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Los jueces Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional  dispusieron el arresto y orden de conducencia  del merenguero de calle Antonio Peter de la Rosa (Omega), acusado de agredir a la bailarina Yuli Mercedes López

El tribunal, presidido por Felipe Molina Abreu,  tomó la decisión tras acoger una solicitud presentada por el fiscal adjunto Kelvin Colón. 

Además de la orden de  arresto y la conducencia el tribunal también le colocó a Omega impedimento de salida del país por no haber comparecido al tribunal no obstante haber sido citado.

También dispuso el cese del conocimiento del proceso hasta que sea conducido por la ante la secretaria del tribunal el artista.

Se recuerda que “Omega” se encuentra en libertad luego que el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le varió la medida de coerción de prisión preventiva por el pago de una garantía económica por el caso.

A la audiencia tampoco compareció la querellante Yuli Mercedes López ni sus abogados y  aunque ésta había desestimado la querella en contra de Omega por agresión física, la fiscalía siguió el proceso.

Tan pronto sea detenido y trasladado al tribunal el artista, cesa la imposición ordenada por el tribunal.

El juez titular de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, declaró que el presidente de ese organismo Roberto Rosario ha violado las leyes 6-06 de Crédito Público, 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y la 423-06 de Presupuesto para el Sector Público, con la convocatoria a licitación para la compra de los equipos para la expedición de la nueva cédula.

Olivares indicó al pleno de este organismo que los pliegos de condiciones para la licitación fueron aprobados el día 17 de enero del año 2013, con su voto y del magistrado José Ángel Aquino en contra, debido a que violan las citadas leyes, por lo que solicitó al presidente de este organismo revocar la licitación para la compra de equipos y materiales para la impresión de nuevas cédulas.

El magistrado también considera que la JCE no tiene potestad para ordenar el cambio simultáneo de las cédulas de todos los ciudadanos, y el pliego de condiciones expresa en el artículo 1.6.1, “El proyecto contempla la impresión de unos siete millones de Cédulas de Identidad y Electoral, durante los primeros dieciocho meses de ejecución”. En ese sentido, Olivares cita la Ley 8-92, del 18 de marzo del 1992, que entre otras disposiciones transfirió la administración de la Dirección General de Cédula del Poder Ejecutivo a la JCE, la cual establece en su artículo 5 un plazo hasta el 16 de enero de 1994, para que todos los dominicanos mayores de edad o que fueran a cumplir 18 años el 16 de mayo de ese año o antes obtuvieran un nuevo carné, debido a que se iba a materializar la refundición de la cédula de identidad personal y el carné electoral en un solo documento.

El funcionario precisó que el nuevo documento tendría una validez de seis años y que podría ser renovado por ese mismo término cuantas veces lo solicitará su portador.

El 9 de enero del 2001 se dictó la Ley 26-01 que modificó la mencionada Ley 8-92, por la razón motivada en el  considerando segundo que establece “Que este documento debe tener la máxima validez en el tiempo que permita la identificación visual de su portador”, expresa el documento entregado por el magistrado al presidente de la JCE.

Explica que para el legislador proponente lo más importante es que el carné sea válido hasta tanto se encuentre en condiciones de permitir la identificación de su portador dentro del término de 10 años después de su expedición.

Es decir, que a partir de esa modificación la junta no puede administrativamente disponer el cambio de la totalidad de las cédulas de los ciudadanos y ciudadanas dentro de un plazo determinado por ella, como se hizo excepcionalmente en el año 1994 por disposición expresa  del artículo 5 de la Ley 8-92, en razón de que a partir de entonces, la cédula de identidad y el carné del registro electoral se iban a refundir en un sólo plástico, aclara Olivares.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, afirmó ayer ante el Senado que esa institución se ha manejado conforme a las leyes y a la Constitución en los casos de indocumentados haitianos y de otras nacionalidades. Al responder preguntas de los senadores, instancia legislativa a la que fue invitado para explicar el supuesto caso de los 22,673 expedientes de actas de nacimiento negadas a personas de ascendencia haitiana, respondió más de cuatro veces que esos casos no existen, que han sido un invento.

Indicó que realmente son investigados poco más de 4 mil casos, de los que esperan respuesta del Tribunal Constitucional.

“El problema con los 22 mil casos, es que no son casos. Es que es un invento. Yo lamento mucho que se me haya quedado una carta, en la que la primera persona que habló de eso, dijo que no tiene los nombres, que lo que tiene es un inventario que fue hecho en cada una de las Oficialías; yo le aseguroa usted, yo le juro a usted, que no se han suspendido 22 mil personas; es más, yo voy a ser más preciso: yo no he visto, ni siquiera esos nombres”, respondió al senador Julio César Valentín.

Luego de una amplia exposición que se prolongó por alrededor de cuatro horas, Rosario Márquez explicó que “el pleno de la JCE nunca ha tomado una decisión de suspender actas de manera general, sino que por el contrario, se ha hecho caso por caso y solo cuando los mismos han sido remitidos con la recomendación favorable de la Comisión de Oficialías de ese organismo. Al presidente de la Junta lo acompañaron los magistrados César Féliz Féliz y Rosario Graciano.

Luego, Rosario pidió al Senado, cuyos trabajos en Comisión General encabezó el presidente, Reinaldo Pared Pérez, que valore la posibilidad de adoptar una acción legislativa mediante la cual se respalde la iniciativa del presidente Danilo Medina, en el sentido de que el Poder Ejecutivo facilite u otorgue las facilidades al gobierno de Haití para que esa nación documente a sus propios ciudadanos, como parte de la política que se desarrolla en esa vecina nación, con los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además, que en mérito de sus atribuciones como órgano de control, verifique las disposiciones de la Ley 285 de Migración, y su reglamento de Aplicación, en el sentido de implementar,  a la mayor brevedad posible, el Plan Nacional de Regulación, para que las personas que habitan esta parte de la isla, sin documentos, puedan regularizar su estatus y adquieran la residencia, visa de trabajo y naturalización, los que apliquen.Dijo que no hay prejuicios contra ningún extranjero, pero que la ley es igual para todos.

 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas dispuso importantes cambios en sus estructuras internas, que incluyen la destitución del general Rafael Martínez Lorenzo como director de seguridad del Metro de Santo Domingo, cargo que ocupaba desde hacía 8 años. En su lugar fue designado el también general Matos de la Cruz, considerado uno de los hombres de confianza del Ministro de las Fuerzas Armadas, Almirante Sigfrido Pared Pérez, además hijo del legendario mayor general retirado Ramiro Matos González.

Otro de los cambios realizados por la jefatura de la institución militar es la de la rectoría académica del Instituto para la Defensa del MIFFA, donde fue designado el general García de León, quien sustituye en  esas funciones al mayor general Payán Areché.

El coronel Martín Liberato fue designado al frente dirección Tecnológica de las Fuerzas Armadas, con asiento en San Cristóbal.

Mientras que los coroneles Julio César de la Núñez y Sócrates Romero García, fueron designados subdirectores del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

El coronel Cruz Santos Holguín tendrá a su cargo la Dirección General de Albergue y Residencias para Niños Desamparados, con asiento en San Isidro, y Rafael Tomás González dirigirá la Dirección de Protección Ambiental.

Finalmente, el general Martínez Lorenzo, quien fungiera como director de seguridad del Metro, fue designado como director de la Revista del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Trascendió que otros cambios importantes a lo interno de las FFAA podrían producirse en las próximas horas.

Diputado opositor Julio Borges muestra los golpes en su rostro.

La pugna entre la oposición y el gobierno venezolano pareció agudizarse ayer, cuando un grupo de legisladores oficialistas se enfrentó a golpes con diputados opositores que exigían su derecho de palabra que les fue conculcado por el presidente de la Asamblea Nacional, argumentando que no participarán en los debates de la cámara hasta que a viva voz reconozcan que Nicolás Maduro fue electo legítimamente en los comicios presidenciales del 14 de abril.

La trifulca se produjo después que los partidarios del gobierno, que son mayoría en la Asamblea Nacional de 165 diputados, negaron por segunda sesión ordinaria consecutiva el derecho de palabra a la oposición en tanto no reconozcan los resultados electorales. Al menos 17 diputados opositores y unos cinco oficialistas resultaron heridos.

El presidente del cuerpo legislativo, diputado oficialista Diosdado Cabello, prohibió el derecho de palabra a los congresistas opositores hasta que reconozcan a Maduro como presidente.

Venezuela entró en un ambiente de crispación luego de que la autoridad electoral, por estrecho margen de 224.739 sufragios, proclamó oficialmente como triunfador de los comicios a Maduro, heredero designado del ex mandatario Hugo Chávez. AP

Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia.

El Banco Central, en su reunión de política monetaria de abril de 2013, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria de referencia (TPM) en 5.00% anual.La decisión sobre la tasa de interés de referencia toma en consideración que los modelos de pronóstico prevén que la inflación estaría en torno a la meta en el horizonte de política monetaria. Del mismo modo, las expectativas del mercado se ubican alrededor de dicho objetivo. La inflación acumulada durante los tres primeros meses del año ascendió a 1.97%. En el mes de marzo, la tasa interanual de inflación se situó en 4.97%, dentro del rango objetivo definido para el presente año, mientras que la inflación subyacente interanual se ubicó 5.23%.

En el contexto externo, algunos indicadores de la economía estadounidense, como los relacionados con el sector inmobiliario y el consumo, muestran una recuperación moderada. No obstante, cifras preliminares indican que el crecimiento del primer trimestre (2.5%) fue menor a lo esperado por el mercado (3.0%). Para el año 2013, según las últimas previsiones de Consensus Forecast, se espera que la economía de Estados Unidos de América crezca en torno a 2.0%, por debajo de la expansión de 2.2% registrada en 2012. Por otro lado, en la Zona Euro, la actividad productiva se mantendría en recesión y se estima una caída del PIB de la zona de 0.4% en el presente año.

 A nivel de América Latina, Consensus Forecast prevé un crecimiento de 3.4% para este año. En el mes de abril, la mayoría de los países de la región mantuvieron su postura de política monetaria, con excepción de Brasil y Guatemala que aumentaron su tasa de referencia, ante entornos de mayor inflación en sus respectivas economías. A nivel global, las perspectivas de inflación se mantienen bajas, observándose reducciones en los precios internacionales del petróleo y el oro, a pesar del anuncio reciente de incremento en la emisión monetaria del Banco de Japón. 

En el ámbito doméstico, durante el primer trimestre algunos indicadores de producción y de demanda interna muestran una desaceleración mayor que la esperada en la actividad económica, de acuerdo al Programa Monetario. El crédito al sector privado en moneda nacional estaría creciendo en marzo a una tasa interanual en torno a 6%, menor al crecimiento proyectado en el PIB nominal para el cierre del año. En abril, la variación mensual de los préstamos al sector privado en moneda nacional presentó una desaceleración con respecto a lo observado en los primeros tres meses del año. Otras variables, como las importaciones nacionales también muestran una tendencia a la baja, registrándose una caída de 5.7% durante el primer trimestre del año.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de esta provincia condenó ayer a cinco años de prisión a un pastor evangélico por la violación de una menor de 17 años de edad. El religioso Roberto Then de la Rosa declaró, tras escuchar el veredicto, que es inocente de los cargos que culminaron en su condena, por lo que dijo apelará el fallo a través de sus abogados.

No obstante, el pastor evangélico admitió que mantuvo relaciones sexuales con la adolescente, pero alegó que fue “por mutuo consentimiento”.

La menor, cuyo nombre se omite por razones legales, formaba parte de su congregación religiosa, ubicada en el sector Loma de Cabarete, de Puerto Plata.

El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó ayer prisión preventiva contra dos estudiantes  acusados de la muerte del coronel de la Policía, Julián  Suárez Cordero, y de herir al coronel Julio Justino Rodríguez y el civil Sergio Gabriel Zabala Peguero, hechos ocurridos el pasado martes en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuando un grupo de encapuchados con pelucas hicieron uso de armas de fuego de fabricación casera.

El magistrado José Alejandro Vargas envió a la cárcel de La Victoria por tres meses al estudiante de medicina Wilson Daciel Javier Nicasio y a Diógenes Isidro Gutiérrez Medina, vocero del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel). El tribunal acogió una solicitud de medida de coerción presentada por el fiscal adjunto Dante Castillo, del departamento de crímenes y delitos contra la persona (homicidio), de la Fiscalía.

El juez argumentó que los testimonios de Pamela Gerónimo Ercia y José Alberto Benzán Belliard, señalan que los imputados estaban en el lugar donde ocurrió el hecho, y que ambos estaban armados, uno con un arma de fuego y el otro con un tubo con una bandera del Felabel. Sostiene que hay indicios que deben garantizar al ministerio público un escenario para investigar el hecho donde resultó muerto el coronel policial.

Los abogados de la defensa, Elías Nicasio Javier, Ramón Núñez, Wilson Guzmán,  Adony de Jesús y Víctor Román Vargas, habían pedido al tribunal rechazar la solicitud de prisión preventiva y que se ordenara la libertad pura y simple, o que, por el contrario, se les impusiera el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

Acusación
De acuerdo a los interrogatorios practicados por investigadores policiales y el ministerio público, el estudiante Javier Nicasio declaró que Héctor Pichardo, quien está recluido en La Victoria, fue quien habría hecho el disparo que mató al coronel Suárez Cordero, el pasado martes.

Dijo que quisieron hablar con Pichardo para llegar a una conclusión de que había sido él que disparó. “Nos reunimos (los vinculados) con él en su casa y después de varios minutos de preguntarle por el hecho llegamos a la conclusión de que era él quien había cometido el hecho y que al otro día lo íbamos a entregar. Javier Nicasio se declaró inocente de los hechos que se le imputan. Aseguró que no se entregó a la Policía porque cuando los agentes fueron a su casa a allanar vio que no había fiscales, además por las declaraciones del jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, quien había advertido que iban a responder de la misma forma.

Dijo que optó por irse a Neiba, donde conversó con un profesor quien tiene un negocio y que lo iba a ayudar a entregarse. El sábado el juez impuso tres meses de prisión al chofer Eddy Giovanni Bonilla Cabrera. También cumple tres meses de prisión Héctor Pichardo. 

 

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UNO DE LOS RELATOS Y LA EVIDENCIAS

Ercia Gerónimo se identificó como estudiante de término de la UASD y esposa del apresado Héctor Pichardo. “En la pasada huelga yo estaba ... (23 de abril). Yo llegué con Héctor, mi esposo, donde el día anterior en la noche, yo sabía que harían huelga. 

Mi esposo sí ha participado en varias huelgas”, expresó. Al ser cuestionada sobre qué papel tiene su pareja, respondió: “Él tira piedras, quema gomas, tira tiros.. pero no puedo decir que Héctor quemara gomas y tirara tiros... en la UASD cuando hay huelgas queman gomas y tiran tiros”. Ayer la Policía dijo que en la escena fueron recogidos dos casquillos de pistola 9 milímetros, que corresponden a un arma incautada al chofer Bonilla. Según la acusación del ministerio público, todavía están prófugos Omar Bidó y Víctor González Heredia (El Tanque).

El Banco Central advirtió que eliminar el centavo tendría graves implicaciones económicas, monetarias, fiscales, financieras e internacionales que generarían serias distorsiones y presiones inflacionarias y cambiarias, que perjudicarían a toda la población dominicana.

La entidad explica en un documento que no es posible, mediante resoluciones congresuales o disposiciones administrativas de la Junta Monetaria, hacer efectiva la eliminación del centavo del Sistema Monetario Nacional ya que se necesita para ello introducir una modificación al marco legal monetario vigente.

Indicó que son múltiples y diversas las transacciones económicas nacionales e internacionales que generan valores fraccionarios referenciados al centavo y demás monedas en circulación, por lo que su eliminación como expresión de unidad monetaria, conllevaría sustanciales distorsiones como consecuencia del redondeo, con potenciales efectos negativos sobre el país y los agentes con menor poder de negociación.

Señalaron que las operaciones de comercio exterior, tanto el valor de las importaciones y las exportaciones generan fracciones como consecuencia de una tasa de cambio expresada a nivel de cuatro decimales.

"No es lo mismo multiplicar el valor de una mercancía importada, cuyos precios de origen están denominados en otras monedas, por una tasa de cambio de RD$41.5117, que calcularlo con base a RD$42.00 por efecto del redondeo", indicaron.

Dijeron que el impacto inflacionario generaría un efecto dominó en toda la cadena de valor.

 

Puerto Plata.- Comunitarios de al menos diez sectores de la provincia de Puerto Plata unidos al Sindicato de Camioneros San Marcos y la Asociación de Colmaderos, cansados y agobiados protestaron contra los apagones. Exigen al presidente Danilo Medina la reestructuración de Edenorte.


Los demandantes aseguraron que a pesar de que pagan sus facturas de energía eléctrica no reciben el servicio de “manera regular”, “ y las distribuidoras se hacen de la vista gorda”, indicaron.
Además, agregaron que supuestamente no ha habido intención de reparar los sistemas de redes que necesita la comunidad.
Los manifestantes interrumpieron el tránsito de la carretera que conduce a Cofresi en Puerto Plata.

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