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La ministra de Salud Pública pidió este viernes a las autoridades de Migración y del Ministerio de Defensa aplicar un mayor control en la zona fronteriza para evitar el ingreso de miles de embarazadas haitianas que vienen a parir a los hospitales, en las que el Estado gasta al año más de cinco mil millones pesos.

La doctora Altagracia Guzmán Marcelino entiende que esos recursos invertidos en parturientas haitianas se debieran usar en pacientes dominicanos, aunque “atendiendo un asunto de humanidad, tenemos que asistir en los hospitales a esas embarazadas que vienen desde Haití”.

El ex presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez reveló en Washington que el Gobierno gasta al año 5 mil 200 millones de pesos en atenciones a parturientas haitianas, que viven en el país de manera irregular o que cruzan para ser atendidas en hospitales dominicanos.

Guzmán Marcelino, quien visitó hoy al subdirector de El Nacional, Bolívar Díaz Gómez, indicó que compete a Migración y al Ministerio de Defensa, cumplir con sus responsabilidades para evitar que ingresen extranjeros ilegales a través de la frontera.

“Nos preocupa la situación de las parturientas haitianas, que debemos atender cuando llegan a nuestros hospitales por humanidad, pero esos recursos que se invierten en esas extranjeras debieran utilizarse en las embarazadas y otros pacientes dominicanos”, apuntó.

Entiende que el problemas de las parturientas haitianas y de otros pacientes de esa nación, se resolvería con la construcción de hospitales en Haití, y con aportes de organismos internacionales y ayuda de República Dominicana, dotar esos centros de salud con recursos humanos, capacitación, formación y equipos modernos.

Guzmán Marcelino dijo que ese tema y otros forman parte de la agenda bilateral, y que abordará el doctor José Manuel Puello, viceministro de Salud Colectiva, que viajará a Haití a reunirse con la comisión binacional, y tratará otros temas como son tuberculosis, VIH, y qué están haciendo las autoridades haitianas para evitar el ingreso del ébola.

La ministra de Salud resaltó que en otras naciones, en los hospitales sólo se garantiza a pacientes ilegales el servicio de emergencia, y sin embargo en República Dominicana se le brinda atención general.

Con relación al ébola, aseguró que el país se ha preparado a nivel logístico y humano para enfrentar cualquier caso sospechoso que se presente con ese mortal virus. Dijo que por resolución el Ministerio estableció que ninguna línea aérea debe abordar en un avión un pasajero que haya visitado en los últimos 45 días los países en alerta por el ébola. (http://elnacional.com.do/sp-pide-evitar-traigan-haitianas-a-dar-a-luz/)

Guillermo Pérez
Santo Domingo
  • Ultimátun. A los extranjeros en una situación de ilegalidad en Trinidad y Tobago se les ha dado un plazo hasta inicios de enero de 2015, para regularizar su estatus. Para eso faltan dos meses. Si no lo hacen, serán deportados en masa.

Tras meses de campaña activa en foros internacionales condenando la sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana, que busca regular el estatus de miles de familias y extranjeros en el país, Trinidad y Tobago acaba de anunciar una campaña nacional para terminar con la inmigración ilegal en ese país, lo que podría llevar a la expulsión de más de 110 mil extranjeros indocumentados que viven en esa isla del Caribe, según una declaración del ministro de Seguridad Nacional, Gary Griffith.

La más activa en esa campaña fue la ministra de la nación insular, Kamla Persad- Bissessar. La jornada de búsqueda de ilegales incluye inspecciones “puerta por puerta”, aunque Griffith ha asegurado que no se trata de una “caza de brujas”, sino que pretende regularizar la situación de los indocumentados.

En una conferencia de prensa el 29 de octubre de este año, Griffith declaró: “Si usted es un inmigrante ilícito, sea de África, el Caribe o Marte, usted está violando la ley, y todo lo que estoy haciendo como ministro es garantizar que la política (con respecto a esas personas), se haga cumplir”.

Según él, en su país “no existe discriminación ni perjuicios por parte de las autoridades a la hora de tratar con los inmigrantes”.

Todos los extranjeros en una situación de ilegalidad en Trinidad y Tobago tienen de plazo hasta inicios de enero de 2015, para lo que faltan dos meses, y presentar su documentación en orden en el país. Quien no lo haga enfrentará automáticamente la deportación. El ministro de Seguridad nacional le dijo al periódico Trinidad and Tobago Newsday que el gobierno tiene en plan ejecutar una campaña de deportaciones, que incluirá visitas casa por casa. Su propósito es, según indicó, reducir el delito.

Griffith relacionó la presencia de indocumentados con el aumento de la actividad criminal en la isla caribeña y señaló que “la expulsión de los indeseados tendrá un impacto positivo en la lucha contra el delito”.

“No es casualidad que este problema haya comenzado justo en el mismo período en el que escaló la actividad criminal, alrededor de 2004 o 2006. Esto muestra una relación entre los inmigrantes ilegales y delitos serios”, dijo Griffith. Aclaró que no todos los inmigrantes en situación irregular serán deportados, solo aquellos que “sean una carga para el erario público, no tengan empleo, no se conozca una vivienda estable, o que sean ‘una amenaza para la seguridad nacional’ deberán abandonar el país”.

“Los inmigrantes ilegales están utilizando el siste- ma educativo, de salud, y las oportunidades de empleo”, destacó Griffith, quien agregó que el país recibe con brazos abiertos a la inmigración pero que esta debe ser legal.“Después de que la ventana [de dos meses] se cierre, [con] todas las personas que no han sido regularizadas estaremos haciendo una campaña masiva (…)iremos casa por casa y cualquier persona que esté aquí ilegalmente la enviaremos de vuelta a su casa”, declaró Griffith al diario. “Más del 10% de la población adulta en este país son personas que están aquí ilegalmente”, añadió.

El 16 de octubre de 2013, en Puerto España, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, condenó la sentencia del TC dominicano, que, según dijo, afecta a miles de descendientes de haitianos, aunque el fallo solo busca favorecer a miles de extranjeros mediante la regularización de su estatus en el país, para lo cual ya se implementa un plan, con carácter gratuito, al que se han acogido miles de ciudadanos de otros países, especialmente haitianos. Persad- Bissessar también llegó a llamar a la unidad de ese ente regional para fustigar el fallo del ente constitucional del país. (http://www.listindiario.com/las-mundiales/2014/11/10/344854/Trinidad-y-Tobago-expulsara-a-110-mil-inmigrantes-ilegales )

Haitianos.

Haitianos.RÍO DE JANEIRO, Brasil.- El gobierno del estado brasileño de Acre declaró este martes estado de emergencia social en Epitaciolandia y Brasileia, ciudades en la frontera con Bolivia que fueron desbordadas este año por una avalancha inusual de inmigrantes, en su mayoría haitianos, pero también dominicanos y de países africanos.

 

Según datos suministrados a Efe por la secretaría de Derechos Humanos de Acre, desde comienzo de este año han llegado a ambas ciudades unos 1.600 inmigrantes, de los cuales 60 son senegaleses, 8 dominicanos, 5 nigerianos y un bengalí.

De los inmigrantes, 1.200 están en un alojamiento en Brasileia con capacidad para 200 personas en el que reciben alimentación y asistencia social de la gobernación de Acre, uno de los menores y menos pudientes estados de Brasil.

“La declaración de emergencia social nos permitirá redoblar la actuación en los dos municipios y obligará a todas las instituciones del estado a cooperar en nuestros esfuerzos”, dijo a Efe el secretario de Derechos Humanos de Acre, Nilson Mourao.

“Todas las instituciones tendrán que atender nuestras solicitudes en cuanto a alimentos, agua, colchones y asistencia médica”, agregó.

Mourao dijo que la medida también busca llamar la atención de las autoridades nacionales de Brasil sobre la grave situación humanitaria y sanitaria generada por la llegada de la oleada de inmigrantes a ciudades que tienen entre 15.000 y 20.000 habitantes.

“El Gobierno federal tiene que ayudar financieramente y trazar una política clara sobre la inmigración. Hay una ruta de tráfico de personas que llega a Brasil y que comienza a ser usada por personas de otros países caribeños y africanos, y ellos tienen que decidir si seguiremos incentivando esa ruta”, afirmó.

Según el secretario, el Gobierno federal también tiene que acelerar la concesión de visas para los inmigrantes que ya llegaron.

“La Policía Federal concede diez visas por día, pero necesitamos de unas 100 diarias porque todos los días llegan más inmigrantes y salen pocos (con dirección a otras ciudades de Brasil en las se les ofrece empleo). Tenemos que volver a la situación normal de máximo 200 inmigrantes en el abrigo”, aseguró.

El gobernador de Acre, Tiao Viana, alegó que la administración regional no tiene capacidad para seguir atendiendo la situación y necesita la ayuda del Gobierno federal de Brasil.

Según el gobernador, Acre ha gastado en los últimos días cerca de 3 millones de reales (unos 1,5 millones de dólares) con la ayuda a los inmigrantes, mientras que el Gobierno de Brasil no ha aportado ni la quinta parte de ese valor.

Los inmigrantes llegan a Brasil a través de la frontera con Bolivia y tras haber pasado por Perú y Ecuador.

Los primeros inmigrantes llegaron poco después del terremoto de comienzos de 2010 que dejó mas de 1,5 millones de desabrigados en Haití y, como las autoridades brasileñas les concedieron estatus de refugiados humanitarios y autorizaron a diferentes empresas a contratarlos, el flujo aumentó.

El Gobierno brasileño, sin embargo, decidió limitar la llegada de inmigrantes y restringió las autorizaciones a 1.200 por año desde que fueran solicitadas en Haití y no en territorio de Brasil.

Según las cifras de la gobernación de Acre, las medidas no frenaron la inmigración y, tras los 1.593 inmigrantes recibidos hasta finales de 2011, el número saltó hasta 1.900 sólo el año pasado y ya fue superado en los primeros cuatro meses de 2013.

“Conversé con los africanos y ellos me dijeron que se sumaron a los haitianos en Ecuador tras haber pasado por España. Según ellos, en Senegal ya se difundió la información de que la nueva ruta es segura y que Brasil tiene la puerta abierta para los inmigrantes”, afirmó Mourao.

El senador Jorge Viana alertó el lunes en un discurso en el Congreso que al menos cuatro grupos criminales organizados promueven un tráfico de personas en rutas que comienzan en Puerto Príncipe y pasan por Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia antes de llegar a Brasil.

El gobernador de Acre sugirió que el Gobierno brasileño negocie con Perú y Ecuador la posibilidad de exigirle visas a los haitianos que lleguen a esos países.

 
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La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) rechazó este viernes la sentencia de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del distrito judicial de Santiago, que cancela el registro del Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Puerto Plata y la calificó “improcedente, mal fundada y carente de base legal”. Blas Peralta, junto al comité ejecutivo de Fenatrado, advierte con “absoluta claridad y establece la decisión de defender con todos los medios legales a nuestra disposición, al sindicato de Puerto Plata y a cualquiera de sus afiliados que resulte afectado por situaciones de injusticia y desconocimiento de sus derechos”.

En rueda de prensa en el restaurante Vizcaya, dijo que presentaron un recurso de apelación a la sentencia con la seguridad de que en un nuevo proceso prevalecerá la verdad y la justicia, por encima de cualquier interés particular.

“Los camioneros lamentamos el entusiasmo y toque de campanas que algunos grupos de empresarios han recibido la sentencia que afecta a uno de nuestros sindicatos, promoviendo difusión de informaciones falsas y distorsionadas, demostrando una total ignorancia sobre este caso y pretendiendo obtener ventajas sectoriales de una situación que apenas empieza a ventilarse en los tribunales de la República”, anotó Peralta.

“La seriedad y objetividad de esas instituciones empresariales queda en entredicho porque se comportan como promotores de rumores e incitadores de situaciones de violencia al pedir a grupos de transportistas que penetren al muelle de Puerto Plata a desconocer los derechos adquiridos por el Sindicato de Camioneros y Furgoneros, donde tienen más de 50 años prestando allí sus servicios”, apuntó.

Peralta basa las razones para descalificar la sentencia del Juzgado de Trabajo de Santiago, en los artículos 378 y 382 Código de Trabajo, que establece que los sindicatos se disuelven por las normas estatutarias, por disposición de la asamblea general, y los sindicatos de empleadores lo disuelven la asamblea general o por el cierre de la empresa, o cuando se dediquen a actividades ajenas a sus fines legales o cuando se compruebe que dejaron de existir, lo que que ahora no se ha dado”.

Dijo que dada lo vaga de la prueba de la sentencia, el juez actuó con ligereza y no observó que dentro de su poder discrecional tenía la posibilidad de auxiliarse del término “puede ser cancelado”, atribuyéndole un valor absoluto a razonamiento, contrario a acomodar el descabellado fallo dictado. (http://elnacional.com.do/fenatrado-ve-ilegal-cancelen-registro-gremio/)

El nuevo director del Centro Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, aseguró que en los próximos días enviará 300 agentes de esa institución a Puerto Plata para garantizar la seguridad a los huéspedes extranjeros que visitan de manera habitual estos predios.

Esta decisión fue anunciada anoche en una reunión con los miembros del Clúster Turístico de Puerto Plata, donde manifestó que “se busca reforzar el aspecto de seguridad en esta ciudad debido que en los últimos días se han producido algunos asaltos en el centro de la ciudad y otros lugares frecuentados por los turistas, ya que existe el marcado interés y la voluntad por parte de los organismos de seguridad del Estado en contribuir al relanzamiento del destino Puerto Plata”.

El recién designado director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística ( CESTUR); general Torres Robiou, anunció que “propondré la creación de una Ley de Seguridad Turística, a fin de dar más garantías a los visitantes que llegan al país, lo cual nos dará el apoyo jurídico y la estructura para la seguridad del turista que nos visita, será una plataforma que podemos mostrar de los avances que hemos alcanzado en el país en esta materia”.

Asimismo, aseguró que continuará con los trabajos que se están desarrollando, fruto del Plan Integral de Seguridad, implementado durante la administración de su antecesor, Amílcar Fernández a puntualizar que “todo lo referente al Plan Integral de Seguridad sigue igual, estos proyectos se van a continuar y los nuevos que lleguen en pro de la seguridad turística serán tomados en cuenta”.

 El joven oficial destacó que llega al CESTUR con la idea de seguir manteniendo un alto nivel de seguridad, como uno de los elementos esenciales de cara a la meta de los diez millones turistas por año que persigue el presidente Danilo Medina en los próximos años.

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El nuevo director de CESTUR es general de brigada de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, además es piloto aviador egresado de esa misma institución militar, con varias condecoraciones entre ellas el Gran Cordón Militar Juan Pablo Duarte y en la actualidad también es miembro de la Junta de Aviación Civil. (http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=388846)

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) dijo esperar que la decisión de un tribunal laboral de Santiago de rechazar las pretensiones de un sindicato de camioneros y furgoneros de mantener la operación monopólica del transporte de carga en Puerto Plata, se convierta en un precedente de aplicación efectiva en todo el país, tal como lo establece la Constitución de la República.

Al saludar la decisión de la corte  laboral de Santiago, el vicepresidente ejecutivo de ADOZONA, José Manuel Torres  plantea que las prácticas monopólicas que afectan el transporte terrestre  del país, constituyen uno de los principales escollos para mejorar el clima de negocios y atraer más inversiones, aumentar las exportaciones y generar empleos.

El dirigente  empresarial  se refiere a la decisión judicial en contra  del Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Puerto Plata que había interpuesto una demanda para defender el supuesto derecho de dos de  sus miembros de operar el servicio de transporte como un monopolio.

El tribunal dispuso que el sindicato debe de constituirse en una empresa privada para poder operar en el negocio del transporte de mercancías, como cualquier otra empresa y no ampararse en su calidad de sindicato para obligar a las empresas a utilizar sus servicios de forma obligatoria, en violación a la prohibición establecida en la Constitución de la República que impide los monopolios.

Al fijar su posición sobre el fallo judicial, ADOZONA coincide con un planteamiento similar expresado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que consideró el acto legal como un saludable  precedente contra las actividades monopólicas de los sindicatos de transporte.

En su declaración ADOZONA  cita  el artículo 50 de la Constitución de la República que establece textualmente que  “No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional”. (http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=388854)

Jueces responsables

 

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Dos recientes decisiones de jueces en Santo Domingo y en Puerto Plata plantean de manera clara y luminosa el papel que está llamado a jugar el Poder Judicial en la consolidación del estado de derecho en nuestro país.

La primera decisión retorna al patrimonio del Estado una porción valiosa del territorio nacional, de la cual intentaron apropiarse personeros de un régimen anterior. La segunda, enfrenta valientemente con argumentos de derecho que no pueden ser objetados, los intentos de propietarios de camiones de monopolizar el transporte de carga en el puerto de la ciudad norteña.

Ambos precedentes, aunque sujetos a recursos, envían la señal correcta a la comunidad nacional, ante tanto populismo barato de legisladores y del Ejecutivo, que prefieren los arreglos de aposento a la institucionalidad del país.

Ante la falta de responsabilidad del Legislativo y el Ejecutivo, el Poder Judicial tiene una oportunidad de oro de dar vigencia a la ley, que es lo único que hace fuerte a las naciones y fortalece la convivencia civilizada. (http://www.diariolibre.com/opinion/2014/08/28/i766091_jueces-responsables.html)

SANTO DOMINGO. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) se sintieron satisfechas con la decisión del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago.

La AIRD saludó la decisión de la Jurisdicción Laboral de Santiago, la cual al fallar en contra una demanda laboral interpuesta por el Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Puerto Plata, contra dos de sus supuestos miembros, estableció a través de sus motivaciones y considerandos un importante precedente contra las actividades monopólicas de los sindicatos de transporte de carga, ya que dispone que el sindicato debe de constituirse en una empresa privada para poder operar en el negocio del transporte de mercancías, como cualquier otra empresa y no ampararse en su calidad de sindicato para obligar a las empresas a utilizar sus servicios de forma obligatoria, en violación a la prohibición establecida en la Constitución de la República que impide los monopolios.

La AIRD sostiene que “la sentencia destaca en uno de sus considerandos que los sindicatos deben ser de trabajadores o de empleadores, pero no pueden estar integrados por personas con intereses y afinidades diferentes para hacer un negocio en particular, ya que se viola lo establecido en el Código de Trabajo, por lo que el tribunal aclara que la naturaleza de los sindicatos de transporte, que están conformados por propietarios de camiones y trabajadores con el fin dar y cobrar por un servicio de transporte, no es correcta y deben constituirse en una empresa para brindar ese servicio empresarial”.

“Este precedente en materia judicial constituye una señal positiva para abrir el camino para eliminar de una vez y por toda lo que es un monopolio que afecta tanto los costos de producción de las empresas, como la seguridad jurídica de la nación”, expresó Circe Almánzar, vicepresidenta de la AIRD.

En tanto que el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Víctor Castro dijo que “con esa sentencia nosotros sentimos que en el país es está avanzando en materia de seguridad jurídica. Es una sentencia que debe ser viral, en el sentido de que de producirse no sólo en un espacio como es el muelle de Puerto Plata, sino que eso debe darse en todo el territorio nacional”. Consideró que esa sentencia es fundamental para un buen estado de derecho en el que las transacciones comerciales sean fruto de la discusión entre las partes sin que haya una imposición de algunos de los actores.

Respecto a si esa sentencia afecta la libertad sindical en el país, Castro explicó que “de ninguna manera, porque tener diez camiones no quiere decir que tú seas miembro de un sindicato, tú eres un empresario”.

Manifestó que todos esos sindicatos que trabajan en el muelle son empresas iguales que cualquier otras, pero con un monopolio en las tarifas de las cargas.

Conflictos de Fenatrado en los últimos 32 meses

A partir de enero de 2011, los medios de comunicación nacionales han detectado diversos conflictos de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) con los empresarios y el sector público, sobre todo las alzas unilaterales y las denuncias del monopolio del transporte.

En 2011, Fenatrado protagonizó conflictos con Divercom, que denunciaba que los transportistas de Fenatrado controlaban la salida de toda mercancía en el puerto multimodal de Caucedo; se anunciaba un aumento de la tarifa de carga del 30%; en tanto que el Conep demandaba que se elimine el monopolio. Además, apoyó varias protestas vinculadas a los precios de los combustibles.

En 2012, Fenatrado realizó un paro de 24 horas, anteriormente anunciado de 48 horas, una semana antes de las elecciones presidenciales, en reclamo de un pago por RD$300 millones. Empresarios señalaron pérdidas en RD$800 millones. El sector de las Navieras exige se termine el monopolio de Fenatrado. En noviembre de ese mismo año Fenatrado decide no aumentar tarifas de carga, porque “impactarían en los costos de los alimentos y servicios”.

En febrero de 2013, transportistas de Montecristi acusan a Fenatrado de controlar las cargas del puerto. En marzo de ese año, Fenatrado amenaza con aumentar tarifa, si empresario y el Gobierno no se sientan a consensuar. En diciembre de 2013, amenaza con paro de doce horas por el no pago de D$1,500 millones a más de 20 mil miembros de ese sindicato.

En julio de 2014, camioneros reclaman a Obras Públicas el pago de RD$600 millones; una semana después llegan a un acuerdo con las autoridades de Obras Públicas. (http://www.diariolibre.com/economia/2014/08/28/i766251_asociaciones-industriales-felicitan-sentencia-tribunal.html)

Abogado sindicato visitó DL.
Abogado sindicato visitó DL.

SANTO DOMINGO. Los abogados del Sindicato de Camioneros y Furgones de Puerto Plata visitaron ayer Diario Libre, e informaron que la sentencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, emitida en fecha del 12 de junio de 2014, en la que “se ordena la cancelación del registro sindical No.00167-1962 de fecha del 24 de julio de 1962 a nombre del Sindicato de Camioneros y Furgones de Puerto Plata, en virtud del artículo 382 del Código de Trabajo, y se excluye al señor Domingo Bievenido del presente proceso”, fue apelada en fecha del 23 de julio de este año.

 

Waskar Marmolejos, representante legal del sindicato, afirmó que las declaraciones hechas por el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Sandy Filpo, “son falsas”, al indicar que “con la sentencia emitida por los jueces Carlos Martínez y Andys Mendoza se cancela el registro que tenía el sindicato, y se les invita para que se constituya en empresas si quieren seguir participando en el negocio del transporte de mercancía”. Marmolejos expuso que en la sentencia en cuestión “no se refiere en ningún momento al monopolio del transporte de carga”, además de que la sentencia fue emitida en Santiago y no en Puerto Plata, y aseguró que en tal caso se trata de una demanda de tipo laboral interpuesta por los señores Hugo Francisco y Johnny Rodríguez Marte.

Dijo que con estas declaraciones se busca “causar un daño mayor” al sindicato, y en escala a Fenatrado, ya que la publicación ha traído desasosiego a ese sector en la región y a escala nacional. (http://www.diariolibre.com/noticias/2014/08/28/i766561_sindicato-camioneros-apel-cancelacin-del-registro.html)

Cinco dominicanos que entraron de manera irregular a territorio haitiano a reclamar una motocicleta que fue sustraída de una residencia en Loma de Cabrera, de la provincia Dajabón, fueron detenidos por la Policía de Juana Méndez (Haití).

Cuatro de los criollos fueron conducidos a la comisaría de la Policía de Fort Liberté, donde se les formularon cargos de portar de manera irregular una arma de fuego de fabricación casera y de entrar a territorio haitiano de manera ilegal.

Los dominicanos niegan que posean arma de fuego alguna, aunque admiten que entraron sin documentos a Haití para buscar una motocicleta que les fue robada por delincuentes haitianos al parecer en contubernio con dominicanos.

Mayrenis Núñez, quien es propietaria de la motocicleta y fue una de las personas detenidas, aunque posteriormente fue dejada en libertad por gestiones del consulado dominicano en Juana Méndez, dijo que entraron a Haití por la localidad haitiana de Capotillo.

Indicó que una vez entraron a territorio haitiano fueron rodeados por una turba que los golpeó y que intentó lincharlos, pero no consumaron su acción criminal por la intervención del alcalde de esa localidad. Núñez sostuvo que fueron entregados a la Policía de Juana Méndez y que por gestiones del consulado a ella se le dejó en libertad, pero que cuatro de los dominicanos siguen presos desde el viernes en la comisaría de Fort Liberté, al noreste de Haití, donde se les han formulado cargos de portar una arma de fabricación cacera y de ingresar sin documentos a territorio haitiano.

Asimismo, negó que las personas que la acompañaron portaran una arma de fuego de fabricación casera como alegan las autoridades haitianas, ya que simplemente cruzaron a ese país a gestionar la recuperación de su motocicleta, una CG 150 color negro que fue sustraída de la marquesina de su casa.

Repatriados
De otro lado, siete dominicanos que se dedican a la compra de ropa y calzados en Haití para luego revender en República Dominicana, denunciaron que fueron arrestados en Cabo Haitiano y Limonade, porque no disponían de documentos. (http://www.listindiario.com.do/la-republica/2014/8/25/335020/Arrestan-a-criollos-entraron-a-Haiti-de-forma-irregular)

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