partes quedan exoneradas de cumplir con sus respectivas obligaciones. De este modo, en busca de salvar la vigencia del vínculo ante circunstancias difíciles y garantizar así la plaza de trabajo, temporalmente sufre el fisco, el empleador y el trabajador. Si bien el asalariado queda liberado de prestar el servicio, igual se ve privado de devengar el salario.

Un ejemplo vivo de lo que venimos de decir nace de la situación generada por las medidas adoptadas en el país desde marzo último y que han perseguido detener el auge de la pandemia que nos amenaza. Las limitaciones a los derechos de libre circulación y otras expresiones que disminuyeron considerablemente la posibilidad de agruparnos, deterioraron el aparato productivo hasta alterar a un alarmante número de contratos. Con ello, los derechos de los trabajadores, salario de navidad incluido, quedaban en la ruta del daño inminente.

A pesar de que las pautas iniciales ordenaban el cierre de sectores determinados, muy pronto una cifra considerable de empresas autorizadas a seguir operando sintió el sobrepeso de la desafortunada circunstancia. Es que en adición al tema de la libre circulación, por temor al contagio muchos trabajadores quedaron atrapados en un tipo de miedo que terminó afectando la asistencia al trabajo. Por lo que, perdíamos el ritmo normal de las actividades y enfrentábamos una atípica suspensión de los efectos del contrato de trabajo que aún  late.

De este modo, el drama humano no solo se imponía a las partes por emanar la orden del príncipe imponiendo cierre de negocios y limitando el movimiento de personas, sino que resultaba abonado por el instinto de sobrevivir al ataque de la naturaleza. Pero, al tiempo que el trabajador perdía su salario y el empleador la posibilidad de producir, surgieron acciones sociales del Estado que apuntaron hacia la relación de trabajo afectada. Es en ese contexto que son anunciados los llamados programas FASE I y FASE II.

Con el primero, el Estado asistía a aquellos trabajadores cuyas empresas estaban imposibilitadas de trabajar ante la indicada suspensión atípica. Por su lado, con el segundo, para paliar los daños colaterales y ayudar a la permanencia activa de los contratos, el beneficio quedó dirigido hacia los empleadores habilitados a seguir operando y que  lograron madurar esfuerzo a esos fines. En relación con eso, hasta garantizar el salario que responde a una jornada normal, el empleador contó con la facultad de deducir de la retribución correspondiente al trabajador una suma igual a la acreditada por el Estado.

Como se aprecia, en esta última modalidad el dinero aportado lleva naturaleza de salario y, aunque sea depositado directamente en una cuenta propiedad del trabajador, es proyectado en provecho del empleador. Por consiguiente, las empresas beneficiarias de esta asistencia, llegado el momento de calcular el importe del salario de navidad de sus trabajadores para el año 2020, están obligadas a tomar en cuenta tales valores. Luego, si la jornada diaria no bajó para afectar los ingresos, el derecho al salario de navidad completo no está en juego.

No obstante, la solución es diferente respecto a aquellas empresas en donde ha predominado la suspensión de los efectos del contrato, pues la asistencia recibida a través del programa FASE I no ha tenido esencia de salario. Para estos casos, entonces, la compensación salarial dejada de percibir durante el período de inactividad incide negativamente en el monto del salario de navidad a que tendría derecho el trabajador; éste será en proporción a los salarios devengados dentro del año.

Como podemos ver, tenemos un sector refugiado en la suspensión de los efectos del contrato de trabajo que no puede ser obligado a abonar el salario de navidad completo y otro que, acogido al FASE II, hoy como el primer día requiere de la respiración artificial suministrada en aquella ocasión. Por eso, dado que la salida jurídica no le resta a la penuria que asoma, en ambos programas, la extensión de la mano solidaria del Estado parece tan necesaria como impostergable. De lo contrario, a Dios que reparta suerte, puesto que la relación entre el capital y el trabajo la va a necesitar.

Por Francisco Cabrera Mata

Disponible en El salario de Navidad visto con los ojos del confinamiento (elnuevodiario.com.do)

Por Francisco Cabrera Mata

Apuntes por un modelo de auditoría periódica sobre el Registro Civil (elnuevodiario.com.do)

En ocasión de que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia TC/168/13, la Junta Central Electoral quedó cuestionada en el rol de juez y parte que jugaba respecto a la discrecionalidad aplicada en la emisión de actas de  nacimientos que estimaba irregulares. Por la misma decisión, además, la corporación resultó ligada a la puesta en ejecución de una auditoría sobre el Registro Civil[1], instituto que administra desde el año 1992, en virtud de competencia dada por la ley 8-92, atribución elevada a rango constitucional en el 2010[2] y que actualmente recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Los propósitos de ese trabajo técnico estaban orientados a detectar las inscripciones de nacimientos asentadas en los libros del Registro Civil de hijos cuyos padres no poseían los documentos exigidos a esos fines por la ley. Esta tarea, en función a razones explicadas en el referido fallo, comprendía el período que medió entre 16 de junio del 1929 y 18 de abril del 2007.

En efecto, la institución llevó a cabo la misión, una titánica labor que tuvo lugar en un tiempo record. El informe sobre el particular da cuenta que fueron inventariados unos 116 mil 506 libros, integrados por 16 millones, 748 mil 568 folios[3]; superar las irregularidades allí detectadas constituyó la coronación del proceso. Pero, considerar agotada la necesidad de esa exitosa inspección pautada para hacer frente al drama humano develado por la decisión constitucional, sería un exceso de confianza que nos podría llevar a repetir parte de la historia.

La conminación permanente que la realidad vierte sobre el Registro Civil, es y será referente obligatorio para que el órgano electoral haga uso de sus facultades reglamentarias y pueda desarrollar una política llamada a sistematizar el modelo de auditoría practicado. Identificar oportunamente la suma de posibles errores con el propósito de corregirlos, conviene a todos y nos distancia menos de los eventuales responsables.

Un Reglamento a esos fines, producido en virtud de la potestad que el artículo 212 constitucional confiere a la JCE, sería regla de imperativo cumplimiento destinado a institucionalizar tal obligación. Esta auditoría podría ser fijada en forma periódica, a lo sumo cada diez años y tomando siempre como punto de partida el último período auditado; evitando, en cualquier circunstancia, que ello ocurra en los años de primarias y de asambleas electorales.

Recordemos que no solo somos el lugar paradisíaco que atrae turistas o el espacio para el refugio de quienes huyen de alguna desafortunada circunstancia. Por razones humanitarias o por debilidad institucional, nos hemos convertido en un aliado incondicional de la asistencia que necesita un alto número de parturientas provenientes de Haití. Este ejemplo, cuya presentación sobra, es tan voluminoso como amenazante para el Registro Civil.

El libro Registro del nacimiento de niños de padres extranjeros no residentes en República Dominicana, implementado en el año 2007[4], a pesar de ser una herramienta de importancia en el tema, no es vacuna que indemniza contra errores o posibles fraudes. Incluso, la JCE no controla la suerte de estas inscripciones cuando llegan a sede diplomática, proceso que es puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos, empero no los consume.

Ciertamente, debemos tener fe en el denominado libro de extranjería, pero esta confianza no es suficiente para dejar por organizada la situación migratoria de una elevada cifra de extranjeros que, a cualquier precio, fija asiento en la República Dominicana. Este tema migratorio, materia que escapa a la competencia del organismo electoral, debe servir de alarma para marchar a la defensiva en la ruta por mitigar la eventual consolidación de anomalías tan lesivas de derechos como las delatadas en la mencionada sentencia TC/168/13.

De justicia es reconocer que la puesta en marcha de la automatización del Registro Civil promovido desde el 2005, constituye un gran paso hacia la eficiencia del servicio que debe llegar a las personas. Aún así, saber que necesitamos la vigencia de un régimen de rectificación actas, que nos preocupa la suplantación de identidad y que el libro de extranjería camina hacia la saturación, hace suponer que todavía el sistema es vulnerable.

Como se aprecia, esta vulnerabilidad no está reducida a las instalaciones físicas que sirven de alojamiento a una Oficialía del estado civil o al modelo técnico-operacional. De modo que, resaltar la mejoría del  sistema de contabilidad relativo a los nacimientos, no significa excluir el peligro de actividades que acechan buscando cambiar una identidad o la alteración de inscripciones que persiguen simular situaciones que debemos prevenir y, si fuere necesario, corregir.

Por eso, un levantamiento periódico y reglado de forma tal que de gestión en gestión vincule a la propia JCE, le permitiría al órgano tener dominio a tiempo sobre posibles inscripciones irregulares; de este modo, gana la persona inscrita y gana el Estado. Pues, la fortaleza y la diafanidad del Registro Civil, como soporte de un maestro de cedulados que más tarde servirá de base al Registro Electoral, es la pieza primera para preservar la identidad de las personas y la transparencia de las asambleas electorales.

 

Disponible en: https://elnuevodiario.com.do/apuntes-por-un-modelo-de-auditoria-periodica-sobre-el-registro-civil/?fbclid=IwAR1nckIjLFra2srF1B24ZGSP5tkp6wqj5XBDmm0-GtPgNqiqGyIjvq0yiw8 

Por Francisco Cabrera Mata

¿Quién se anima a llorar en favor de la JCE? (elnuevodiario.com.do)

 

Aunque se conozca de una inversión cuya utilidad haya sembrado traumas o de elevados salarios, gastos de representación y viáticos que dejan la sensación de que en la JCE sobra dinero, la historia reciente enseña que esta institución sobrevive con un presupuesto que no responde a las expectativas construidas por el pleno para encarar con éxito sus necesidades. Cada año, acceder a la fuente de financiamiento le implica recorrer un camino escabroso que coloca en tela de juicio sus propios rasgos constitucionales.

Tales rasgos nos dicen que estamos ante un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera[1], que responde a una autonomía reforzada que es muy superior a la de los entes administrativos y municipales, llamada a garantizar una esfera libre de controles e injerencias del Ejecutivo[2]. Sin embargo, pese al criterio generalizado de que la entidad necesita elevar la calidad de los servicios a su cargo, la opacidad parece regla en la defensa de los fondos a tales fines.

En busca garantizar la identidad de las personas y la transparencia de las asambleas electorales, en adición a la sede principal, toda una fórmula operacional que supera las 600 dependencias, están bajo responsabilidad de la JCE. Entre otros departamentos, ello comprende la oficina del Centro de los Héroes, Juntas Electorales, Oficialías del Estado Civil, Delegaciones en hospitales, Centros de servicios y legalizaciones, así como las  Oficinas Coordinadoras de Logística Electoral en el Exterior.

Pero esos propósitos demandan de recursos que no produce la institución, provienen del presupuesto nacional. En este sentido, según la ley de régimen electoral, corresponde al pleno elaborar y ejecutar su presupuesto anual, que no podrá ser menor del 1.5% del Presupuesto General de la Nación, el cual deberá ser incluido en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos que el Poder Ejecutivo someta al Congreso Nacional, sin perjuicio de los gastos extraordinarios para ser aplicados a un proceso electoral[3].

De ahí que, siendo de público conocimiento que el  proyecto de Presupuesto General de la Nación enviado al Congreso Nacional sobrepasa el billón de pesos, la JCE estaba habilitada para presentar una estimación financiera superior a los 16 mil millones de pesos. Pero no ha sido así, la propuesta actual asciende a RD$7,427,405,900.32[4], mientras que el Ejecutivo propone asignar la suma de RD$4,511,291,957[5].

Como se puede apreciar, el órgano ha perseguido una asignación presupuestaria para el año próximo que apenas oscila el 50% del importe mínimo facultado a promover, pero a la hora de asignar partidas, el Ejecutivo lo reduce a un monto que ronda la mitad de lo pretendido. Así, salvo que la reducción apunte hacia gastos objetados como superfluos, el impacto negativo en los programas proyectados está implícitamente supuesto.

Penosamente, esta receta no es un modelo que viene por la crisis que nos genera la pandemia. Una mirada al año pasado revela que, para este año 2020, teniendo por delante la posibilidad de celebrar tres eventos electorales y habiendo presentado un presupuesto de RD$16,540,633,709.83[6], con dificultad recibió RD$7,850,894,957[7]. Por ello, en una recurrente y perturbadora práctica, hubo la necesidad de acudir al Poder Ejecutivo para lograr los fondos extraordinarios propios del año electoral.

Pero esa historia puede cambiar, estando la bola en la cancha legislativa, bastaría que los legisladores decidan ejercer la facultad derivada del artículo 234 constitucional y, con ello, reivindicar la autonomía reforzada de un órgano extra poder amenazado una vez más por la precariedad económica. Además, cada voz que con entusiasmo reclama una JCE independiente, activada en este norte, tiene en lo adelante la oportunidad de sumar opinión que empuje por la emancipación que promete la Constitución y que deseamos todos. Guardar silencio podría ser una alarmante señal de inconsistencia o de confesa sumisión.

Por eso, ahora que la radiografía de la transparencia pasea por el cuerpo de las personas que desean ser parte del pleno, propicia la temporada para entender que no será suficiente una institución integrada por ciudadanos nobles, es necesario –también- dotarla de los recursos que permitan hacer posible el logro de los objetivos determinados. De lo contrario, toda iniciativa expuesta para superar los traumas electorales y mejorar las deficiencias que aún perviven en el Registro Civil, corre riesgo de ser simiente plantada en el campo de la desilusión, cuyos frutos no podemos seguir cosechando.

[1] Artículo 212, primera parte, Constitución de la República. Disponible en https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/constitucion/Constitucion.pdf

[2] Tribunal Constitucional. SENTENCIA TC/0305/14, de fecha 22 días del mes de diciembre del año 2014.  Disponible en https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/7999/tc-0305-14.pdf

[3] Artículo 18.3, Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19 del 18 de febrero de 2019. G. O. No. 10933 del 20 de febrero de 2019. Disponible en https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/LEY_ley_no._15_19.pdf

[4] JCE solicita al presidente Abinader presupuesto por más de RD$7.4 mil millones para el año 2021,  4 de septiembre del 2020. El Nuevo Diario [on line]. Disponible en https://elnuevodiario.com.do/jce-solicita-al-presidente-abinader-presupuesto-por-mas-de-rd7-4-mil-millones-para-el-ano-2021/  

[5] Proyecto de Ley General de Presupuesto para el año 2021. Disponible en https://www.hacienda.gob.do/wp-content/uploads/2020/10/Proyecto-de-Ley-PGE-2021-Tomo-I.pdf

[6] JCE presenta desglose del Proyecto de Presupuesto Institucional del año 2020 ante Comisión Bicameral de Presupuesto, 27 de noviembre del 2019. JCE [on line]. Disponible en: https://jce.gob.do/Noticias/jce-presenta-desglose-del-proyecto-de-presupuesto-institucional-del-ano-2020-ante-comision-bicameral-de-presupuesto

[7] Ley 506-19 de Presupuesto General del Estado. Disponible en: https://www.digepres.gob.do/pubs/2020/Libros/Tomo-I/ley-de-presupuesto-General-del-Estado-2020-Tomo-I.pdf 

 

Por Francisco Cabrera Mata

Por Francisco Cabrera Mata

El financiamiento público de la actividad política es promover democracia (elnuevodiario.com.do)

Responder con sentido humano a las situaciones emergentes que genera la desafortunada circunstancia que vivimos, es un tema de todos. En se sentido, debemos ver con los ojos de la comprensión, el desprendimiento y la solidaridad las medidas que a tales fines anuncie el Gobierno central. No obstante, creemos que la sensación de entusiasmo generalizado que se expresa por la posible reducción de los fondos públicos que reciben los partidos políticos, hasta escuchar de un amplio sector de la población que la práctica sea eliminada, nos debe llamar a profunda reflexión.

( Fuente: https://elnuevodiario.com.do/el-financiamiento-publico-de-la-actividad-politica-es-promover-democracia/ )

Es posible que el deteriorado concepto de la democracia que nos ha tocado conocer, haga pensar que el dinero orientado al desarrollo institucional y al fortalecimiento de los derechos camina hacia la malversación y dispendio de recursos. Es el caso del financiamiento público en provecho de partidos políticos. Ciertamente, la falta de control y fiscalización en la calidad de esta inversión, así como la dinámica aplicada para definir la participación en la distribución, genera desconfianza que tarde o temprano pasa factura. Incluso, quienes decidan defender públicamente este tipo de financiamiento, corren el riesgo de la descalificación; hacerlo requiere de una combinación de carácter y competencia.

Es que en los regímenes electorales que apuntan a fortalecer la democracia, la transparencia en la administración de fondos por parte de los partidos y la democracia interna de éstos, constituyen elementos esenciales de las garantías debidas a sus miembros y al electorado. Por eso, garantizar la igualdad entre afiliados, el origen y manejo sano de los fondos que sirven de soporte a las actividades de las organizaciones políticas, no ha sido abandonado a la buena voluntad de la cúpula partidaria. Nuestra ley vigente sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos es muestra de ello, aunque no sea una obra perfecta, conviene asumirla con fe y esperanza.

La democracia cuesta y así lo enseña el costo operativo de las instituciones que convergen en ella. El financiamiento público de las actividades políticas, por ejemplo, que es lo que interesa al presente comentario, no es invento nuestro, es una práctica que predomina en la región y que nosotros incorporamos a partir de la ley 275-7 que, de acuerdo a como publicara el Listín Diario el pasado lunes 19, respondió a preocupaciones e iniciativas del Doctor José Francisco Peña Gómez[1]. Esta ley ha sido impactada hasta quedar derogada, pero el financiamiento público a favor de los partidos se reedita en el orden que le ha sucedido, casi hasta revivirla.

Propicio el espacio para citar, bajo riesgo de que el tiempo transcurrido le reste precisión al dato, que para el año 2011, Pablo Gutiérrez y Daniel Zovatto, hablando sobre los modelos de financiación, en evento organizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEAS, por sus siglas en inglés), en tarea conjunta con la Organización de Estados Americanos, resaltaban a Venezuela y Bolivia como países de la región que habían adoptado el diseño de no participar en el financiamiento público a favor de los partidos políticos. En tanto que miraban hacia Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua, para ejemplarizar con naciones de la misma área geográfica que limitan la asistencia a los procesos electorales[2]. Esta fuente revela que la práctica tiene sus opositores, pero se trata de una tendencia que marcha y se consolida.

De acuerdo a la citada fuente, esta práctica del financiamiento público se inspira en los propósitos de transparentar el flujo económico, equilibrar las condiciones de la competencia, hacer menos vulnerables a los partidos de las presiones de grupos privados o garantizarles a éstos que no serán chantajeados por los partidos. En fin, se busca blindar a partidos y candidatos de los dineros provenientes de fuentes ilícitas y fomentar la rendición de cuentas[3].

Si bien los partidos políticos llevan sobre sus hombros complejas y delicadas obligaciones que nos podrían parecer tareas de pendiente cumplimiento, tales organizaciones son titulares de derechos que en el ejercicio de sus atribuciones las autoridades deben respetar, promover, proteger y garantizar. No son simples destinatarios de órdenes, mandatos y críticas. De ahí que debemos valorar en extremo toda práctica que tienda a disminuirlos o que redunde en perjuicio de su necesario fortalecimiento.

Como hemos adelantado, el sacrificio nos compete a todos y la circunstancia generada por la pandemia demanda de austeridad, pero mirar con ilimitada simpatía que le sea restado fondo al financiamiento de la actividad política, hasta pedir que desaparezca ese diseño institucional, nos dice que hemos construido una idea muy frágil de la democracia y de sus instituciones. Parece que no sólo la JCE debe trabajar en su imagen, los partidos políticos tiene por delante una obra similar. De esta agenda, la ciudadanía, guste o no de asambleas electorales, debe estar sentada en asiento de primera clase para percibir tales ventajas.

Este compromiso de los actores que intervienen en el sistema electoral, es impostergable. La puesta en escena de las competencias de la JCE sobre los partidos y la de los poderes públicos llamados a fiscalizar y supervisar a los demás poderes y órganos extra poder del Estado, debe producir los frutos que permitan apreciar las bondades de las nuevas leyes que inciden en el régimen electoral. Por eso, a nuestro juicio, cuidar del financiamiento público a favor de los partidos políticos, es cuidar de la democracia. Asumir con entereza los desafíos de poner en ejecución las leyes orgánicas 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y 15-19, sobre régimen electoral, se traduce en una inexcusable obligación.

Por Francisco Cabrera Mata*

https://elnuevodiario.com.do/el-financiamiento-publico-de-la-actividad-politica-es-promover-democracia/

 

Por Venecia Joaquín

La vida se complica, cambia, escasean los recursos; son señales de alerta para que dejemos de complacer grupos y preparemos la nación para manejarse con una estructura de mecanismos prácticos, capaces de rendir mejores frutos; que ayuden a toda la población.

Nunca he estado de acuerdo con un   ministerio de la mujer ni de la juventud; he abogado por un MINISTERIO DE LA FAMILIA; que aglutine a todos, niños, jóvenes, adultos, abuelos, no importa que sea   hombre o mujer; con departamentos especiales para cada uno; como si fuera un hogar con habitaciones, pero unidos por lazos de afectos, de principios, valores, que conduzcan a la misma meta, al progreso, bienestar, a la paz social.

A ninguna sociedad le conviene dividir la familia y menos, sembrar la discriminación, para atender sectores específicos; en naciones en vía de desarrollo como la nuestra, no podemos tener un ministerio exclusivamente para asuntos de la mujer ni de los jóvenes; son un atentado a la integridad familiar. Al atender la mujer, discriminamos al hombre ¿Qué pasa con la igualdad de género? Y al atender los jóvenes, olvidamos los niños y adultos, ¿Qué pasa con la justicia social?

Los ministerios de la mujer y la juventud pueden estar bien intencionados, pero si se analizan a la luz de los valores, costumbres, proyectos y tendencia familiar, los resultados pueden ser desastrosos; envían señales de división que no es conveniente mantener.  Necesitamos un ministerio que arrope la familia:  padre, madre, hijos, abuelos; que facilite su acceso a las políticas sociales, que coordine de manera efectiva sus actividades, rumbo al desarrollo integral de la misma.

Hoy, el país enfrenta serios problemas económicos, sociales, educativos, ¡muy costosos!; la pandemia nos empuja a hacer una reingeniería de toda la estructura. Necesitamos mecanismos que unan más las familias, el pueblo; trabajar en equipo, para salir airosos de los grandes retos; procede una estructura que    facilite la acción; que oriente, eduque en grupo, para ser más útiles a la sociedad, sin gastos excesivos.

Poco a poco, fortaleciendo la educación, quitando antivalores, modificando leyes obsoletas, los  hombres y mujeres, de todas las edades, se incorporaran a la vida productiva  sin tener que establecer ministerios que los separe, más bien que los una ; y desde ahí, juntos, trabajaran por una sociedad más justa, equilibrada y humana; abogaran por  realizar labores en equipo, que enarbole la importancia de la educación, el espíritu de trabajo, el ser personas de bien; tendrán herramientas para combatir los males, vicios, delincuencia; enseñaran a realizar labores conjuntas, abrir centros laborales, que apoye iniciativas privadas.

Los problemas y limitaciones sociales , deben combatirse , facilitando la participación  de hombres y mujeres, de todas las edades;  para que con igualdad de oportunidades, aprendan y se beneficien; de ahí la importancia de un Ministerio de la Familia, una institución abierta, una fuente general, a la que todos tengan acceso, para  recibir orientación y ayuda.

Por Venecia Joaquín FuenteL https://elnuevodiario.com.do/ministerio-de-la-familia-para-todos/

Por Francisco Cabrera Mata 

La Cédula de Identidad en menores de doce años no es un invento de la JCE (elnuevodiario.com.do)

 

Escuchar que una niña será madre, representa  un drama humano en cualquier idioma. Pero conocer que desde temprana edad una persona puede tener un documento de identidad personal con la protección y garantía del Estado, no debe despertar preocupación. Por el contrario, la posibilidad de saber consolidado en un registro los datos personales de un individuo, constituye una señal positiva en el proceso de identificación de las personas.

En el tono usado por la ley que versa sobre el tema, hablar de identidad es referirse al conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. Entre nosotros, se comprobará mediante la presentación de la correspondiente cédula que ahora regula la ley 15-19, orgánica de régimen electoral[1], ordenamiento que distingue dos categorías de este documento, la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral.

Así, los menores de edad que hayan cumplido los doce años, por ejemplo, siguiendo la pauta combinada de los artículos 70.1 y 74, de la mencionada ley, adquieren vocación para ser dotados de cédula de identidad. Esta noción obedece al documento único para la identificación de las personas que contiene los registros de identidad determinados[2].  Pero no habilita al menor de edad para la capacidad legal o poder actuar a nombre propio, ni disminuye la autoridad de los padres sobre sus hijos menores de edad[3].

Para reducir posibles confusiones, la cédula de identidad es de un color distinto a la cédula de identidad y electoral y en ella consigna con caracteres relevantes la leyenda NO VOTA[4]. Estos documentos son mutuamente excluyentes, en consecuencia, una vez emitida la cédula de identidad y electoral, automáticamente queda sustituida la otra. Es evidente, entonces,  que se procura blindar el documento contra usos indebidos o reservados a la cédula de identidad y electoral.

Ambos documentos llevan los rasgos propios que caracterizan a cada persona, así como el  denominado número de identidad[5], lo que reposa en una relación contentiva de todos los datos de las personas que se han inscrito para su obtención y que se llama “archivo maestro de cedulados”. Sin embargo, arrastran la marcada diferencia de que mientras la cédula de identidad es voluntaria y puede ser obtenida a partir de los 12 años, la cédula de identidad y electoral es obligatoria y, de ordinario, para obtenerla se hace necesario haber cumplido diez y ocho años, punto de partida para estimar quién es mayor de edad[6].

Pese a la considerable reducción sobre el mínimo de la edad requerida para acceder a la prerrogativa, la cédula de identidad en menores no es una novedad. En el régimen anterior, reglado por la derogada ley 8-92, tal posibilidad existía a partir de los 16 años. Bajo ese clima, a los fines de la excepción de que hablamos en el párrafo siguiente, la JCE había dictado la Resolución 08/2007, del 7 de noviembre del 2007[7].

Invitamos, pues, a no ver con escepticismo que la JCE haya hecho uso de sus facultades reglamentarias y emitiera la Resolución 74-2020. Con esta decisión inicia la puesta en ejecución de un proceso sobre la expedición de cédulas de identidad a favor de los menores de doce años y, en forma excepcional, habilita la prerrogativa a favor de las niñas madres o en proceso de gestación que no hayan alcanzado la referida edad.

Es que cuando la JCE regula este tema, ejerce una potestad que viene del artículo 212 constitucional, cuyo texto le autoriza a reglamentar sobre asuntos que son de su competencia, mismo que concibe al Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral, como dependientes de este órgano extra poder[8].  Aún más, tal competencia se maximiza en la ley de régimen electoral, cuando en el párrafo agregado al artículo 74, leemos que la JCE reglamentará la forma en que se emitirán las cédulas de identidad a los menores de doce años.

Luego, al emitir la Resolución 74-2020, la Junta Central Electoral no se ha fabricado atribuciones ni invade competencias ajenas, cumple con una indelegable facultad que en forma de mandato le pauta la ley 15-19. Enhorabuena, paso a paso hemos de descubrir que esta ley no será perfecta, más tiene sus virtudes; igual atención espera la carrera administrativa electoral.

1] Artículo 65, Ley 15-19, Orgánica Sobre régimen Electoral [on line]. Disponible en https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/LEY_ley_no._15_19.pdf

[2] Artículo 70, ob cit

[3] Resolución 74-20, de fecha 29 de septiembre del 2020  [on line]. Junta Central Electoral. Disponible en file:///D:/Backup%20Autom%C3%A1tico/Downloads/074-2020%20RESOLUCI%C3%93N%20QUE%20DISPONE%20LA%20EXPEDICI%C3%93N%20DE%20C%C3%89DULAS%20A%20MENORES%20DE%20EDAD.pdf

[4] Artículo 73, Ley 15-19, Orgánica Sobre régimen Electoral

[5] Nos referimos a la  identificación numérica asignada de por vida a toda persona, para la integración de sus actos civiles y personales.

[6]  Artículo 488, modificado por la Ley 4999 del 19 de septiembre de 1958; G.O. 8287, Código Civil de la República Dominicana [on line] Disponible en http://tse.gob.do/Docs/Normativas/CodigoCivilDominicano.pdf

[7]  Disponible en https://jce.gob.do/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=9545&Command=Core_Download&language=es-ES&PortalId=1&TabId=190

[8] Artículo 212, Constitución de la República [on line]. Disponible en https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/constitucion/Constitucion.pdf  .

Por Francisco Cabrera Mata* (Fuente: https://elnuevodiario.com.do/la-cedula-de-identidad-en-menores-de-doce-anos-no-es-un-invento-de-la-jce/ )

 

Por Francisco Cabrera Mata (Fuente: https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/10/16/639639/impuestos-al-salario-de-navidad)

En el campo de las relaciones privadas de trabajo, el sala­rio de navidad es parte del catálogo de prerrogativas consolidadas que integran las ventajas que el carácter social del Derecho del Trabajo ofrece al trabajador. Siguiendo las pautas de nuestro Código de Trabajo, esta noción res­ponde a la duodécima par­te del salario ordinario de­vengado por el trabajador en el año calendario, cu­yo pago debe tener lugar a más tardar el 20 de diciem­bre del año que corres­ponda. Vale aclarar que, aquellos trabajadores que no hayan laborado el año completo tienen derecho a una parte proporcional, aún se trate de contratos terminados con anteriori­dad e independientemente de la causa de terminación.

 

Debido a que la obliga­ción del empleador no está llamada a superar la suma equivalente a cinco sala­rios mínimos, observando siempre los rasgos propios del orden público laboral, en la etapa embrionaria del Código, cuando el tra­bajador resultaba favoreci­do con una suma superior al referido límite, las auto­ridades de la hoy DGII per­seguían impuestos aplica­dos al importe que estaba por encima de este valor. El debate no se hizo espe­rar, tomó cuerpo con argu­mentos a favor y en contra de la medida.

La práctica oficial preten­día estar sustentada en la re­dacción original del artículo 222 laboral que, si bien ad­vertía que el indicado dere­cho no estaba sujeto al im­puesto sobre la renta y exento de gravamen, embargo, ce­sión o venta, no distinguía entre el monto obligado, cin­co salarios mínimos, y el que obedecía a la consideración extra brindada por el emplea­dor al trabajador, que respon­de al excedente. Ante la au­sencia de respuesta oportuna en sede judicial, intervino la mano del legislador.

Así, fue votada la ley núm. 204-97, del 24 de octubre de 1997, pieza que vino a incor­porar un párrafo al mencio­nado artículo 222 laboral. A partir de esta reforma, el artí­culo 222 laboral, lee: “El sala­rio de Navidad no es suscep­tible de gravamen, embargo, cesión o venta, ni está suje­to al impuesto sobre la renta. Párrafo (agregado por la Ley Nº 204-97, de fecha 24 de oc­tubre de 1997, G.O. 9966 del 31 de octubre de 1997): Esta disposición se aplica aunque el monto pagado sea mayor de los cinco (5) salarios mí­nimos legalmente estableci­dos”.

Como se puede apreciar, en el año 1997, el legislador optimizó el derecho del tra­bajador a recibir libre de im­puestos el salario de navidad, sin hacer reparos en la suma. Luego, retirar esta ventaja equivaldría a una regresión que, aún fuere posible, para su validez constitucional re­queriría de una fuerte carga argumentativa que le sirva de justificación. El principio de progresividad y la cláusula de no retroceso, insertos en el orden de valores y principios que nos rigen desde la Cons­titución, nos animan arribar a tales conclusiones.

Por tanto, la posibilidad de gravar el salario de navi­dad a partir del denominado tope de exclusión que blinda los salarios ordinarios de la invasión tributaria, de lo que se habló en ocasión de que el Gobierno central anuncia­ra las fuentes para sostener el presupuesto general de la nación a poner en ejecución el próximo año, ciertamen­te asumiría deudas que cum­plir ante el orden de valores y principios que gobiernan des­de la Constitución. Si una ac­ción de esa naturaleza no lle­va consigo la argumentación que le sirva de justificación, camina muy próximo de la inconstitucionalidad.

Es que la expresión consti­tucional que nos define como Estado Social y Democrático de Derecho, supone una cláu­sula con valor jurídico vincu­lante, dotado de fuerza sufi­ciente para impedir que las instituciones del Estado o los particulares limiten la reali­zación de los derechos que, como el salario en cuales­quiera de sus manifestacio­nes, tienen un carácter social. En esa línea de pensamien­to, siguiendo un criterio de la Corte Constitucional Colom­biana, nuestro Tribunal Cons­titucional, en fecha 21 de di­ciembre del 2012, al emitir la sentencia TC/0093/12, reco­noció dicho valor jurídico. En ese sentido, enarbola la base del principio de progresivi­dad y la cláusula de no retro­ceso en materia de derechos económicos, sociales y cultu­rales.

Por consiguiente, lo se­ñalado se traduce en una muralla que impide a las instituciones del Estado desmejorar las condicio­nes originalmente preesta­blecidas, salvo razones ri­gurosamente justificadas. Por eso, al margen de que el Gobierno central haya desistido por el momen­to de tal empresa, agregar un gravamen al salario de navidad no estaría libre de cuestionamientos que co­locan su validez en condi­ciones de vulnerabilidad. Prestar la debida atención a un proyecto de esa mag­nitud jurídica y evitar un desafío deliberado a la Constitución, en cualquier época y circunstancia, se­ría un signo positivo de la democracia, al que invita un innegociable apego a la institucionalidad. 

El autor es abogado,
Magister en Derecho del Trabajo y dela Seguridad Social

Fuente: https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/10/16/639639/impuestos-al-salario-de-navidad

 

 

 
Coronavirus en América: todo lo que necesitas saber
Ciudad México
Tomado de EL PAÍS

Los países de Latinoamé­rica, una región don­de el brote global de la covid-19 llegó casi dos meses después de que China confirmara la existencia del nuevo coronavirus (el primer caso positivo se registró en Brasil el 26 de febrero), se encuentran en dis­tintas fases de evolución del con­tagio.

Cada Gobierno ha ido imple­mentando distintas medidas para reducir el impacto del virus en sus sistemas de salud y en sus econo­mías. El flujo de noticias es vertigi­noso, cambia todos los días y pue­de resultar abrumador navegar la información. Por eso decidimos reunir los enlaces a los artículos esenciales que hemos publicado sobre el coronavirus y a las últimas noticias por país, para que puedas encontrar fácilmente lo que bus­cas. El resumen se irá actualizan­do para poder reflejar los cambios en el panorama regional.

Situación por región y por país:

A continuación podrás encontrar una breve síntesis de las principa­les medidas implementadas en los países más afectados del con­tinente, su situación actual y un enlace a las últimas noticias. Para los números de casos positivos y de muertes, se utilizan como refe­rencia los datos en tiempo real del mapa del Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Jo­hns Hopkins, a menos que exista información oficial de último mo­mento suministrada por los Go­biernos.

América del Norte

México. El país ya tiene 623.090 casos positivos y 66.851 falleci­mientos por coronavirus. Está en la lista de 10 países con más muertes por la covid-19. Es el ter­cer país más afectado por la pan­demia en América, después de Estados Unidos y Brasil. El Go­bierno de Andrés Manuel López Obrador no impuso una cuaren­tena obligatoria por temor al im­pacto económico en el país, aun­que sí suspendió las actividades no esenciales y aplicó medidas de aislamiento que finalizaron el 31 de mayo. Para avanzar en el des­confinamiento, México ha puesto en marcha un semáforo de cuatro colores que determinará la inten­sidad de la pandemia en cada Es­tado.

Estados Unidos. Los contagios superaron los 6,2 millones y han fallecido 187.874 personas, Esta­dos Unidos se ha convertido en el epicentro mundial de la pande­mia. El brote comenzó en el país a finales de febrero y el compor­tamiento del presidente Donald Trump fue errático y tardío. En el medio de la crisis, miles de per­sonas han salido a las calles para protestar por la muerte del afro­americano George Floyd a manos de la policía y por el tiroteo a Ja­cob Blake en Kenosha (Wiscon­sin). Trump ha insistido en que EE UU conseguirá la cura antes de fin de año.

Centroamérica

Al principio, los países centro­americanos reaccionaron de ma­nera muy diferente a la pande­mia. Tal vez los dos extremos de esta región hayan sido El Salva­dor y Nicaragua. En marzo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó la cuarentenan en todo el territorio. Desde enton­ces cientos de personas han sido detenidas y trasladadas a centros de contención por violar las res­tricciones. El país afronta una eta­pa de alto contagio con 26.099 casos positivos y 744 muertos.

El Gobierno de Nicaragua pro­movió desde el principio de la crisis sanitaria eventos y aglo­meraciones públicas, ordenó al personal sanitario no usar indu­mentaria de protección al ini­cio del brote y no ha realizado un muestreo masivo para conocer la dimensión de la covid-19. El pre­sidente Daniel Ortega finalmente anunció algunas medidas de pre­vención. El Gobierno ha reconoci­do que en el país hay 4.668 con­tagios y 141 muertes por covid-19 entre críticas de diversas organi­zaciones por la falta de transpa­rencia de Ortega, que minimizó la epidemia y se ha atrevido a decir que tiene “controlado” al virus.

Panamá es el Estado más afec­tado de la región: 2.063 personas han fallecido y 95.596 están infec­tadas. En Guatemala, 77.040 per­sonas se han contagiado y 2.825 han muerto. En Honduras, se han infectado 63.158 personas y han fallecido 1.954. Costa Rica, que registra 469 fallecidos y suma 45.680 casos positivos, se ha con­vertido en un ejemplo de gestión de la pandemia

Caribe

La emergencia sanitaria declarada por la covid-19 ha golpeado con fuerza a las economías de los paí­ses del Caribe, muy dependientes del turismo. República Dominica­na cuenta ya con 96.629 conta­gios, más que ningún otro país de la región Caribe, y 1.801 falleci­dos a causa del virus. Cuba, donde hay 4.298 contagios y 100 muer­tos, ha flexibilizado las restriccio­nes a pequeñas empresas para es­timular la economía y hasta ahora no ha impuesto una cuarentena estricta, pero no hay clases ni están abiertos los centros de ocio. Pare­ce que la epidemia empieza a estar bajo control en la isla y el desafío ahora está en las grandes colas que se forman en las tiendas debido al desabastecimiento de víveres. Puerto Rico vive en semicuarente­na y suma 34.198 diagnósticos po­sitivos y 448 decesos.

América del Sur

Argentina. El Gobierno decre­tó en marzo un aislamiento social, preventivo y obligatorio. La zona más afectada por la pandemia es Buenos Aires y su región metropo­litana. Los asentamientos informa­les de ese territorio están sufriendo con especial dureza los efectos de la pandemia. Los vuelos comercia­les están prohibidos hasta septiem­bre. El país ha registrado 461.882 casos positivos a la fecha y 9.623 muertes.

Colombia. El Gobierno de Iván Duque cerró sus fronteras maríti­mas, terrestres y fluviales, prohibió el ingreso de extranjeros y nacio­nales que vengan desde el exterior y canceló todos los vuelos interna­cionales. Después de declarar el es­tado de emergencia y tras una puja política con el Gobierno de Bogo­tá, Duque decidió decretar cuaren­tena para toda la población desde el martes 24 de marzo. Aunque el Gobierno puso en marcha en ju­nio una nueva fase de aislamien­to con numerosas excepciones, lo que permite a millones de perso­nas regresar a las calles, las ciuda­des más golpeadas han extendido una cuarentena más estricta. Ade­más, después la cuarentena gene­ral ha llegado el aislamiento espe­cífico en barrios y amplias zonas de Bogotá y Medellín. Colombia tiene actualmente 650.055 casos positivos de la covid-19 y20.886 muertos.

Chile. El Gobierno ha aplicado confinamientos “flexibles y diná­micos” y ha evitado extender la medida a regiones enteras.El pre­sidente Sebastián Piñera ha deci­dido ajustar su Gabinete en plena crisis por el coronavirus en Chi­le. Los cambios en su Gabinete coinciden con las negociaciones con la oposición por un pacto pa­ra superar los efectos económi­cos de la pandemia. El país tiene actualmente 420.434 contagios y 11.551 muertos.

Brasil. Brasil es el país con mayor cantidad de casos confirmados de covid-19 en América Latina y uno de los más afectado del mundo. El gigante sudaméricano superó los 4 millones de infectados y suma 125.502 muertes. El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsona­ro decretó el estado de calami­dad pública, pero no ha dictado medidas de confinamiento obli­gatorias en todo el país, aunque sí lo han hecho los gobernado­res de algunos Estados. El Esta­do de São Paulo, el mayor foco de contagio en Brasil, ha iniciado la reactivación gradual de la econo­mía. Bolsonaro ha autorizado dar a los pacientes de coronavirus un fármaco sin aval científico que él y Trump apoyan, la cloroquina.

Venezuela. Nicolás Maduro or­denó la cuarentena total del país al mismo tiempo que Colombia cerraba su frontera. El impacto de la pandemia en el sector petro­lero, el único que todavía susten­ta la precaria economía del país, limita el margen de acción de sus autoridades para hacer fren­te a esta crisis. El confinamiento incluye la suspensión de las acti­vidades laborales, excepto la dis­tribución de alimentos, servicios básicos, transporte y centros de salud, con controles de las Fuer­zas Armadas. Maduro ha asegu­rado que este año habrá eleccio­nes parlamentarias en Venezuela “si lo permite la pandemia”. Has­ta la fecha, el país sudamerica­no registra 50.973 contagiados y 412 muertos.

Perú. El Gobierno peruano fue uno de los primeros en el conti­nente en actuar de manera direc­ta y aplicar medidas para reducir al máximo el impacto de la pan­demia. En algunas regiones del país se mantiene una cuarente­na focalizada especialmente en donde ha habido aumento de ca­sos. Algunos restaurantes han re­abierto para despachar pedidos o entregarlos en el local. El presi­dente peruano ha reconocido que el sistema de salud se encuentra al límite con 676.848 contagios casos positivos y 29.554 muertos.

Ecuador. Al inicio de la pande­mia Ecuador fue en uno de los países más afectados por el brote de la covid-19 en América Latina. Hay 6.674 fallecidos (sin contar a quienes mueren por covid-19 como causa probable) y 117.175 enfermos. La rápida expansión del contagio en el territorio for­zó al país a decretar estado de ex­cepción, imponer toque de queda y suspender el trabajo presencial. Ahora, Ecuador ha reanudado los vuelos comerciales domésticos y retomará los internacionales. En el medio de la crisis, cientos de irregularidades en compras de material médico afectan los tres niveles de la Administración: hay 17 detenidos, entre ellos un ex­presidente.

Uruguay. El Ejecutivo de Luis Lacalle Pou optó por no decla­rar la cuarentena total, pero sus­pendió todas las actividades pú­blicas y las clases presenciales, y exhortó a los ciudadanos a que se quedaran en casa. El país registra 1.653 casos positivos de corona­virus y 45 muertes.

Bolivia. Las autoridades boli­vianas dispusieron el confina­miento general de la población a medidos de marzo y unos días después, el estado de emergen­cia. Se estrechó la prohibición de circulación de vehículos, entre otras medidas. La presidenta in­terina, Jeanine Áñez, movilizó al Ejército y la Policía para controlar el cumplimiento de la cuarentena y amenazó a los infractores con penas de hasta 10 años de cárcel. En el país hay 119.580 enfermos de covid-19 y 5.343 fallecidos.

Paraguay. El país sudamericano detectó el primer caso de corona­virus en su territorio el 7 de mar­zo y pocos días después decretó la cuarentena sanitaria. El presi­dente Mario Abdo Benítez anun­ció el cierre de fronteras a media­dos de marzo, como una de las primeras medidas para evitar la circulación del virus. El mandata­rio ha insistido en que las fronte­ras permanecerán cerradas pese a las peticiones de los comercian­tes de las ciudades limítrofes con Brasil, las más afectadas econó­micamente por tres meses sin in­tercambio fronterizo. Actualmen­te, hay 373 muertos y 19.959 contagiados.,.

 

FUENTE: https://listindiario.com/la-republica/2020/09/13/634962/coronavirus-en-america-todo-lo-que-necesitas-saber

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